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Por más que suene a una perogrullada, para armarse de alguna idea sobre las perspectivas económicas del año 2005 habrá que tener más paciencia que otras veces y aguantar hasta que pase el verano. Es que recién transcurrido ese período estarán definidas o al menos planteada con claridad la situación respecto a dos variables claves que condicionan todas las restantes: la negociación con los acreedores y la relación con el Fondo Monetario Internacional.
En el peor de los escenarios, si el fin de este año trae un resultado malo o parecido a eso en el canje de deuda que está a punto de proponer en detalle el Gobierno, el 2005 va a comenzar con muchas complicaciones en la discusión con Rodrigo Rato y su gente, que sin duda alguna arreciarán juntamente con los acreedores por una nueva y rápida oferta que incremente los pagos. Es obvio que una situación tirante como esa no sería la más propicia para que se consolide un proceso de acumulación que reclama de urgentes decisiones de inversión, y además dejaría al Gobierno debilitado frente a todo tipo de presiones, ya sea de ajuste fiscal para pagar deuda, de ajuste tarifario para los servicios públicos, y varias otras que se meterían en la cola.
Pero aún en el mejor de los escenarios, es decir aquel donde el Gobierno consigue un alto grado de aceptación en el canje que no deje margen a la duda ni espacio para que se califique a la operación de fracaso y se culpe al país de no haber negociado de buena fe, el horizonte del año próximo todavía no estará del todo despejado. Si bien desde una posición de mucha mayor fortaleza, el Gobierno deberá reanudar de inmediato en el verano la negociación con el FMI para definir un nuevo marco de convivencia luego de la interrupción del acuerdo que estaba vigente. Para comprender lo determinante del tema, alcanza con tomar en cuenta los supuestos que sobre el flujo con los organismos internacionales contiene el proyecto de Presupuesto: las cuentas sobre necesidades financieras cierran asumiendo que el FMI, el Banco Mundial y el BID refinancian todos los vencimientos del año y devuelven los 1500 millones de dólares que la Argentina está pagando en forma neta con sus reservas desde que el acuerdo que había quedó en suspenso. Semejante hipótesis no conjuga con la versión cada vez más difundida acerca de que el FMI tiene como objetivo reducir drásticamente su exposición con la Argentina, la tercera más alta luego de Brasil y Turquía.
Sobre la base de lo que surja de esa negociación, el Gobierno deberá lidiar con las asignaturas pendientes que arrastra (la discusión con las privatizadas es una de las más relevantes), y con un contexto macroeconómico que muy probablemente no sea todo lo ventajoso que fue desde que Néstor Kirchner asumió la Presidencia. Por empezar, el crecimiento económico ya no contará con el impulso del rebote propio de una salida de crisis. En este sentido, la dinámica de acumulación ya estará casi totalmente desenganchada del pasado y dependerá casi exclusivamente de factores de actualidad y futuro en términos de demanda interna, inversión y exportaciones.
Una de las desventajas a tener en cuenta es lo que el campo dejaría de aportar debido a una situación menos extraordinaria en materia de precios internacionales, que en mayo de este año alcanzaron en promedio su pico ubicado un 20 por ciento por encima del nivel de un año atrás. Se estima que sólo por el reacomodamiento de los precios de la soja, la economía perderá ingresos por 5000 millones de pesos en todo el año. Según una ilustrativa equivalencia elaborada por la consultora de Melconian y Santángelo, esa pérdida equivale a la venta de 18.000 tractores (tres años de buena venta) o a la de 88.000 camionetas (un año de buena facturación).Si todo sale medianamente bien con la deuda y se encarrila razonablemente con el Fondo, habrá llegado el momento de que el Gobierno defina aspectos cruciales de política económica que hasta ahora aletargaron el ritmo de creación de empleo. Al respecto, son aleccionadoras las conclusiones del trabajo que Roberto Frenkel y Jaime Ros publicaron en el último número de la revista Desarrollo Económico, comparando las experiencias de la Argentina y México durante los años noventa en materia de desempleo y políticas macroeconómicas. El ensayo subraya el efecto devastador sobre el mercado laboral que tuvo la apreciación del peso que elevó mucho los salarios en dólares (a diferencia de México). Esto ya estaría corregido por la brutal devaluación posconvertibilidad. Sin embargo, del paper se desprende que un tipo de cambio competitivo no es suficiente para crear trabajo, si el patrón de especialización se basa “en el procesamiento de recursos naturales y de commodities industriales”. Que es una característica que, por ahora, el modelo Kirchner-Lavagna lejos de atenuarla, la intensificaron.