El 48,9 por ciento de la población se encuentra no registrada o “en negro”. En el norte del país, tanto la región noroeste y nordeste se encuentra por encima del 55 por ciento. En Capital y el conurbano, las regiones más urbanizadas y que han recibido con más intensidad el impacto del aumento de la actividad económica, el trabajo no registrado se encuentra en 39 por ciento y 52 por ciento, respectivamente. Desde el punto de vista de su composición, el trabajo no registrado se encuentra impactando fuerte entre la población trabajadora femenina.

El núcleo duro del trabajo no registrado se encuentra en establecimientos de entre 2 y 25 personas. Durante la convertibilidad el costo laboral estaba en los 700 dólares mensuales por trabajador para establecimientos de 30 personas, según la OIT. Luego de la devaluación, el costo laboral quedó en menos de la mitad: 230 dólares mensuales en ese tipo de unidades productivas.

Hay aproximadamente 5 millones de argentinos de la PEA que no tienen derechos laborales, sin aportes para la obra social, jubilación ni seguro para accidentes de trabajo. En este marco hay una correlación significativa entre la “calidad” de la disminución de la desocupación, el aumento del trabajo no registrado y el crecimiento de los accidentes de trabajo.

Esta correlación es posible porque el trabajador que no está dado de “alta” en los organismos de seguridad social tiene una elevada probabilidad de no estar asegurado contra accidentes, simplemente porque la contratación del seguro de ART por parte de los empleadores es a través del CUIL del trabajador. Por ello, los trabajadores que no están registrados tienen una probabilidad más alta de quedar expuestos a accidentes, ya que en ese establecimiento no hay tareas de difusión y de prevención de riesgos, chequeos médicos periódicos ni encargado de seguridad e higiene, entre otras cuestiones.

La relación de “siniestralidad laboral” y “trabajo en negro” es producto de la tolerancia sociocultural de los actores del trabajo a dicha situación. Esto se da por el temor aún de los nuevos trabajadores que estuvieron desocupados durante mucho tiempo a perder su empleo. Y por la tolerancia del Estado en “no fiscalizar”. Incluso con todas esas contingencias, si existiese una decisión política de fiscalizar los valores del trabajo no registrado serían sensiblemente menores.

La “planilla de relevamiento”, donde los agentes de policía del trabajo censan a toda la población en “acción de trabajo” de un establecimiento, es el instrumento esencial para “proteger a los trabajadores” en una inspección. Esto es así puesto que la empresa debe reflejar en esa documentación de ley todos los datos que los inspectores vuelcan durante el censo del lugar. Y a su vez cubre a los trabajadores de empleadores que puedan ejercer represalias por la inspección realizada. De esa forma, cuando la empresa debe “reflejar” a todos los “incluidos” dentro de la planilla de censo de personal, se logra que muchos de los que no están dados de “alta” en el sistema sean incorporados ante el requerimiento de la autoridad de aplicación. Y esto incluye automáticamente la documentación de los cubiertos o no por el seguro de ART. Por lo tanto, lo que significa que la “no registración” está directamente relacionada con la siniestralidad laboral.

Sin embargo, en algunas direcciones de fiscalización de policía del trabajo se ordenaría verbalmente a sus agentes e inspectores que no hagan el relevamiento de personal, bajo la excusa de “no perder tiempo”. Y le hacen ver que serían mal vistos los funcionarios públicos que igualmente realizan el relevamiento censal del personal. Otra manera de no ejercer la fiscalización del “trabajo no registrado” sería “desdoblando” la tarea de inspección. De esta manera la inspección se haría en “dos grupos” y “dos veces”: un primer grupo de fiscalización de normas de “seguridad e higiene” sin relevar al personal, y luego si “es necesario” (y eso sólo se sabe si el primer grupo de “seguridad e higiene” realiza el relevamiento) concurriría un “segundo grupo” que fiscalizaría las cuestiones “contables o documentales” realizando el relevamiento. Lo que sucede es que como ya habría concurrido el grupo de “seguridad e higiene”, la empresa estaría “avisada” de que podría concurrir en días subsiguientes el otro grupo de inspectores. De esta forma los empleadores de ese establecimiento tendrían tiempo de realizar todas las maniobras pertinentes para ocultar los eventuales incumplimientos a las normas laborales, si la fiscalización se realizara “de una sola vez”.

* Sociólogo, especialista en temas laborales.