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En el estilo ramplón que la caracteriza, la oposición político-mediática que añora los ‘90 “embistió” esta semana contra el acuerdo Gobierno-Repsol por la expropiación del capital mayoritario de YPF. El tono fue el habitual para estos casos: el ya típico “vieron, tuvieron que guardarse el relato en el bolsillo y hacer lo que nosotros decíamos”. Nada más alejado de la realidad: ni relato en el bolsillo, ni asumir el discurso neoliberal. Lo que le sucede a esta facción de la oposición es que ella misma, de tanto repetirlo, termina creyéndose su propio relato. A saber: que el Gobierno es marxista-chavista y está en contra de la propiedad privada y, en consecuencia, no respeta las reglas de juego del capitalismo global, un diagnóstico resultante de las limitaciones del pensamiento binario.

Dejando de lado que Hugo Chávez expropió más de 1000 empresas pagando por cada una de ellas, como bien lo saben algunas multinacionales argentinas, el gobierno local es de raíz peronista, lo que puede sintetizarse a gran escala diciendo que sostiene un capitalismo con presencia del Estado regulador y, en lo posible, no neutral en relación con los ingresos de los trabajadores. Un gobierno que además, en sus mejores momentos, sabe que el crecimiento es conducido por la demanda. No se trata, entonces, de un modelo revolucionario, sino de un capitalismo sin Estado bobo. Ningún miembro del Gobierno afirmó, en ningún momento (ahí están los archivos), que la expropiación del capital mayoritario de YPF se haría sin indemnización, lo que además es contrario al corpus legal local.

El acuerdo de esa semana solamente significa que no se pagará a la empresa española el número de fantasía imaginado por alguno de sus directivos, sino un precio acorde con el valor real de la porción de la firma al momento de la expropiación. El Estado tiene un enorme poder para negociar precios, basta que no sea bobo.

¿Es agradable tener que pagarle a Repsol? Decididamente no. El capital español, no los españoles, tuvo en YPF un comportamiento predatorio que afectó el patrimonio, las reservas y la capacidad de producción de la firma. Quien quiera repasar los detalles puede consultarlos en el Informe Mosconi. Pero no debe olvidarse que la predación fue posible gracias al apoyo de los gobiernos y buena parte del periodismo local. No se trata aquí de la culpa del sujeto fácilmente demonizable “petrolera multinacional mala”, sino de políticas y marcos regulatorios inadecuados; estos últimos de completa responsabilidad argentina. Se le puede achacar al oficialismo la demora en la recuperación de la empresa, un tema ampliamente tratado que supone entender el modelo energético mixto elegido a partir de 2003 y, a un nivel más general, el problema de la restricción externa. Lo que no se puede negar al oficialismo es el mérito de haber cortado finalmente con una situación insostenible.

Otra falacia del relato neoliberal reside en la forma del manejo de la empresa. El acuerdo con Repsol, se sostiene, se debería al reconocimiento tardío del carácter imprescindible de la inversión extranjera. Sin embargo, desde el mismo momento de la recuperación del capital mayoritario de YPF, simbolizado en la toma de la sede central, se dijo que el camino sería la asociación con terceras empresas para afrontar el gigantesco desafío de poner en valor las segundas reservas mundiales de recursos no convencionales. Ello se debe tanto a la dimensión de las inversiones necesarias como a las necesidades de adquisición y refuerzo de know how y equipamiento para las nuevas tecnologías de extracción. El kirchnerismo no puso al frente de la petrolera a un político, sino a un hombre de la industria como Miguel Galuccio, difícil imaginar una señal más clara.

La tercera mentira es más general e histórica, el mito de que la gestión privada siempre es mejor que la pública. Aquí la contundencia está en los números antes que en los argumentos, los que indican un verdadero cambio de tendencia. Desde la nacionalización la capitalización bursátil de YPF creció el 121 por ciento. La utilidad por acción subió el 30,5 por ciento. En tanto, el resultado bruto de explotación acumulado fue de 31.053 millones. A su vez, las inversiones en bienes de uso crecieron el 95 por ciento hasta los 79.500 millones de pesos. Centrándose sólo en los datos más recientes se encuentra también una reversión de la caída de la producción. En el tercer trimestre del año la producción total de crudo creció el 2,5 por ciento interanual y la de gas, el 2,6. Los buenos datos del tercer trimestre no lograron, sin embargo, revertir una leve caída para el total del año, pero el cambio de tendencia se refleja especialmente en los gastos en exploración, que en el tercer trimestre se incrementaron el 58,5 por ciento respecto del mismo período de 2012.

Por último, desde la macroeconomía el Gobierno parece haber reconocido tres cosas. Que para la administración de corto plazo de la restricción externa necesita: 1) reducir la brecha entre el dólar oficial y el negro, lo que supone profundizar las minidevaluaciones del oficial para bajar las expectativas de mayor devaluación expresadas parcialmente por el marginal; 2) desalentar el uso “innecesario” de divisas, que comenzó a expresarse en el nuevo impuesto para vehículos de alta gama; y 3) bajar el “riesgo país” con miras al futuro ingreso de divisas. A este último punto contribuyó significativamente el acuerdo con YPF de esta semana. El freno al ingreso de divisas fue precisamente una de las consecuencias más indeseadas de las restricciones cambiarias

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