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Los economistas con vocación tributaria lo saben bien. Es casi una obviedad decirlo. Pero si se quieren conocer las verdaderas relaciones de poder en el interior de una sociedad, debe mirarse la estructura impositiva.

Sin necesidad de hacer mucha historia, abundan los ejemplos. El más cercano fue la revuelta agraria de 2008, cuando ruralistas desencajados no sólo cortaron rutas y desabastecieron ciudades, sino que intentaron ir por todo. Aunque entonces el nuevo gobierno apenas terminaba de asumir, la base electoral de la primera gestión de CFK era inferior al 50 por ciento y representaba una alianza variopinta que incluía hasta a los radicales K, de triste memoria a través de la emblemática figura del ex vicepresidente Julio Cobos. A pesar de la victoria electoral, el nuevo gobierno de entonces no era lo suficientemente fuerte y, como no podía ser de otra manera, todavía no había consolidado el giro progresista posterior a la derrota que padecería por la resolución 125.

La situación de la tercera gestión kirchnerista es completamente diferente. La Presidenta no sólo ganó con el 54 por ciento de los votos, que además de legitimidad le confieren mayor poder, sino que la respalda un bloque homogéneo del que es impensable esperar deserciones. El poder político no sólo cambió en números, sino también en constitución. A diferencia de 2008, la oposición política no se recupera de su sacrificio ante el altar de sus conductores mediáticos. La oposición ya no reside en los partidos políticos, sino fundamentalmente en las corporaciones, las de siempre, dispersas y confundidas.

- La corporación mediática pierde votos día a día. Alcanza con ver la curva de ventas de su principal diario o la desobediencia de aquellos a quienes contaba como espadas políticas propias durante la recuperación de YPF. Si algo advirtió lo que queda de la oposición política, fue su mal negocio mediático post 2008.

- Entre las principales empresas del país, en tanto, hay confusión. Si bien por un lado persiste la tirria de clase al peronismo, por otro los balances no paran de dar ganancias. El Gobierno trajo el período más largo y persistente de crecimiento económico y paz social de la historia local. En este marco, el apoyo a la recuperación de YPF dado por la UIA no fue sólo una respuesta aislada de su ubicuo titular, sino que expresó la voluntad de la central fabril de sostener un modelo de crecimiento y, de paso, no perder un beneficio clave del presente ciclo: la energía por debajo de los precios internacionales.

- La misma percepción, en el caso YPF, fue compartida por el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. Finalmente, el campo reconoce que tuvo gasoil subsidiado todos estos años y tampoco quiere perder este factor de competitividad.

Las complacencias terminan aquí.

La reforma impositiva bonaerense volvió a mostrar que, cuando se intentan cambiar las relaciones de poder expresadas por los impuestos, la corporación agropecuaria puede mutar rápidamente a una violenta fuerza de choque. Los orondos emboinados repartiendo golpes de palo y puño en la Legislatura bonaerense fueron esta semana un lamentable déjà vu de 2008. También, como entonces, una resistencia de los poderes fácticos contra la voluntad popular, resistencia que una sociedad democrática no puede permitir. Vale insistir que no se trata de una manifestación de descontento de un sector social, válido y propio de la democracia, sino de una fuerza de choque que no duda en avasallar los espacios emblemáticos del poder democrático. Y aquí vale destacar otra diferencia esencial del presente: esta vez la patota agraria, con el apoyo de matones de Uatre, el gremio del Momo Venegas, no se encontró con el apoyo cacerolero de una porción de las clases medias, sino con algo que no esperaba: los militantes en la calle dispuestos a frenar la embestida.

La nueva legitimidad de la actual administración marca que quizás haya llegado el momento de avanzar con lo que recientemente fue nombrado por el Plan Fénix como una “Misión imposible”, claro que entre signos de pregunta: una reforma fiscal integral que profundice la distribución, no de la riqueza existente, como habitualmente se confunde, sino del valor agregado en la producción, lo que demandará una reformulación completa de la estructura impositiva y del gasto. Para esto también debe servir el 54 por ciento

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