La calificadora de riesgo Standard & Poor’s pagará al gobierno federal de Estados Unidos y dos estados de ese país 77 millones de dólares para cerrar un conjunto de demandas abiertas por su accionar fraudulento durante la evaluación del riesgo de los activos estructurados con hipotecas basura. El acuerdo establece que S&P abonará 58 millones a la Securities and Exchange Commission (SEC), 12 millones de dólares a Nueva York y 7 millones de dólares a Massachusetts. El convenio también contempla que la empresa estará imposibilitada para calificar cierto tipo de activos estructurados con hipotecas durante un año. A través de un comunicado, S&P afirmó que el acuerdo no implicaba admitir o negar ninguno de los cargos imputados por el Departamento de Justicia. Posiblemente, Fitch y Moody’s, las otras dos calificadoras demandadas por el gobierno estadounidense, alcanzarán acuerdos similares en el corto plazo.