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Los buenos datos sobre la producción industrial de junio que difundió el Indec (11,5 por ciento de crecimiento respecto a un año atrás y un acumulado de 12,2 por ciento en el primer semestre) difícilmente podrán repetirse muchos meses más a no ser que el proceso de inversión eleve pronto la capacidad de producción, que ya está llegando en varios sectores a niveles críticos de saturación. El grado de utilización de la capacidad industrial subió hasta ubicarse el mes pasado en el 70,6 por ciento, pero ese promedio subestima la magnitud del problema debido a que está distorsionado por el sector automotor, que apenas usa un tercio de su potencial. Ya hay dos sectores claves (refinación de petróleo y metálica básica) que superaron el 90 por ciento y otros dos que están por encima del 80 por ciento (textiles y papel-cartón). Las necesidades de ampliación son cada vez más urgentes, y en consecuencia las decisiones de inversión se tornan imprescindibles para que el ciclo de crecimiento no se choque pronto contra sus propios límites.
En caso de que esos límites no se corran a tiempo, las posibles consecuencias negativas y sus riesgos son varios y no excluyentes. Por empezar, se estaría desaprovechando una oportunidad muy propicia para acelerar y consolidar el proceso de recuperación en marcha en la producción manufacturera, lo que a su vez podría inducir un mayor ritmo de importaciones para reemplazar el faltante y/o un salto en el nivel de precios por escasez de oferta.
El contexto en el cual se está presentando esta urgencia de acumulación de capital tiene como característica distintiva el default de la deuda pública, aunque no habría que olvidar que en la misma situación (o en vías de solución) se encuentran varias grandes firmas privadas. Lo que esto provoca es una considerable desconexión de la economía local respecto al circuito del crédito internacional, y el cierre parcial de esa fuente de financiamiento convierte a la inversión en muy dependiente de lo que suceda con el ahorro local.
Es por todo lo anterior que resulta oportuno el trabajo que publicará en los próximos días el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) como apertura de su habitual informe. El documento se titula Ahorro y distribución del ingreso: quién debe ahorrar en la Argentina, y plantea como tesis central que en el país se dio la paradoja de que la mayor desigualdad en la distribución del ingreso que se produjo en las últimas décadas no generó un aumento en la tasa de ahorro privado. Esto que sucedió no se amolda a la teoría que, asumiendo que los pobres consumen todo su ingreso mientras los ricos ahorran una parte, concluye que una redistribución a favor de los ricos incrementa la proporción ahorrada y disponible para financiar la inversión. Como síntesis de los últimos treinta años, los investigadores del instituto platense señalan: “El deterioro sostenido de la distribución del ingreso y la caída tendencial en el ahorro privado dan un indicio de que los ganadores del período incrementaron más que proporcionalmente su consumo”. Distinto fue lo que ocurrió por ejemplo durante los años noventa en Brasil, donde la mayor desigualdad dio lugar a más ahorro.
El poco acceso al crédito internacional que hay y habrá por bastante tiempo realza el inconveniente que representa la baja tasa de ahorro privado argentino e invita a repensar el rol que debe jugar el Estado en inducir el ahorro privado pero también el ahorro del sector público. En cuanto a lo primero, y dada la conocida exagerada inclinación de las clases altas al consumo suntuario y a arrojar manteca al techo, sigue llamando la atención la demora de medidas tributarias que lo desestimulen. En cuanto al ahorro público, que tras el ajuste fiscal postdevaluatorio se ubica en niveles altos sin precedentes, no está siendo usado para financiar la acumulación interna sino desviado para cumplir con los pagos externos, a lo que encima se agrega la presión del FMI y los acreedores para elevarlo todavía más con igual destino.
No es ajeno a toda esta problemática el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, con que el Gobierno pretende satisfacer al FMI compensando su fracaso en sancionar una nueva Ley de Coparticipación. Entre otras muchas cosas, los que se oponen a esta ley sostienen, como el diputado Claudio Lozano, que “las restricciones al aumento del gasto público que impone el proyecto pone límites precisos a la posibilidad de impulsar una verdadera Reforma del Estado, impide cualquier proceso de fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y obtura el apoyo al desarrollo productivo”. El documento que el miércoles pasado fue puesto a discusión de sus pares en el Congreso afirma que el proyecto “busca deliberadamente expandir el superávit disponible para pagar la deuda, y es por esta razón que la norma aparece como un punto clave en la tercera revisión del acuerdo con el FMI”. No hay duda de que el Fondo pretende que se expanda el ahorro público, aunque no precisamente con el objetivo de financiar la inversión productiva en la Argentina.