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Lavagna y el Fondo Monetario ya descubrieron las cartas. Ahora disputan quién se lleva el pozo. En el equipo económico admiten que este año el superávit fiscal será mayor al pautado por Washington. Pese a lo que muchos creen, la verdadera meta acordada con el Fondo no es 3 por ciento del PIB sino 12.500 millones de pesos, una suma que, con las pronósticos de crecimiento que se barajaban al momento de la firma de la Carta de Intención en septiembre, equivalía al 3 por ciento del producto. Sin embargo, la economía en el 2004 no crecerá 4 por ciento como figura en el acuerdo y en el Presupuesto, sino que podría superar el 7 por ciento.
Si se mantuviera inmutable aquel compromiso nominal de superávit, con un ahorro fiscal del 3 por ciento, el Gobierno podría cubrir sin mayores apremios la exigencia del FMI –que destinaría en su totalidad a pagar vencimientos de capital e intereses de la deuda–, y contar con unos 800 a 1000 millones de pesos extra para otros fines.
Pero la discusión con el Fondo no se limita a qué debería hacerse con ese “pequeño excedente”. El organismo presiona para elevar la meta al 4 por ciento del PIB, porque sus técnicos consideran que, manteniendo el gasto público dentro de las pautas presupuestarias, la recaudación podría estirar el ahorro fiscal hasta ese nivel. Hay dos motivos que sustentan esa sospecha. Por un lado, la previsión de recaudación incluida en el Presupuesto no contempla ninguna mejora por reducción de la evasión. Por el otro, en las épocas de auge la recaudación crece más que el aumento del producto, que de por sí ya estaba subestimado.
Como cada punto del PIB representa algo más de 4 mil millones de pesos, lo que negocia el Gobierno con los burócratas del Fondo es cómo se utilizaría ese excedente fiscal.
La pretensión de Washington es conocida: que en su totalidad esos fondos vayan a mejorar la oferta a los acreedores privados. En cambio, Néstor Kirchner ha dicho que, cualquier ahorro fiscal por encima de las metas del Fondo, se destinará al gasto interno: obra pública, planes sociales, salarios públicos o jubilaciones.
Cash consultó a 10 economistas sobre qué debería hacerse con esos recursos. Podrían jugar un partido de “papi”: 5 militan en la denominada ortodoxia económica y 5 están enrolados en el grupo de los llamados hetorodoxos o “progresistas”. Escuchando a unos y otros, queda más claro cómo razonan en la administración Kirchner y en el FMI.