La amenaza de la suba en el precio del pan puso la atención en los productores trigueros. No fueron pocas las voces que en la última semana justificaron los posibles aumentos en el producto final en la suba del precio internacional del cereal, suba que invariablemente impactaría en la inflación de este mes. Los productores primarios rechazaron la afirmación. Un estudio de la Sociedad Rural Argentina, con el que coinciden las restantes entidades del agro, sostiene que la incidencia del valor del trigo en la composición del costo del pan se estabilizó en los últimos dos años en torno del 15 por ciento. Ello fue luego de alcanzar un pico post- devaluación del 28 por ciento, porcentaje que fue bajando lentamente a partir de 2003. Si las cifras son correctas, ello significaría que las variaciones de los precios internacionales, que muestran una indudable tendencia alcista, sólo deberían afectar marginalmente los precios del pan.

La mirada entonces debe trasladarse al mercado interno. Si se sigue escuchando a los empresarios del campo, los precios recibidos están por debajo de los internacionales, un efecto “automático” en un contexto de existencia de retenciones a las exportaciones. Desde Coninagro dijeron a Cash que el precio que recibe el productor primario no sólo se encuentra en un promedio de casi 30 dólares la tonelada por debajo del valor internacional, sino que además el valor recibido de la industria molinera tampoco experimentó los ajustes del mercado internacional. Los panaderos, en tanto, sostienen que a ellos les cobran más cara la harina. Aquí las “culpas” podrían trasladarse a la política económica. Dos medidas recientes podrían confirmar las sospechas.

La primera es la unificación del IVA en toda la cadena del pan al 10,5 por ciento. Ello significa que cuando el molinero le vende al panadero ya no le cobra el 21 por ciento de IVA, sino el 10,5. El panadero paga la mitad de IVA, pero a su vez debe cobrar 10,5 de IVA al pan. Se argumentó que para el panadero sería todo ganancia, porque antes el pan estaba exento, pero debía absorber el 21 por ciento en su insumo principal, que, a juicio de las entidades del campo, representa sólo el 15 por ciento de sus costos. Parece complicado. No lo es tanto, pero resulta extraño para el sentido común económico que un producto final que tiene un nuevo impuesto –10,5 por ciento de IVA– no aumente, por más que bajen los tributos por un insumo. Esta apreciación no significa juzgar la corrección o no de la medida, muy probablemente necesaria.

La segunda medida también tuvo efectos automáticos. La complejidad fiscal no sólo va en contra de los principios tributarios, sino que genera efectos secundarios. Hasta hace poco las retenciones a las exportaciones de harina eran del 20 por ciento, pero a algún funcionario se le había ocurrido que si las ventas eran con “aditivos”, las retenciones bajaban al 5 por ciento. Consecuencia: aumento exponencial de las exportaciones con aditivos. La reacción lógica de Economía, algo tardía, fue unificar las retenciones en 10 por ciento. Pero el efecto global fue similar al esperable con una baja de retenciones, esto es: mayores precios internos.

Para la cadena triguera, al igual que para toda la agroindustria, el gran desafío en materia de Gobierno sigue siendo cómo se distribuyen las superganancias de las exportaciones y como se compatibilizan estos ingresos con el control de los precios internos. El argumento de la escasez del producto tiene poco asidero. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Agricultura y de la dirigencia agropecuaria, este año quedará un stock de 1,5 millón de toneladas de trigo que se sumarán a una previsión de campaña de alrededor de 13,5 millones: 15 millones de toneladas frente a un consumo interno de alrededor de 6 millones. Según aseguró a Cash un importante funcionario de la cartera agropecuaria, el plan es impulsar una política para subsidiar los precios que reciben los productores a la vez que mantener el control de los precios internos. Existen en estudio dos caminos. El primero es crear un impuesto específico a la exportación para crear un fondo destinado a subsidiar al molinero con el doble fin de que éste pague buenos precios al productor sin aumentar el valor de la harina en el mercado interno. El riesgo de este camino es que la plata se la quede el molinero. La segunda opción consiste en que por cada tonelada de trigo vendida al exterior, el exportador quede obligado a vender 400 kilos en el mercado interno a un precio que no supere los 360 pesos la tonelada. No parece haber muchas dudas sobre cuál es la medida más eficiente. Tampoco sobre cuál generará las mayores resistencias.

Claudio Scaletta
[email protected]