Vivimos una sensación contradictoria. Por un lado, los datos de la llamada “macroeconomía” muestran a un país en franco crecimiento: con un PBI que ya supera largamente los valores máximos de la década anterior, con una recaudación impositiva que se duplica de enero a enero de cada año y, más allá de algunos tecnicismos, con un superávit que le permite al gobierno nacional superar los 48 mil millones de dólares en reservas. En congruencia con ello, nuestras exportaciones, más allá de la mejora en los términos de intercambio (lo que exportamos, léase soja, trigo, carne, son cada vez más caras medidas en dólares), se incrementan año a año. Junto a ello los salarios, al menos entre 2004 y 2007, se han movido por sobre la tasa de inflación y el nivel de desocupación ha descendido por debajo de los dos dígitos, cuando 10 años atrás superaba el 20 por ciento. Pero la sensación térmica es diferente. A pesar de que ciertos medios de comunicación exageran el descontento, lo que sí pareciera cierto es que las demandas sociales son mucho, muchísimo más exacerbadas que en la década del ’90. Los pedidos de incrementos salariales son una muestra evidente de lo antedicho.

Primera cuestión: la inflación. La Argentina es, desde el punto de vista inflacionario, un país alcohólico, huele un corcho y se emborracha. Todo incremento de precios tiende a acelerarse, si no se toman medidas al respecto. Y la sensación es que la inflación se va acelerando. Y ello va más allá del Indec, que sin duda merece un párrafo aparte. Pero vale destacar que con inflación, aunque fuera del 8,5 por ciento anual, los que pierden son los asalariados. Porque corren de atrás: los precios pueden aumentar todos los días, mientras que con los salarios, paritarias de por medio, el proceso es más complicado. Y por lo tanto nunca, pero nunca, en la carrera precios vs. salarios, en el mediano plazo, ganan los salarios. Una estrategia (necesaria) de recuperación del salario real no puede hacerse de un día para otro, ni de un año para otro, es un proceso (desgraciadamente) largo si se lo pretende hacer sustentable en el tiempo. No es lo mismo la recuperación de salarios reales que aumentos nominales. Recordemos que la recuperación del nivel de empleo y el descenso de la tasa de desempleo tampoco se hizo de un año para otro.

Foto: Gustavo Mujica

Dentro de esta primera cuestión está la medición de la inflación. Pregunta obvia, pero necesaria: ¿para qué sirve el índice de precios? Respuesta también obvia: como toda información, para poder tomar decisiones correctas. Hoy por hoy pareciera que la información que provee el Indec no es tenida en cuenta para tomar decisiones. Las propias ideas-propuestas que desde el Ministerio de Economía se dan para el incremento salarial (que rondan entre el 20% y 25%) no parecieran tener en cuenta el número anual que el Indec aporta. La situación que hoy se vive con relación al índice de precios tiene muchos padres: el primero es que la metodología utilizada (del año 1999) no es útil para mostrar la canasta de consumo en la Argentina de 2008. En el ’99 casi no había celulares (hoy hay más de 30 millones), vivíamos en la precrisis y el consumidor era mentalmente otro. En segundo término, no es posible pensar en un único índice porque los consumos son cada vez más segmentados, y por lo tanto no es el mismo el gasto en transporte para alguien que gana 4 mil pesos que para quien gana 1200. No es lo mismo la incidencia de la medicina privada para quien la usa que para quien no la usa, ni la del turismo, ni de la educación de gestión privada. Es como si un médico quisiera entender a un paciente mirando estadísticas generales, pero no conociendo al propio enfermo. Por lo tanto existe la necesidad imperiosa de cambiar la metodología de manera que el índice refleje no “la realidad” (que no existe) sino la mayor cantidad de realidades posibles. Tercer problema: la existencia de trabajadores del Indec que después de 15 años tienen una precaria relación laboral (contratos), sin ningún tipo de estabilidad. La Argentina fue pionera en leyes y sistemas laborales modernos. Eso en el Indec hoy no existe para un número importante de trabajadores. Y paralelamente es necesario el llamado a concurso para cubrir y garantizar un sistema adecuado de nombramiento de altos funcionarios en un organismo altamente tecnificado que, además, requiere de la más absoluta libertad presupuestaria y de decisión. Pero intervenirlo o pseudo intervenirlo no sólo no es una solución sino que se ha convertido en parte importante del problema.

Por otro lado, si no es el Indec, no existe ningún otro organismo, público o privado, que pueda reemplazarlo. El tema de la tasa de inflación hoy en día es que no se sabe cuál es, o al menos un grupo importante de la sociedad (muchos de los cuales tienen que tomar decisiones) no confía en los datos que oficialmente o privadamente se anuncian, y por lo tanto cualquier número es factible, bajo la vieja frase “si no sabemos dónde vamos, cualquier camino nos lleva”.

Segunda cuestión: salarios. Todos queremos ganar más. Alguna vez en una entrevista laboral me preguntaron cuánto quería ganar y contesté un millón de dólares. Me observaron que era un número absurdo. Repliqué que la pregunta era cuánto quería ganar, no cuánto me merecía. A mi entender, desde la dirigencia (gremial, empresaria, Estado) no nos hacemos la pregunta correcta, que creo es el cuánto, el cómo y el cuándo recuperamos el salario real. En el cuánto debe estar pensado el porcentaje del PBI que debieran llevarse los salarios, cuánto la renta, y cuánto el Estado. En el cuándo, el tiempo necesario para lograrlo. Y en el cómo, el desafío más importante está referido a si el tema de la distribución del ingreso es una política de estado o sólo está referido a la capacidad de presión y de negociación que tengan empresarios y sindicalistas.

Y ello nos lleva a la tercera cuestión que es el ¿después? Y creo que el después es hoy. Si toda la estrategia de crecimiento está pensada a partir del incremento nominal del salario para reactivar la demanda y un tipo de cambio fijo (aunque hoy sea alto), el techo está cerca. Si suponemos que la puja distributiva no es un problema, en el mediano plazo los salarios subirán menos que los precios o, para decirlo de otro modo, la espiral inflacionaria es una posibilidad cada vez más concreta.

¿La alternativa? La propuso la actual Presidenta. Un acuerdo social como forma de administrar la puja distributiva, desarrollar un marco de información confiable necesario para la toma de decisiones, priorizar el crecimiento, y por lo tanto el ahorro y la inversión, y pensar seriamente qué se hace y cómo se reinvierte el enorme superávit que hoy tiene el Estado nacional y no tener un Estado rico y jubilados pobres.

Como Moisés en el desierto, pueden pasar cuarenta años; pero empecemos.