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Por Alejandro Bercovich

Unas 180 mil familias dependen del cultivo de tabaco para sobrevivir. Dos poderosas multinacionales se reparten el mercado argentino de cigarrillos: Phillip Morris International (Massalin Particulares) detenta el 64 por ciento y British American Tobacco (Nobleza Piccardo), el 35. Acuerdos de precios, amenazas de no comprar, campañas de rumores, destrucción de máquinas y bloqueo de nuevos jugadores forman parte del paisaje de esa actividad. No es precisamente lo que los libros de economía describen como un mercado competitivo, pero así funciona en el país más fumador de América latina la ruta del tabaco, con centro en varias de sus provincias más pobres, como Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán, y en menor escala Corrientes, Chaco y Catamarca.
El negocio del tabaco es uno de los mayores del país: las dos empresas vendieron 1990 millones de atados de cigarrillos el año pasado, y le arrimaron al fisco 2500 millones de pesos. Las variedades de tabaco Virginia y Burley aportan casi la totalidad de las 150 mil toneladas que se cosechan anualmente en las siete provincias tabacaleras, de las que se exporta como materia prima más del 75 por ciento. Todos los años, en febrero, los gremios y cámaras de productores negocian con las multinacionales un precio de referencia para la mejor calidad de cada especie. Los acopiadores son los que definen qué grado de pureza tiene el producto de cada región, con lo cual terminan estableciendo su valor real. Nobleza dejó de participar hace cuatro años de esas negociaciones. En su lugar opera Standard Comercial, vinculada con BAT a nivel mundial como su proveedor exclusivo. Massalin sigue presente como comprador directo de hoja verde al productor, y también se provee a través de Universal Leaf Tobacco. Sus voceros desmienten cualquier vinculación accionaria pese a la estrecha coordinación comercial que mantienen. La otra acopiadora multinacional presente en el país es Dimon, que exporta el tabaco procesado en láminas a varias filiales extranjeras de Phillip Morris y BAT.
La cuestión de las calidades es clave para entender la presión que ejercen los grandes del mercado local sobre los productores atomizados. El grade index (máxima pureza) de Virginia cotizó en la última campaña a 5,45 pesos el kilo, y el mejor Burley se pagó 4,15, en línea con los precios de Brasil y otros países con costos y tipo de cambio similares. Mientras los tabacaleros misioneros recibieron 3,40 pesos por cada kilo de su Burley luego de fijada la escala de calidades, sus colegas tucumanos embolsaron sólo 2,60 pesos, para lo cual incluso debieron emprender una durísima batalla comercial contra las acopiadoras.
“Toda la vida nos amenazaron con irse sin comprarnos nada, toda la vida fijaron el precio y se pusieron de acuerdo entre ellos para las calidades. Pero esta vez nos dimos el gusto de decirles que si quieren irse se vayan”, relata a Cash Rafael Medina, que vive en un rancho de adobe que levantó él mismo en su campo de tres hectáreas del departamento tucumano de La Cocha. Allí, unos 900 productores asociados a la Cooperativa Agrícola de Tucumán consiguieron el año pasado que el Fondo de Capital Social constituya un fideicomiso por 1,7 millón de dólares (ver aparte), con el cual salieron a comprar los fardos presecados para sostener su precio. Los lugareños recuerdan que las multinacionales cerraron sus puertas durante varias semanas, y difundieron rumores de que la Cooperativa quebraría si insistía en comprar toda la producción al precio que se había fijado. Finalmente debieron avalar ese valor cuando verificaron que el dinero seguía llegando y la cosecha se iba agotando.
Los productores tucumanos reactivaron las máquinas de la Cooperativa abandonadas desde los ‘80 para realizar la limpieza, el despalillado y el laminado de la hoja. Así iniciaron el proceso de “desactivación” de las 1700 toneladas de tabaco que compraron mediante el fideicomiso, lo que les permitirá exportar en octubre próximo el tabaco en láminas a un precio internacional promedio de 2,80 dólares. Con ese dinero planean reembolsar el crédito recibido y reequipar la planta de la localidad de Juan B. Alberdi, siguiendo el ejemplo de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, que ya lanzó al ruedo su propia marca de cigarrillos (ver aparte).
De todos modos, como en otros rubros controlados por monopolios, evadir sus reglas no es sólo cuestión de dinero. El presidente de la cooperativa tucumana, Jorge Aráoz, señaló a Cash que los distribuidores de maquinarias italianas e inglesas “tienen prohibido” venderle a nadie que no responda a las multinacionales. Otro directivo aseguró que cuando Phillip Morris o BAT deciden desafectar alguna máquina que juzgan obsoleta, la destruyen o envían a otra filial fuera del país para que no caiga en manos de eventuales competidores. “Esas son decisiones estratégicas de la compañía”, explicó un vocero de Nobleza ante una consulta de este suplemento. Mientras tanto, las plantas de procesamiento de hojas verdes no llegan a la decena en todo el país, entre las que manejan las cooperativas y las de las empresas.
Además de las amenazas de no comprar –que mantienen en vilo a toda la comunidad en tiempos de cosecha–, otra práctica habitual para bajar los precios en boca de acopio es la prefinanciación de los cultivos, que realizan las dos grandes firmas directamente o a través de sus dealers. El productor recibe semillas, fertilizantes y equipos del acopiador, y los paga con tabaco de la próxima cosecha según la cotización que surja del “mercado”. En su doble carácter de comprador y acreedor permanente, el dealer se queda con todas las de ganar a la hora de discutir los valores. Ese mecanismo se institucionalizó en algunas provincias mediante la compra al romaneo, que contempla un adelanto en efectivo antes de que se defina el precio, y la liquidación del resto contra la entrega de los fardos.
El Estado, por su parte, interviene limitadamente en la formación de precios mediante el Fondo Especial del Tabaco (FET), que reparte entre los productores un 9 por ciento del total de impuestos recaudados sobre la venta de cigarrillos. Del Fondo llegan al productor 1,20 peso por kilo de Burley vendido en Tucumán, 1,40 en Misiones y un poco más en Jujuy y Salta, donde se cultiva el Virginia más cotizado. Para los cooperativistas tucumanos, sin embargo, el FET es un “subsidio encubierto para las multinacionales”, porque si no existiera deberían aumentar los precios que se pagan en cada cosecha.
La AFIP se mantiene igual como el socio mayoritario de la actividad, lo cual induce a los técnicos del Palacio de Hacienda a pensar –según reconoció el propio ministro de Salud, Ginés González García– primero en la recaudación y después en las campañas antitabaco. De hecho, el fisco se lleva el 68 por ciento del valor de cada marquilla, y el sector aportó en 2003 un 6 por ciento de los ingresos tributarios de la administración nacional, con una cifra cercana a los 2500 millones de pesos. Según el nuevo acuerdo que firmaron en marzo último el Gobierno y las tabacaleras, ese monto debería alcanzar los 3750 millones de pesos este año y llegar a los 4000 millones en 2005.