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Por Josefina Vaca * y Horacio Cao **

El escenario de las relaciones fiscales Nación-provincias ha sufrido un cambio en la tendencia que, desde hace varios lustros, hacía que las provincias gestionaran crecientes niveles de recursos. En efecto, durante el período 1960-1999, para el agregado Nación + provincias, la participación proporcional de estas últimas pasó de un 17,8 por ciento a un 42,6 por ciento.
Esta tendencia se revierte a partir del año 2001 principalmente como consecuencia de dos hechos:
1) La cancelación de un piso de transferencias, que decidiera unilateralmente el ex ministro Cavallo en las postrimerías del gobierno de la Alianza, situación de hecho que fuera convalidada por el pacto Nación– provincias del 27 de febrero de 2002 (conocido como el “pacto de los 14 puntos”) y la posterior ley 25.570.
2) La instauración de las retenciones a las exportaciones las que, como todos los impuestos al comercio exterior, no son coparticipables.
Como producto de estos dos hechos, las transferencias nacionales se redujeron sustancialmente. Si se analiza la recaudación tributaria nacional y las transferencias mensuales ocurridas entre enero de 1999 y junio del 2003, se observan los cambios en la tendencia a partir de fines del año 2001, lo que implicó que las transferencias se redujeran, en términos del total de ingresos tributarios, de un 33,7 por ciento en 1999 a un 25,8 por ciento en el año 2003.
Se pueden hacer varias lecturas de estos cambios, pero nos limitaremos a realizar dos que consideramos particularmente sugerentes.
Por un lado, podría hablarse de una propensión hacia la reconstrucción del equilibrio Nación-provincias, luego de que en la década de los 90 estas últimas acumularan –a expensas del nivel nacional– una porción de recursos, potestades y poder de tal envergadura que habían llevado a un funcionamiento inarmónico de la federación.
Por otro lado, el incremento de las transferencias fiscales desde la Nación a las provincias –para nosotros inevitable en el mediano plazo– abre la posibilidad de construir un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. Es que al existir un excedente a repartir, la Nación puede fijarles condiciones a las provincias, lo que era imposible en las etapas de contracción fiscal.
En este último aspecto, sería deseable que el presidente Kirchner impulsara un sistema racional, objetivo, que promoviera conductas fiscales virtuosas en todos los actores involucrados, y no cayera en la tentación de repetir lo hecho por Alfonsín y Menem, que en las etapas expansivas establecieron –de hecho– un sistema arbitrario, opaco, discrecional, basado en el intercambio de transferencias extraordinarias a cambio de apoyo político.

* Lic. en Educación, investigadora Universidad de Quilmes.
** Dr. en Administración, investigador del CIAP-FCE/UBA.