Esta semana quedó en evidencia que el país no necesita un “shock de confianza” para obtener financiamiento en el exterior, sino desembarazarse de las acciones de los fondos buitre que buscan con una estrategia extorsiva asfixiar las cuentas del país. La licitación de un bono bajo legislación argentina y cuyos servicios se abonarán por la Caja de Valores, es decir desde Buenos Aires, materializó el interés de fondos del exterior por invertir en el país por un monto de 1415 millones de dólares. Las ofertas del mercado fueron incluso mayores a lo colocado: 1878,7 millones de dólares. Pese a las amenazas del juez Griesa, atento a los intereses buitres, la operación se realizó con normalidad, lo que abre las puertas a futuras emisiones por parte de empresas y provincias. La primera en seguir sus pasos fue la petrolera YPF que recibió propuestas por 5100 millones de dólares, pero convalidó menos de un tercio, 1500 millones.

Desde hace varios meses los bonos soberanos evidencian una importante recuperación en sus precios, pese al supuesto default en el que estaría el país por las trabas al cobro de los servicios de deuda soberana impuesta por un juez de Nueva York. Esto se reflejó en la caída del riesgo país medida por la banca JP Morgan, oscilando entre 560 y 620 puntos por sobre el rendimiento de bonos equivalente del Tesoro de Estados Unidos, el cual promedia un 1,95 por ciento. Las condiciones para una emisión estaban dadas, pero las acciones impuestas por Griesa hicieron naufragar anteriores colocaciones.

Esta situación fue paliada con inversiones directas, como las realizadas por petroleras y compañías de telecomunicaciones, o mediante el swap (intercambio) de monedas con China, que permitieron apuntalar el stock de reservas. La llegada de estos fondos, junto a una acción directa desplegada por el Banco Central para desincentivar la demanda especulativa de dólares, permitió estabilizar el mercado financiero.

El interés de los inversores por la colocación realizada esta semana, casi sin promoción –se anunció 24 horas antes– fue contundente. El anuncio había sido por 500 millones de dólares, pero la colocación fue por casi el triple (1415 millones). La tasa efectiva a la que se obtuvieron los fondos fue de 8,956 por ciento anual, en línea con la sobretasa de riesgo país y coincidente con los claroscuros legales que plantea el litigio buitre, pese a que el riesgo de un embargo sobre estos bonos es nulo. Si bien la tasa es superior a la que acceden otros países de la región, no es despreciable si se toma en cuenta que la anterior emisión realizada por el país y cuyo comprador directo había sido el gobierno venezolano se había realizado al 15 por ciento. De hecho, hay varias provincias que adelantaron ya su intención en ir detrás del sendero abierto por la Nación.

Un día después de la operación con el Bonar 2024, la petrolera estatal lanzó una emisión de obligaciones negociables por 500 millones de dólares a diez años a una tasa de 8,62 por ciento. Desde 2013 lleva colocados unos 3700 millones de dólares en el exterior. Junto con la colocación del Bonar 2024, que ya fue acreditada como reservas esta semana, el Central obtendrá una inyección de 2900 millones de dólares, casi la mitad del vencimiento del Boden 2015 en octubre. Asimismo, el interés de los inversores abre para el Ejecutivo una serie de opciones de financiamiento, ya sea futuras colocaciones o un canje del Boden a su vencimiento por otro título. Por su parte, las provincias se alistan para el fondeo, hasta ahora en pesos. La provincia de Buenos Aires pretende para este año una emisión de 500 millones de dólares para infraestructura. En pesos, Salta colocó 250 millones para obras de agua potable y saneamiento, mientras que Mendoza obtuvo 150 millones y Entre Ríos anunció la licitación de letras ampliable a unos 50 millones.

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