Adhesion

En referencia a la carta de lectores “Arbitro Bombero”, de Angel F. Di Paola, publicada en Cash, del 29 de mayo pasado, adherimos a lo expresado en la nota de referencia, deseando que pueda y sea usada esa herramienta de defensa. Pero nos surge la siguiente duda: acaso no podría interpretarse que el consentimiento a que hace referencia la última parte del preámbulo (... “a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado”), estaría expresado en los respectivos contratos de inversión”... Tenemos entendido que en esos contratos bilaterales de inversión, el Estado Argentino acepta la jurisdicción del tribunal Arbitral-CIADI, renunciando de tal modo a la jurisdicción nacional. ¿No estaría allí haciendo la opción el Estado firmante...? Tal como se pretende en el ALCA, ya en forma general. Pertenecemos a un Foro de lucha contra el ALCA, y deseamos que la posibilidad de la defensa a que se alude en la nota, fuera posible, y poder exigirla.

Ricardo Grand-María Beatriz Grand
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Inversiones

Hubo una época en la que las inversiones patrimoniales de las empresas (ampliaciones de planta, innovaciones tecnológicas, etc.) se hacían con utilidades líquidas y realizadas. O bien, se contraían deudas para efectuarlas. El incremento patrimonial se traducía en ampliación de capital y distribución de acciones a los accionistas que cedieron sus utilidades (no repartidas en efectivo) para hacer posible tales inversiones. Los bienes de uso inciden en los costos de producción, a través de una amortización, calculada desde el momento en que se incorporaban al patrimonio. Una de las innovaciones, neoliberal, especialmente en los servicios públicos monopólicos privatizados, fue la de incluir en la tarifa las inversiones comprometidas con el Estado para obtener la concesión del servicio. Esto es, que en lugar de planificar inversiones con utilidades realizadas, incrementan el precio de la tarifa por encima de su costo de producción más utilidad. Eso no estaría mal si los usuarios recibieran acciones equivalentes al aporte de capital que le impusieron compulsivamente, pero no sólo no recibe acciones sino que ni siquiera se cumple el plan de inversiones con que justificaron el aumento de tarifas. Situaciones como ésta me hacen dudar de la lógica de mi razonamiento, por lo que pido que si el mismo estuviera errado, me señalen el error.

Ruben Abdala
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