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Por Marcelo Zlotogwiazda

Qué haría si un empleado suyo se equivoca? ¿Si encima el error es grueso? ¿Si además de grueso es reiterado? ¿Y si para colmo de males provoca importantes perjuicios? ¿Llega un punto en que lo echa, verdad? Cualquier empresario lo haría. La buena administración requiere de premios y castigos.
¿Por qué no aplicarlos entonces con el Fondo Monetario Internacional, cuya gestión influye en la humanidad mucho más que cualquier empresa? Es precisamente eso lo que propician Mark Weisbrot y Dean Baker, en un documento titulado Aplicando economía a economistas. El paper de los dos investigadores del Center for Economic and Policy Research (CEPR), una usina de pensamiento heterodoxo con sede en Washington, comienza señalando: “Los economistas generalmente creen en la importancia para los trabajadores de que se lleve la contabilidad sobre la calidad de su labor, de manera de mantener altos niveles de eficiencia. En particular, las organizaciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial abogan fuertemente para debilitar las regulaciones que limitan la facultad de las compañías para despedir personal. Pese a que esa visión tiene bastante validez, no parece ser que se la haya aplicado a los economistas de esas dos instituciones”.
El tema da para mucho más que una discusión histórica o académica. Es de estricta actualidad, en particular en el caso del Fondo Monetario Internacional y la Argentina, desde que en las últimas dos semanas tanto la Oficina de Evaluación (supuestamente) Independiente del FMI como el Gobierno argentino a través de su ministro de Economía abundaron desde muy distintos abordajes sobre los errores que los técnicos de ese organismo cometieron a lo largo del decenio 1991-2001.
En cuanto a los castigos, el Gobierno argentino considera, con razón, que el país ya pagó, y con creces, sus propios errores, y pretende que, más allá de las autocríticas retóricas, el FMI pague de alguna forma concreta. Sin ir más lejos, eso fue lo último que se escuchó de boca del representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, durante la reunión en la que el Directorio trató el informe de la Oficina de Evaluación Independiente.
Si bien Weisbrot y Baker eligieron lo que sucedió en la Argentina como el típico ejemplo de las equivocaciones de los economistas del Fondo, el documento no plantea mecanismos de compensación material como los que pretende Lavagna, con refinanciaciones rápidas, blandas y/o aportes que faciliten la negociación con los acreedores en default.
Nada de eso. Lo que los dos investigadores del CEPR proponen es establecer un esquema detallado de criterios que permitan llevar la contabilidad dentro del FMI sobre los aciertos y errores de su personal jerárquico, con el fin de premiar o castigar según corresponda; incluso con el despido llegado el caso.
Weisbrot y Baker plantean con total seriedad y mucho de ironía cuatro principios básicos, cada uno acompañado con su respectiva tabla de contabilidad:
1. Metas bien específicas y nada ambiguas en los programas que se acuerden con los países prestatarios, como ser: crecimiento del PBI, reducción en la cantidad de pobres, etcétera.
2. Informes periódicos de evaluación, que permitan corregir los desvíos a tiempo y determinar si sucedieron por culpa del país, de un programa mal diseñado o de eventos imprevistos.
3. Identificar claramente a los economistas, a los supervisores y al staff de máxima jerarquía a lo largo de toda la cadena de autoridad del FMI vinculados con cada programa, de manera de poder asignar responsabilidades en los fracasos o adjudicar los méritos.
4. Plena publicidad de los programas e informes en los países involucrados, “que resulta esencial para asegurar que la población conozca los factores que determinan las decisiones políticas clave y las razones de sus éxitos o fracasos”.
Siguiendo estos criterios, el FMI y el Banco Mundial van a poder “despedir a los economistas y supervisores que tengan una mala performance”. Weisbrot y Baker concluyen el documento sosteniendo que “el punto básico es muy simple: cuando un país aplica los programas de esas instituciones financieras que requieren grandes transformaciones sociales, los niños de ese país no deben ser los únicos sometidos al riesgo del fracaso. Los economistas y los burócratas que promueven esas políticas también deben tener sus carreras en riesgo. Lo contrario sería injusto, y no sería buena economía”.
A decir verdad, excepcionalmente hubo un funcionario del FMI que pagó con su carrera por el caso argentino. Fue casualmente un compatriota, Claudio Loser, que durante mucho tiempo fue el director del Departamento que tenía bajo su órbita a la Argentina. En su lugar fue designado el indio Anoop Singh, que en apenas un par de años ya cometió junto a su equipo de tecnócratas más errores de diagnóstico, pronóstico y políticas de los que usted le toleraría a cualquiera de sus empleados.