Una familia que disponga de un ingreso mensual superior a los 8000 pesos pertenece al 5 por ciento de la clase que la consultora CCR denomina top, y los que están entre 5500 y 8000 pesos conforman otro 5 por ciento de la definida como clase alta en el estudio que acaba de finalizar la consultora. Ese 10 por ciento de la punta de la pirámide representa algo así como 800.000 hogares o cerca de 4 millones de personas, que son las que en estos días están agotando prácticamente toda la capacidad turística del país y localidades vecinas.

Además de vacaciones y de muchísimos otros bienes y servicios suntuarios o imprescindibles, esas familias están disfrutando de tarifas baratas de electricidad y gas, un absurdo que fue calificado como efecto Hood Robin en un reportaje que Irene Naselli le realizó a Javier González Fraga en el último número de la revista Informe Industrial. A criterio del ex presidente del Banco Central, “la política de congelamiento tarifario no beneficia a los pobres sino a los ricos”. Según él, los subsidios por 4000 millones de pesos anuales que se otorgan al sector de gas y electricidad para hacer viable el congelamiento “estarían mucho mejor destinados a ampliar la cobertura asistencial, el Plan Jefas y Jefes o para aumentar los gastos en salud y educación. Pero, en realidad, lo que provocan es que yo reciba el gas o la luz a una tarifa ridículamente baja... que es algo muy contradictorio con una mejor distribución del ingreso”.

El economista omite que el congelamiento también es aprovechado por sectores medios y bajos, pero más allá del olvido está señalando una incongruencia en la asignación de fondos que, para peor, no se agota en la luz y el gas. Un ejemplo es el de los autos particulares que siguen llenando el tanque con nafta o gasoil a igual precio, pese a que se disparó el petróleo. Claro que aumentar los combustibles tiene como contraindicación su inevitable impacto inflacionario. Pero sí es posible aumentar discriminadamente las tarifas. Por ejemplo, muchas de las familias de clase top o alta abonan por el agua montos muy bajos y desproporcionados al resto. Un caso concreto: la factura bimestral para una casa de 300 metros cuadrados en barrio acomodado de la Capital Federal, que para colmo usa el agua para su piscina, apenas roza los 100 pesos. Nada más que un peso y medio por día. Además de poner patas para arriba a Robin Hood, el Estado que hace eso acaba de quitarle con toda razón la concesión a la empresa privada que malprestaba el servicio, con lo cual necesita de manera urgente por lo menos un par de miles de millones de dólares para invertir y dotar de agua potable y cloacas a varios millones de personas que carecen de cosas tan básicas. Es de elemental sentido común e indiscutible que al menos una parte de la inversión que debería realizar AySA se financie con un reajuste a las facturas de las clases alta y top. Sería una forma indirecta, pero estructural de contribuir a hacer más equitativa una distribución del ingreso, que ha venido mejorando pero a ritmo muy lento y por ende insuficiente para modificar una situación de abismal desigualdad.

La pirámide de CCR muestra que mientras el 10 por ciento de clase alta y top se apropia de un tercera parte del ingreso total, el 40 por ciento de clase baja (hogares con ingresos mensuales inferiores a 940 pesos) se queda con tan sólo el 13,5 por ciento. Entre ambos extremos, está la mitad de la población que tiene ingresos que van desde 940 a 5500 pesos y que se queda con el 53,5 restante de la torta. Dentro de este grupo la mayoría no alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar, si bien supera la línea de pobreza con metodología Indec.

Volviendo al heterodoxo González Fraga, donde le pifió fue en su manifiesta preocupación respecto de que “dentro de una marco económica que está bien veo como un problema importante el debilitamiento de la bonanza fiscal”. Algo que desde la miopía ortodoxa también venían diagnosticando o presagiando varios desde el despido de Roberto Lavagna. Muy lejos de eso, los resultados del primer semestre indican que el superávit primario fue mayor al de igual período de 2005 y excedió en un 20 por ciento al presupuestado. Más notable aún fue que el resultado financiero después del pago de servicios de la deuda alcanzó los 8000 millones, con un crecimiento del 38 por ciento respecto de la primera mitad del año pasado. Felisa Miceli ya ha dado sobrada prueba de que su gestión en materia fiscal es muy similar a la de su antecesor. Los que la miraban de reojo con desconfianza desde la derecha deberían darse por convencidos. Por el contrario, desde el otro costado siguen teniendo cabida las objeciones acerca de un excesivo conservadurismo presupuestario que potencia la inacción reformista en varios campos.