En el informe sobre la Argentina que el banco de inversión Morgan Stanley difundió el martes pasado, aparece un llamado de atención sobre la inflación reprimida que genera la política de precios que comandan la ministra Felisa Miceli y el secretario Guillermo Moreno. Los analistas Luis Arcentales y Daniel Volberg señalan: “La conjunción de costos crecientes y controles de precios han creado cierta preocupación acerca de la sustentabilidad de esa política. Dado que los empresarios están siendo forzados a absorber los mayores costos achicando márgenes de ganancia, la inflación está reprimida de manera temporaria, y claramente no es una política viable para el largo plazo”. Sin embargo, y a pesar de que se manifiestan doctrinariamente en desacuerdo con interferir el mercado mediante controles, los economistas del banco reconocen que la inflación reprimida “es relativamente pequeña” (calculan un 5 por ciento para todo 2006 por sobre el 10 por ciento que registraría el Indec), y por ende sostienen que “es una estrategia de fácil sostenimiento para lo que resta del año y para el 2007”. El informe pronostica para el año próximo un crecimiento del 7 por ciento en el Producto Bruto y una inflación del 10,6 por ciento.

Los que no profesan el dogmatismo libremercadista y saben que la historia argentina es prolífica en experiencias que demuestran que la inflación perjudica mucho más a los asalariados y a los sectores medios y bajos que a las franjas superiores de la pirámide social, en principio entienden que los esfuerzos tendientes a evitar desbordes de precios apuntan generalmente a favor de la equidad distributiva, y que llegado el caso es necesario apelar a controles o presionar acuerdos como los que ha venido realizando este gobierno de manera exitosa, a juzgar por los resultados y por evaluaciones como la citada anteriormente. Sin embargo, no es menos dogmático creer que todo control de precios es positivo.

Roberto Lavagna presentó días atrás un esbozo de lo que sería su plataforma de gobierno en caso de que finalmente se decida a competir, y en varios de los temas que considera de agenda prioritaria brindó medidas de acción concretas. No fue el caso de la desigualdad social, que figuraba entre los problemas a mejorar con mayor urgencia pero sin mayor detalle sobre cómo hacerlo. Cuando se le preguntó al respecto, el ex ministro respondió que la redistribución de ingresos no debe realizarse con políticas específicas, sino tomando en cuenta de manera permanente el impacto distributivo como uno de los parámetros infaltables y más determinantes en la decisión oficial sobre la conveniencia de cada proyecto o medida gubernamental. El criterio es en sí mismo interesante y para nada excluyente del uso de las medidas puntuales para modificar la riqueza producida de las que descree Lavagna.

Dejando de lado esta última discrepancia con el dubitativo candidato, resulta interesante aplicar su criterio a la última medida de represión de aumentos con que el gobierno enfrentó a las empresas de medicina prepaga. Sin pasar por alto la obscenidad oligópolica de anunciar aumentos conjuntos en conferencia de prensa, lo segundo a señalar es que los afectados están casi todos dentro del 10 por ciento de la población de mayor poder adquisitivo, con lo cual no parece ser una represión inflacionaria que ayude a los más necesitados. Cabe tener en cuenta, además, que el beneficio de mantenerle el precio a la clientela de las prepagas en alguna medida perjudica a los dueños de la salud privada, pero en medida quizá mayor lo hace con los proveedores, los médicos y los empleados de esas empresas. En términos de distribución del ingreso, el saldo neto del congelamiento difícilmente sea progresivo.

Si se los analiza con el mismo criterio propuesto por Lavagna, los congelamientos indiscriminados de las tarifas residenciales de electricidad, gas y agua tampoco contribuyen a una más justa distribución. El 26 de marzo pasado se dijo en esta columna: “Un coqueto departamento de casi cien metros cuadrados en la paqueta zona de Recoleta paga por bimestre 35 pesos por el servicio de agua, cloaca y saneamiento; es decir, alrededor de 50 centavos por día. No es un caso aislado. Siete de cada diez clientes que tenía Aguas Argentinas paga medio peso diario. Algo más, pero no mucho, figura en la boleta que llega a una casa de 250 metros cuadrados con pileta en el barrio acomodado de Núñez: 83 pesos netos de impuestos; o sea 1,40 por día”. Desde entonces, la situación no ha cambiado en nada. Y seguramente los dueños del departamento de Recoleta y de la casa en Núñez tienen medicina privada y se alegraron con el empeño del Gobierno en reprimir el aumento.