[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Fernando Krakowiak

La mayoría de las privatizadas generó en el 2002 los ingresos necesarios para cubrir sus costos y además obtuvo ganancias operativas para financiar parte de sus inversiones. La información fue recopilada por Cash de los balances anuales que dieron a conocer en la Bolsa durante los últimos días las propias compañías. Esos resultados pone en tela de juicio el argumento que reivindica el aumento de tarifas como la única alternativa para garantizar la normal provisión de los servicios en el corto plazo. Las pérdidas millonarias que declararon las empresas recién aparecen en el balance cuando se contabiliza el resultado financiero, producto del impacto que generó la devaluación en los pasivos como consecuencia de las deudas en dólares contraídas en el exterior durante la década del ‘90.
Uno de los casos más claros es el de Transportadora Gas del Sur, empresa que el año pasado tuvo una rentabilidad operativa de 432,6 millones de pesos luego de pagar gas, transporte, salarios, costos de operación, honorarios de terceros, administración y comercialización, aunque finalmente terminó cerrando su ejercicio económico con un déficit de 633,4 millones de pesos debido a una pérdida financiera record de 1055,4 millones de pesos. Transportadora Gas del Norte también tuvo ganancias operativas, en este caso por 170,5 millones de pesos que se explican en parte por los ingresos que le proveen sus exportaciones a Chile y al sur de Brasil, pero el resultado final del ejercicio arrojó pérdidas por 198,5 millones de pesos debido a su pésimo resultado financiero.
Situaciones similares se repiten en el resto de las empresas gasíferas y eléctricas y en Aguas Argentinas. En el caso de las telefónicas se evidencian déficit operativos relativamente pequeños que parecieran responder más a una crisis de demanda producto de la caída del poder adquisitivo de la población antes que a las consecuencias financieras generadas por la salida de la convertibilidad. Un síntoma de la crisis de demanda lo constituyen las 514.135 líneas que dieron de baja las dos empresas en conjunto el año pasado, luego de haber venido creciendo sin interrupciones por más de una década.
Durante el 2002, las privatizadas vieron caer fuertemente sus ingresos por ventas y servicios en términos reales por la pesificación y congelamiento de la tarifa en un contexto de inflación. Sin embargo, compensaron la pérdida con una disminución similar en los gastos de administración y comercialización debido al nulo ajuste de los salarios, una leve reducción de personal, la cancelación de numerosos contratos de servicios de terceros y la disminución en la compra de algunos insumos.
Lo que no hubo forma de compensar fue el desastroso resultado financiero. Telecom, que en abril de 2002 protagonizó el default privado más importante de la historia argentina, declaró una pérdida de 4354 millones producto del impacto que generó la devaluación sobre su deuda financiera, la cual trepó de 3205 a 11.197 millones de pesos, elevando el índice de endeudamiento en relación con el patrimonio de 1,78 a 14,1 veces en sólo un año. Aguas Argentinas también se encuentra en una situación comprometida, pues según datos de septiembre del año pasado les debe a sus acreedores 2454 millones de pesos y factura 600 millones de pesos por año. El grupo francés Suez Lyonnaise des Eua, principal accionista de la empresa, afirmó que si no le permiten aumentar las tarifas un 15 por ciento solicitará el arbitraje internacional del Ciadi para que resuelva la controversia planteada con el Estado. La peculiaridad del caso reside en que el Banco Mundial forma parte del Ciadi y también es acreedor de Aguas Argentinas. Además, Aguas no está en una buena posición para plantear exigencias, pues el informe elaborado por la comisión creada para renegociar los contratos fue lapidario con la empresa. Según se afirma en el trabajo, los incumplimientos son anteriores a la salida de la convertibilidad, pues a fines de 2001 sólo se había cumplido con el 50 por ciento de las inversiones de expansión y del Plan de Saneamiento Integral comprometidas hasta esa fecha.
Las empresas sostienen que se endeudaron en el exterior porque las tasas eran más bajas y porque en muchos casos no encontraron en el sistema local bancos dispuestos a financiar grandes inversiones a más de diez años, por lo que hubo que recurrir inevitablemente a organismos multilaterales o bancos extranjeros. A su vez, remarcan que sus deudas estuvieron bajo control hasta que el Gobierno decidió salir de la convertibilidad. Recién entonces se desató la espiral que incluyó los defaults de Metrogas, Telecom, Edenor, Transener, TGN, Aguas Argentinas y las reestructuraciones de Telefónica y TGS.
Del lado de los asociaciones de usuarios disienten con esa postura, pues afirman que las empresas recurrieron al endeudamiento externo para financiar obras que podrían haber realizado con aporte de capital de los accionistas o con créditos tomados en la banca local. Ariel Caplan, representante de los usuarios en la comisión de renegociación de los contratos, afirmó a Cash que “estaban obligadas a invertir, pero no a endeudarse en moneda extranjera. Asumieron ese riesgo y ahora no vamos a permitir que quieran transferir el costo a los usuarios”.
Un caso llamativo es el de Telefónica de Argentina, pues de los 6214 millones de pesos que tiene de deuda, 2863 millones de pesos (el 46 por ciento) corresponde a préstamos con su casa matriz, Telefónica de España, la cual, según figura en el balance de su subsidiaria, aún se encuentra evaluando el contexto macroeconómico argentino y analizando alternativas de financiación disponibles para la sociedad, “incluyendo la posibilidad o no de refinanciar a largo plazo sus créditos corrientes”.
La deuda no debería ser un elemento a tener en cuenta al momento de negociar con las privatizadas. Sin embargo, en los comienzos del gobierno de Duhalde las empresas presionaron para obtener del Estado un seguro de cambio que les permitiera socializar las pérdidas como ocurrió en 1982. La negativa expresada por el Ministerio de Economía y la crisis del Estado redujo las expectativas. Un alto funcionario de una importante empresa eléctrica afirmó a Cash que “una opción para encontrarle una salida al problema de la deuda sería obtener un seguro de cambio, pero no creo que sea factible porque el Estado está en tan malas condiciones que no le genera garantías a nuestros acreedores”.
Descartado el seguro de cambio, por lo menos por ahora, el aumento de tarifas concentró toda la atención de las empresas. La posición del Gobierno estuvo plagada de contradicciones desde el inicio. Primero se planteó una renegociación integral de los contratos, pero cuando quedó claro que esa tarea era imposible de realizar en el corto plazo el ministro Roberto Lavagna decidió buscar un atajo para otorgar un aumento de tarifas por fuera de lo que decidiera la comisión, la cual, paradójicamente, sigue trabajando y emitiendo informes que refutan los argumentos de las empresas.
Si el aumento de tarifas no se enmarca en el proceso de renegociación de los contratos, no sólo violará la Ley de Emergencia Económica sino también servirá para hacerles compartir a los usuarios el peso de la deuda, pues los resultados de los balances evidencian que los costos operativos y una parte de las inversiones estarán cubiertos en la mayoría de los casos.