El intento de toma y daca ensayado por las usinas lácteas en el último mes parece no estar dando resultados. Muy lejos de la interpretación coyuntural de que la postergación de las retenciones por 60 días decidida esta semana es “una represalia” contra el sector por la adhesión al lockout de este fin de semana, la realidad indica que no están dadas las condiciones estructurales para dar marcha atrás con las retenciones. Los datos sobre exportaciones difundidos también esta semana por el Senasa brindan el primer indicio. Durante el primer semestre del año las ventas al exterior del complejo lácteo aumentaron un 12 por ciento en volumen y un 20 por ciento en divisas superando los 363 millones de dólares. Se exporta más y más caro y, como es lógico, los empresarios quieren que el libre juego de la oferta y la demanda les permita replicar en el mercado interno las ganancias obtenidas afuera, una realidad muy similar a la ya experimentada en el circuito de la producción cárnica.

El Gobierno, que intenta por todos los medios que su política de descomprimir salarios a razón de ajustes tope del 19 por ciento no naufrague, no está dispuesto a convalidar ningún aumento que afecte los indicadores sociales más sensibles. Su problema, entonces, no es de recaudación, sino de precios.

Las usinas, con acuerdos de precios vencidos y siguiendo un patrón de comportamiento ya típico, intentaron canjear el relativo congelamiento de algunos productos de consumo popular por la baja de retenciones. Pero, al menos por ahora, no encontraron eco en Economía. La ecuación de los empresarios lácteos es sencilla, un aumento de las retenciones, como el del año pasado, no los afecta porque lo trasladan “hacia abajo” en la cadena sectorial. En cambio una suba los beneficia porque no los obliga a renegociar de manera inmediata los precios que pagan por la materia prima.

Este último punto es clave para entender el problema. Cuando el sector negocia no muestra la prosperidad de las firmas industrializadorascomercializadoras –integrado por empresas de vanguardia–, sino las tradicionales “penurias” de los productores primarios. La “cadena” agroindustrial de la leche no se diferencia en este aspecto de ninguno de los circuitos agroindustriales de la economía local, donde la relación económica principal hacia su interior es la establecida por un puñado de empresas oligopsónicas, industrializadoras-exportadoras, en este caso las “usinas”, y una multitud de productores independientes, los tamberos, que por su atomización actúan como “tomadores de precios”.

El problema político, si es que existe, es que el sector industrializador-comercializador logró hacerles creer a los tamberos que la razón de los bajos precios que reciben por la materia prima (la leche) se debe a la existencia de las retenciones y no al control que ellos ejercen sobre un conjunto de activos estratégicos que le brindan un poder de mercado absoluto. Un pequeño ejercicio contrafáctico, formulado como preguntas, permite mostrar la falacia económica de este razonamiento. Cuando no existían las retenciones, ¿los tamberos recibían mejores precios? ¿Cuál era la situación durante la convertibilidad? Si la realidad estructural del sector lácteo se asemeja a la descripta, la solución para los productores primarios no es bajar retenciones, sino por el contrario subirlas para crear un fondo específico de compensación para los precios de la materia prima.