Luego de devastar el país, el menemliberalismo tuvo una abrupta retirada del gobierno. En ese repliegue minó el campo que abandonaba. No les alcanzó con haber saqueado a la Argentina: construyeron un andamiaje jurídico que impide los cambios de rumbo. Un claro ejemplo son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Sus cláusulas buscaban garantizar la seguridad del negocio. Inversores sin riesgo, y un Estado impedido de conducir la política económica que no se propusiera modificar el tipo de cambio ni osara limitar las ganancias de aquéllos. Fue tan eficaz el andamiaje que –ocurridos la crisis y la devaluación, pesificación y congelamiento tarifario– casi todas las privatizadas demandaron al país. Los reclamos superan los 20 mil millones de dólares, y ya se ha conocido el primer laudo arbitral que condena a la Argentina. La oposición de izquierda coincide con el Gobierno respecto de la injusticia de los reclamos, pero parece concentrada en la búsqueda de argumentos jurídicos para defender el interés nacional. Unos –al igual que el ministro Rosatti– quieren afinar la defensa ante los distintos arbitrajes invocando la inconstitucionalidad de los TBI, y reivindican la potestad de nuestro máximo tribunal para revisarlos. Otros sostienen interpretaciones de las propias cláusulas de los TBI que llevarían al propio Ciadi a rechazar las demandas. Pero la derecha y los reclamantes están en su salsa porque en la discusión jurídica se saben fuertes: los TBI cedieron la jurisdicción sin reservas a un sistema que fue creado para proteger a los inversores extranjeros de las decisiones del país huésped. El presidente Kirchner –en cambio– ha expresado que no quiere hablar con la prensa sobre el tema para no descubrir la estrategia del Gobierno, mientras que con buen criterio político exige a las privatizadas el retiro de sus demandas con carácter previo a la renegociación de los contratos. La ley puede ser el instrumento para defender privilegios inadmisibles. Pero la legalidad anterior puede ser cuestionada políticamente por ilegítima. Ese ha sido el criterio del Gobierno cuando negoció la deuda externa. No buscó cuestionar jurídicamente los títulos de los acreedores. Criticó políticamente al gobierno que los emitió, y moralmente a aquellos que especularon con ganancias excesivas. Creo que con las privatizadas demandantes hay que proceder igual. Debe haber una decisión política de no indemnizarlas porque hubo abusos, complicidades y ganancias excesivas. Las condiciones cambiaron tan abruptamente que sólo es posible modificar los contratos estableciendo una legalidad que pueda cumplirse. Pero si ésa fuera la decisión del Gobierno: ¿no deberíamos retirarnos ahora de los arbitrajes ante el Ciadi en lugar de desconocerlos de a uno cuando sus laudos nos sean desfavorables? ¿No deberíamos ya renegociar o, en su defecto, denunciar los TBI que el propio ministro de Justicia reputa de inconstitucionales, y que aún gozan de lozana vigencia?

Jorge Luis Portero
ex asesor del subsecretario
Eduardo Sigal en Cancillería