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Por Alberto Barbeito
y Corina Rodriguez Enriquez *

La política social del Gobierno discurre por los mismos ejes que caracterizaron a las de sus antecesores. Así perduran inmutables, y sin señales de cambio, el régimen previsional y el sistema educativo heredado. Sigue ausente la acción pública en el área habitacional y del saneamiento urbano. Mientras, la política asistencial continúa centrada en el Plan Jefes/as de Hogar Desocupados/as (PJyJHD), creado por la administración Duhalde como una respuesta “de emergencia” ante el agravamiento de los problemas sociales derivados de la salida de la convertibilidad. A esta matriz se le incorporan otros programas focalizados, como los llamados “microemprendimientos productivos”. Estos crean la misma ilusión de salida individual del PJyJHD: uno ilusiona con la figura del trabajador precario, el otro con la de empresario precario.
En ese contexto, y en sintonía con las recomendaciones de los organismos internacionales, la gran novedad parece ser la búsqueda de una “gerencia” más eficaz, pero sin modificar los principios de organización del modelo de políticas sociales. Una de las medidas más publicitadas como “modernizadora” es la sustitución del cobro directo del subsidio del PJyJHD por el cargo en una cuenta bancaria operable mediante tarjeta magnéti- ca. La justificación es que así el PJyJDH se vuel- ve más transparente y menos clientelista, ignorando que estos problemas aparecen cuando se decide quiénes serán elegidos como beneficiarios.
Además de esta estrecha visión de la política social, tampoco se muestra eficacia en el mentado gerenciamiento. Un reciente proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone otorgar a los beneficiarios del PJyJHD un reintegro parcial por las compras con la tarjeta magnética. Y plantea una tasa máxima de reintegro del 15 por ciento de estas compras. Se estima que los beneficiarios podrían lograr una mejora del beneficio que pasaría de los actuales 150 a 173 pesos mensuales. Esta situación sólo se verificaría si la totalidad de las compras se hicieran con tarjeta y siempre que se pusiera en práctica la tasa máxima sugerida, en cuyo caso el costo fiscal total sería algo superior a los 500 millones de pesos anuales.
Son múltiples los problemas que se derivan de este mecanismo. Primer problema: la tarjeta no es aplicable a todas las operaciones de compra como, por ejemplo, el pago del boleto ferroviario o del colectivo. Segundo: favorece a las cadenas de supermercados en detrimento de los pequeños comercios barriales, puesto que muchos de estos últimos carecen de conexiones a las terminales de procesamiento electrónico de operaciones de compra.
Atento a este tema, y para evitar suspicacias sobre la intención oficial de reorientar el consumo de los beneficiarios de los planes sociales hacia los hipermercados, el proyecto de ley impone a todos los monotributistas la obligación de contratar el servicio de conexión a las terminales. Considerando el costo de este servicio, y para no sugerir que se están utilizando las políticas sociales para estimular la facturación de ciertas empresas de servicios, el proyecto de ley también dispone que el Estado efectuará un reintegro parcial mensual a los monotributistas adheridos por un monto aún a definir.
Para tener una idea de la eficacia gerencial de esta medida basta un ejercicio simple. Considerando el costo del abono mensual de la conexión al sistema de procesamiento electrónico de operaciones, y suponiendo que, pese a la obligatoriedad, sólo se incorporen al sistema el 30 por ciento de los monotributistas actualmente activos, el costo total sería superior a 200 millones de pesos anuales. Supongamos que el reintegro estatal cubra la mitad del abono mensual, esto implica un costo fiscal adicional que sumaría 100 millones de pesos anuales.
¿De dónde provendrían los recursos para financiar ambos esquemas de reintegros? Siguen los problemas. Con la precisión que caracteriza a un buen “gerente social”, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone que “los importes de los reintegros se detraerán de la cuenta recaudadora del IVA”. Esto significa que operará como una suerte de “pre-coparticipación”, previa a la distribución de recursos que están actualmente destinados, entre otras cosas, al sistema de previsión social y a las provincias. ¿Estará contemplado este recorte en las actuales discusiones sobre las relaciones fiscales federales? ¿Se le pidió opinión al FMI?
En suma, esta “eficaz” iniciativa de administración social genera un mecanismo complejo, que condiciona las decisiones de consumo de las familias, complica la administración tributaria, detrae ingresos imprecisos de la coparticipación, e impone obligaciones y costos adicionales sobre los pequeños comercios y sobre el presupuesto público. Todo esto para lograr como máximo un magro aumento del beneficio de un grupo seleccionado de beneficiarios.
Frente a esto es lícito plantear algunos interrogantes. Si el objetivo real del proyecto es mejorar el poder de compra de los beneficiarios, ¿no sería más efectivo y sencillo otorgar un aumento generalizado del beneficio? ¿No sería mejor financiar el costo fiscal de esta medida eliminando el sistema de reintegros parciales del IVA que actualmente beneficia a las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito como medio de pago? Según estimaciones del Ministerio de Economía, este mecanismo de subsidio al consumo de los sectores medio y altos implica un costo fiscal de 500 millones de pesos anuales, o sea prácticamente equivalente al costo de incrementar el beneficio directo en el nivel máximo permitido en el proyecto del Poder Ejecutivo.
Mientras se gastan energías en discutir estos “eficaces” mecanismos de gerencia social, la agenda social del Gobierno continúa ignorando debates más relevantes, como el tratamiento de proyectos de ley que propicien un cambio en el conjunto del ineficaz sistema actual de políticas sociales, incorporando políticas que garanticen derechos universales bajo el mecanismo de un crédito fiscal efectivo, como es el caso del proyecto del Ingreso Ciudadano para la Niñez. Ni hablar de la reforma de la previsión social, del sistema tributario u otros temas de igual tenor. Esto implicaría crear una gerencia de políticas públicas que no esté pensada para el statu quo sino para la transformación del régimen económico y social heredado y que continúa vigente.

* Investigadores del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).