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Las revoluciones, se sabe, raramente constituyen el motor de una buena economía. Y la segunda Intifada palestina, iniciada bajo el difunto Yasser Arafat hace cuatro años, no es una excepción. Mientras la maqueta de aparato de Estado constituida por la Autoridad Palestina se dirige hacia las elecciones presidenciales de hoy en Cisjordania y Gaza, la economía palestina está hundida en una profunda recesión, con la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza y un gobierno dependiente de las donaciones extranjeras.
El estrangulamiento de la economía en Cisjordania y Gaza comenzó en septiembre de 2000, cuando empezó el alzamiento contra Israel, y desde entonces, salvo un breve período de estabilización en 2003, se ha agravado en forma progresiva. La situación contrasta fuertemente con los años dorados del proceso de paz de Oslo (1993-2000), cuando las inversiones públicas y privadas llevaron el Producto Interno Bruto (PIB) en las zonas palestinas a casi 5000 millones de dólares en 1999. Hoy es un 23 por ciento inferior a ese año, aunque la explosión demográfica entre 1993 y 2004 ha hundido el PIB per cápita a niveles que oscilan entre los 1000 y 1200 dólares en los últimos cuatro años.
A esto se agregan los costos de mantener un conflicto indefinido con un Estado de la potencia de Israel. El último informe del Banco Mundial (BM) describe la economía en los territorios palestinos como “una de las peores en la historia moderna”, y atribuye su colapso al bloqueo militar que Israel impuso a los territorios ocupados al comenzar la Intifada, limitando la fluidez de movimientos para personas y mercancías. “Los bloqueos son la clave de la actual crisis. Han fragmentado la economía en espacios, elevando los costos de producción y eliminando la capacidad de predicción necesaria para fomentar empresas”, dice el informe elaborado por Nigel Roberts, director del BM en los territorios ocupados. Israel cerró Cisjordania y Gaza e impuso cercos a las principales ciudades palestinas para tratar de impedir la llegada de atacantes a su territorio, medidas a las que agregó la “valla de separación” que se empezó a construir con Cisjordania a partir de 2002, cuando cientos de israelíes murieron en ataques suicidas. La primera consecuencia fue que 104.000 palestinos que trabajaban en Israel y cuyos impuestos eran transferidos a la Autoridad Palestina (AP) se quedaron sin empleo, disparando los índices de pobreza. Al mismo tiempo, la imposibilidad de trasladar mercancías libremente de un mercado a otro, tanto a nivel doméstico como internacional, causó pérdidas millonarias, en particular a los productos perecederos de la agricultura, un sector clave para la economía palestina.
Pero esto cuenta solamente una parte de la historia. Una revolución, o una insurrección callejera combinada con una campaña de ataques terroristas, como la Intifada, necesita dinero. La corrupción en el entorno de Arafat, que fuera denunciada al salir a la luz las cuentas del rais, es un factor importante en la decadencia económica, en la medida en que recursos importantes –como los 900 millones de dólares que la ayuda mundial entregó a los palestinos desde 2001– son desviados del desarrollo, y en que los inversores extranjeros, ya espantados por la perspectiva de poner dinero en un territorio en guerra (Irak es otro ejemplo), carecen de las mínimas transparencia y seguridad jurídica para operar. Sin embargo, la corrupción sola no basta para explicar la debacle. El caso de la Autoridad Palestina puede describirse como el de un país en guerra que decide privilegiar su presupuesto militar sobre su economía doméstica. Los túneles clandestinos, la compra, fabricación, contrabando y almacenamiento de armas, el entrenamiento de militantes y de kamikazes, la disposición de casas seguras implican una enorme infraestructura de recursos que explica gran parte de las cuentas de Arafat. Y, por otro lado, la corrupción puede verse más bien como parte de esta infraestructura de financiamiento. El resultado es que los palestinos están gastando más de lo que tienen en su presupuesto de guerra. En los primeros 18 meses de Intifada, las inversiones privadas cayeron a cero y sólo en 2003 hubo un leve repunte hasta los 600 millones anuales, un tercio de 1999. La situación de conflicto también ha llevado al colapso del 95 por ciento de las empresas turísticas y a la correspondiente pérdida en el ingreso de divisas. De 1999 a 2004, el desempleo palestino saltó del 10 al 26 por ciento y la pobreza alcanzó al 47 por ciento de la población. Cisjordania y Gaza viven hoy en gran parte gracias a las donaciones humanitarias, pero Roberts advirtió que estos niveles no podrán sostenerse en forma indefinida. Estos datos duros de la economía quizá puedan poner un freno al conflicto.