[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El fallo redolarizador de la Corte Suprema y la proximidad de las elecciones terminaron por paralizar a los bancos. Ahora, las entidades financieras están dedicadas a conseguir el bono compulsivo que entierre definitivamente el corralón. Sostienen que esa vía es el mejor camino para facilitar la reforma del sistema financiero. Y que el Estado debe hacerse cargo de los costos de la devaluación y la posterior pesificación asimétrica. Ante la negativa de Roberto Lavagna y la prescindencia de Alfonso Prat Gay, los banqueros se volvieron más conservadores que nunca: se guardan cada peso que les llega a sus manos.
En los últimos meses, la liquidez de las entidades se incrementó a un ritmo de 1000 millones de pesos cada treinta días. Pero eso no se tradujo en nuevos créditos ni en un descenso de las tasas de interés. Todo lo contrario, el stock de préstamos al sector privado declinó en 715 millones el mes pasado, y los financistas estiman que en marzo ocurrirá lo mismo.
En total, los bancos tienen disponibles unos 21.000 millones de pesos. Acumulan fondos a medida de que los depósitos regresan a las entidades. Desde comienzos de año se concretaron nuevos plazos fijos por 5000 millones de pesos. Antes que prestarles a sus clientes, los bancos guardan el dinero en el Banco Central. En las cuentas corrientes de la autoridad monetaria hay 12.600 millones de pesos (una parte de esta masa de dinero se explica por encajes de los depósitos). Otros 4000 millones retienen en efectivo en las sucursales. El resto se reparte entre las Lebac y otras colocaciones de corto plazo. Para alentar la demanda de créditos, Prat Gay ya anunció que está revisando las normas prudenciales. Busca que los bancos les presten a aquellos que ahora quedan excluidos al no poder calificar.
Lo cierto es que esa es sólo una parte del problema. La otra tiene que ver con que pese a la excesiva liquidez con que cuentan los bancos, las tasas de interés pasivas siguen en niveles cercanos al 20 por ciento anual, altísimas en términos reales. Las entidades financieras prefieren hacer frente a ese costo (en todo caso lo recuperan aumentando el precio de algunos de sus servicios) antes que una avalancha de amparos lesione sus patrimonios.
Todo indica que será el próximo Gobierno quien termine por desatar el nudo en el sistema financiero, definiendo cómo se realizará la redolarización del corralón y las nuevas reglas de juego. Ya se sabe que una economía sin crédito no puede crecer.