Por primera vez el Gobierno dispone una baja en retenciones a exportaciones de origen agropecuario, la bandera de lucha central de todas las entidades representativas del campo. Fueron de 5 puntos para los dos productos de la industria láctea que constituyen el grueso de sus exportaciones; de 10 a 5 por ciento para la leche en polvo y de 15 a 10 por ciento para los quesos. Los efectos que consiga la medida servirán de verdadero laboratorio para conocer el funcionamiento de este instrumento en los circuitos agroindustriales.

La suba impositiva que ahora se deja sin efecto fue establecida, para muchos tardíamente, por el ministro Roberto Lavagna a fines de julio de 2005, cuando los lácteos no detenían su tendencia alcista. Ese año finalizó con un aumento de los productos lácteos del 17,1 por ciento contra 12,3 del índice general. Buena parte de la suba se había registrado hasta la sanción de las mayores retenciones. En lo que va de 2006, las principales industrias respetaron el acuerdo de precios firmado con el gobierno, aunque utilizaron el inminente fin del convenio para presionar por la mejora en su situación impositiva. De acuerdo con los números del IPC, los lácteos aumentaron en los primeros siete meses de 2006 el 0,8 por ciento contra el 5,5 del índice general, es decir, en términos agregados y de acuerdo con el Indec, los valores se retrasaron respecto de la inflación. Si en cambio se toma el período largo de los dos años, tal pérdida no existe. De todas maneras, siempre a juzgar por los números, el aumento de retenciones cumplió su cometido de frenar el alza de precios internos en un contexto de aumento de las exportaciones.

La nueva medida –finalmente no renovar la suba de julio de 2005– también servirá como sensor para saber qué efectos esperar de este verdadero instrumento de política económica. Por un lado permitirá observar si la baja de retenciones no se trasladará a suba de precios. En este punto, la conducción económica cuenta a su favor con el dato cierto de la concentración de la oferta. Si sólo 2 o 3 firmas deciden privilegiar sus ingresos por exportaciones por sobre las ganancias oligopólicas en el mercado interno, no habrá que temer remarcaciones.

Pero existe también una segunda dimensión del problema que fue incluida en la argumentación dada por la ministra Felisa Miceli el pasado jueves. Según la funcionaria la rebaja serviría para favorecer a los 13 mil tamberos que proveen a las usinas al permitir “un mantenimiento de los precios de la producción láctea que beneficiará a la ecuación económico-financiera de cada uno de los productores”. Miceli también agregó un dato clave: “El precio de la leche estaba en aproximadamente 51-52 centavos por litro y se redujo a 48 centavos. Esperamos que esta medida mantenga esos precios de 51-52 centavos porque es lo que, de acuerdo con las estimaciones que realizamos, torna competitiva la producción primaria y permite el ciclo de reinversión del sector”.

En otras palabras, haciendo uso de su poder oligopsónico la industria láctea había trasladado hacia abajo la carga de las retenciones pagando un menor precio por la materia prima. Este punto es de suma importancia en materia de política económica, porque el problema de precios en la relación proveedor primario-industria se reproduce en los 13 complejos agroindustriales de la economía argentina. La industria transformadora logró hacer creer a los productores primarios que los bajos precios que reciben, muchas veces en el límite de los costos de producción, son consecuencia de la estructura impositiva. Con el éxito de este discurso consiguen un doble resultado: 1) sacar la “culpa” fuera del circuito y 2) sumar aliados a la hora de los reclamos. Como las usinas seguirán reteniendo el verdadero instrumento de los bajos precios, el control absoluto del mercado primario, será interesante observar si la baja en las retenciones se traslada a los valores pagados a los tamberos, en particular si se evalúa extender la rebaja a otros circuitos agroindustriales.