La trata de personas tanto con fines de explotación sexual como distintas modalidades de trabajo forzado y reducción a servidumbre, entre otros aspectos de la explotación de seres humanos, dentro de sus fronteras nacionales de origen o en el extranjero, constituye la tercera actividad ilegal más rentable en el mundo, sólo superada por el narcotráfico y la venta de armas. Son los nuevos nombres de la esclavitud, un fenómeno histórico y fundamentalmente económico. El comercio de seres humanos constituyó el eje de sofisticados sistemas económicos occidentales como la civilización grecorromana y de grandes áreas de Oriente, sistemas conceptualizados por el marxismo, por ejemplo, como modos de producción esclavistas. Hasta entrado el siglo XIX, enclaves económicos coloniales diseminados a lo largo del planeta siguieron sosteniéndose fuertemente en la esclavitud.

En nuestro espacio histórico geográfico, ya en el período colonial, la actividad que hoy denominamos trata de personas, en sus dos modalidades tipificadas, ya existía. La encomienda era la institucionalización de la trata de personas a miembros de los pueblos originarios. También las mujeres, desde la infancia en muchos casos, eran trasladadas por la fuerza desde sus comunidades originarias hasta las casas de las familias españolas para prestar servicios domésticos.

La modernidad trajo consigo en Occidente nuevos paradigmas políticos, sociales, culturales y fundamentalmente económicos. Mucho antes de las declaraciones universales de derechos humanos a mediados del siglo XX, que habilitaron un piso mínimo desde donde posicionar la condición humana. Ya la OIT, en 1919, condenaba el trabajo forzado y otras formas de servidumbre. En los protocolos complementarios a los del crimen transnacional en Palermo (Italia) en 2000, especificando sobre trata de personas, se la definió como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Esto alcanza tanto a la meramente laboral como a la sexual.

En el ámbito local se evidencia un notable incremento de la trata de personas destinada a algunos sectores de actividad económica con significativos y tradicionales índices de informalidad laboral, como por ejemplo el sector agropecuario, especialmente el segmento liderado por grandes empresas con capacidad exportadora. También se orientaron a sectores de la construcción, talleres textiles y del empleo doméstico. Es claro también que la forma de trata más visible en el espacio público es la que tiene fines de explotación sexual quizá por su inmediata asociación con la prostitución, las extensas y muy especializadas redes de tratantes, el rufianismo y las ingentes sumas de dinero que se movilizan en ese sector.

Como en toda actividad económica, tanto ilícita como lícita, la mayor oferta evidenciada en un período relativamente breve implica que responde a un incremento sustancial de la demanda. Y esta demanda de comercio sexual fue proporcional al salto en rentabilidad que experimentaron distintos sectores, especialmente aquellos ligados a la producción agraria exportable independientemente de su escala. La multiplicación de prostíbulos en la zona núcleo de la expansión sojera que documentan algunos trabajos de investigación explica una mayor demanda que los tratantes y/o rufianes cuentapropistas simplemente procuran satisfacer sin reparar en los medios para lograrlo.

De la misma manera, la extensión de la inclusión social a través de las asignaciones universales, la creación de puestos de trabajos cooperativos sostenidos estatalmente, entre otras medidas tendientes a la recuperación de los niveles de ocupación, pone a las redes de tratantes ante una disyuntiva. Por una parte, el crecimiento de consumidores-clientes de comercio sexual y por el otro el éxito paulatino de la equidad redistributiva que otorga a las potenciales víctimas, principalmente mujeres y niñas pobres, mejores alternativas para trazar proyectos de vida libres de violencia, explotación y coerción porque esta vez pueden tener en el acceso al empleo y a la capacitación el eje no sólo de su supervivencia sino incluso del retorno a la movilidad social.

Las organizaciones que trabajan en el tema como la Fundación María de los Angeles exhibe estadísticamente que la principal modalidad de captación de los tratantes es las ofertas engañosas de empleo especialmente destinadas a victimizar al sector que predomina en la franja de la pobreza y de la informalidad y precariedad laboral: las mujeres. Ante esto, el Estado nacional elabora una serie de medidas de acción directa para desarmar el negocio de la trata, el primero y condición sine qua non fue el mejoramiento de las condiciones de vida y oportunidades de inclusión del universo potencialmente victimizable, mayor control de sus organismos pertinentes como las frecuentes intervenciones judiciales y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la trata con fines de explotación laboral. En segundo lugar, tomando la iniciativas con medidas tanto normativas como con políticas publicas tendientes a desnaturalizarla violencia y por proyección de la explotación económica y sexual sobre los cuerpos de muchas argentinas y no pocos argentinos más desfavorecidos. Y en tercer lugar, la prohibición de los ofrecimientos de servicios sexuales a través de los medios gráficos es una afirmación de soberanía porque implica que el Estado nacional ordena que ninguna persona está en venta, sea mujer o varón, mayor o menor de edad, sea nativo/a o extranjero/a, independientemente de su ubicación social y económica

* Doctora por la Universidad Pablo de Olavide-Sevilla, especialista en Género y Políticas Públicas-Prigepp-Flacso, licenciada en Historia (UNL).