El Gobierno ajustó esta semana algunos aspectos de la regulación sobre el sistema financiero y un pequeño grupo de especuladores volvió a sembrar pánico en los mercados de cara a las elecciones de octubre. El Ministerio de Economía, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunció dos medidas que modifican la operatoria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que buscan reducir la volatilidad de los precios y orientar el financiamiento a la economía real. Por un lado, se dispuso que estos fondos deban aumentar el monto invertido en proyectos productivos y de infraestructura de mediano a largo plazo y para pequeñas y medianas empresas. En tanto, a través de otra resolución, modificó los criterios de valuación de los bonos nominados en moneda extranjera para que sean considerados según el tipo de cambio oficial y no del resultante de la triangulación por el contado con liquidación. Esta última medida podría implicar un ajuste de 1,65 por ciento en el patrimonio de esta industria.

Las tensiones habituales a menos de un mes de las presidenciales obliga al Gobierno a intervenir en los mercados para contrarrestar las operaciones de algunos grupos concentrados que pretenden disciplinar a la próxima administración. Es importante el sentido de la oportunidad de esas medidas para evitar que sea utilizada a favor de quienes pretenden llegar a octubre en medio de un clima de desestabilización financiera. La sobreactuación de bancos y administradoras de los FCI, amplificada por varios medios de comunicación, dan cuenta de la delgada línea sobre la que deben moverse los entes reguladores en su tarea sin adicionar ruido en los mercados.

La medida que más revuelo generó fue la modificación en los criterios de valuación de los activos dolarizados en cartera de los fondos. En concreto, obliga a que los fondos valúen sus activos y derivados en dólares al tipo de cambio del Banco Nación, con el objetivo de eliminar un factor de potencial inestabilidad como es la volatilidad de los mercados de cambios paralelos. La iniciativa surge ante la evidencia de que muchos bancos adquirían títulos en dólares y después accionaban para mantener artificialmente la brecha cambiaria, que luego computaban como ganancia en sus carteras. De esta manera, la ganancia (o incremento del FCI) terminaba sólo reflejando el aumento del contado con liquidación. Las críticas a la medida se focalizaron en que el contado con liqui, que implica la compra de un bono o acción en el país y su venta en el exterior para conseguir dólares, es un precio de libre mercado. No obstante, ese valor está viciado, desde lo especulativo, por maniobras para mantenerlo alto, como desde lo técnico, por incluir gastos y comisiones en el arbitraje de los títulos.

La respuesta de los bancos y entidades especializadas en FCI fue deshacerse de sus tenencias sobrevaluadas y enviar señales de alerta sobre una supuesta destrucción de los ahorros invertidos en estos instrumentos que, en el último lustro, creció en un 1400 por ciento. Del patrimonio neto de los fondos comunes de inversiones (189.000 millones de pesos), los tres papeles que se utilizan para el contado con liquidación son tres (Boden 2015, Bonar 2027 y Bonar 2024) y representan el 5,9 por ciento de la cartera. Sobre este universo el ajuste implicará un recorte en la valuación del 33 por ciento, al pasar de los 14,10 que costaba el contado con liqui al 9,40 de cotización oficial, lo que implica un pérdida de 1,65 por ciento dentro del patrimonio de la industria. No obstante, las ventas de títulos fueron superiores, impulsadas también por un contexto externo desfavorable.

Una premisa en el mercado es que para que alguien venda tiene que haber alguien que compre. Según se conoció horas después de la propia boca de ex funcionarios y analistas del establishment, mismos bancos que alertaron sobre una destrucción de su patrimonio y aconsejaban a cuotapartistas minoristas a acogerse a un rescate de la inversión, asesoraban a otros clientes a aprovechar la baja en los precios para comprar barato. Fue un buen negocio para los que compraron, incluyendo a organismos públicos, que con esas adquisiciones logran reducir la exposición de cara a próximos vencimientos.

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