La Constitución de 1994 indica que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales (los yacimientos de hidrocarburos) existentes en sus territorios”. Las provincias, salvo excepciones, desarrollan en sus concesiones un contrato que conlleva una ecuación básica: la concesión a cambio de la percepción de regalías por unidad de hidrocarburos producida. El dominio originario da a las provincias la capacidad de otorgar las licencias de explotación.

La velocidad de extracción, la ocupación laboral, los regímenes técnicos y tecnológicos del proceso de explotación, el manejo de las reservas, los criterios ambientales, son regulaciones y acuerdos que no se circunscriben al marco territorial de cada provincia. Son aspectos compartidos con el Estado-Nación o son del dominio exclusivo de éste, como son los criterios de exportación y el abastecimiento del mercado interno. Para que los actos de concesión de las provincias no sean meros actos de escribanía de procesos meramente extractivos que hacen rememorar su carácter colonial resulta imprescindible la participación decisiva de la Nación en la explotación de los hidrocarburos.

Hoy el país se halla ante un marco donde las provincias que opten por darse regímenes de explotación propios pueden recorrer un camino de disgregación regulatoria. Para que ello no ocurra se debe acordar en un marco consensuado el respeto a las indicaciones y normativas que surjan del Poder Ejecutivo Nacional. Los roles Estado-Nación cabe incorporarlos a un concepto que se podría llamar dominio final u operativo. Es reconocer un sistema integral de la industria hidrocarburífera tratando de complementar los roles y no asumir una separación gravosa entre la autorización de las actividades extractivas y las actividades en sí.

Las expresiones adecuadas para este concepto complementario de la legislación actual las podrán ajustar los juristas debidamente. Cabe aquí citar los escritos de Marcos Rebasa, que con profundidad jurídica expresan que, más allá del dominio originario de las provincias, la propiedad de los hidrocarburos es del pueblo argentino. Este concepto clave lleva a entender que el camino es la articulación del dominio originario de las provincias con la facultad-poder de la Nación que ejerce a través de las diferentes reformas y actualizaciones del Código de Minería. Por intermedio de esa legislación la Nación tiene la facultad y la obligación de fijar las reglas y condicionar los procesos productivos. También el destino final del producto: abastecimiento de mercado interno o exportación.

En la línea de la búsqueda de un concepto adecuado se rescata el término “convolución”, acuñado por Roberto Raggi para las actividades extractivas de minería, gas y petróleo. “Convolución” es la evolución conjunta que produce la sustentabilidad básica del proceso productivo, que se refiere a la relación que existe entre el ritmo y la sincronización de la extracción y el de utilización. Cada provincia posee escasos recursos económicos, humanos y tecnológicos frente a los consorcios multinacionales. Aun la suma de esos recursos en manos del Estado resultan a veces insuficientes para condicionar o negociar con fuerza un desarrollo educativo, tecnológico e industrial afín.

La convocatoria de las cámaras nacionales industriales y los sectores productivos es un rol del Estado para estandarizar los equipos y procesos y servicios e inversiones. Así lo expresa Alvaro Teixeira, secretario ejecutivo del Instituto Brasileiro de Petróleo, Gas y Biocombustibles, cuando explicita que “uno de los grandes desafíos de la explotación de los yacimientos del pre-sal pasa por la construcción de una política industrial que a través de incentivos en el área fiscal, financiera y tecnológica promueva el desarrollo de un parque nacional de bienes y servicios”.

El escenario del gas y petróleo no convencional que aparece en el horizonte de la Argentina es tan fenomenal como el pre-sal brasileño. Las cifras del movimiento económico que pueden originar resultan contundentes. Y afirma la necesidad de encauzar la industria petrolera más allá de las concesiones.

Los insumos necesarios para esta misión, como equipos de perforación, barras, trépanos, control de perforación horizontal, bombas de agua de altísima presión, baterías de reprocesamiento de aguas, tratamiento de efluentes, insumos químicos, transporte, generadores eléctricos, pueden ser importados o ser desarrollados localmente con una agenda adecuada. La industria argentina ha recorrido los últimos años un rearmado en sus capacidades, y sus pymes y no tan pymes, y puede conformar un programa con un lugar privilegiado en el Plan Estratégico Industrial 2020. Y ofrecer, a partir del trabajo argentino, un costo local muy competitivo frente a las importaciones. La mayoría de las empresas petroleras multinacionales no se plantean en ningún caso conformar un desarrollo tecnológico de sus equipamientos y servicios. Son empresas compradoras de tecnología. Su objetivo es extraer crudo o gas solamente; no ser generadoras de tecnologías y desarrollo industrial.

Corregir, complementar o conformar estructuras de empleo y desarrollo tecnológico local es de interés de la Nación. Hoy la profundización del modelo se encuentra en un cauce donde es necesario debatir y gestionar esa nueva alianza entre ciencia-tecnología y producción. La industria argentina posee enorme capacidad de reacción y adaptación, y asumir el desafío de conformar cadenas productivas integradas y cadenas de valor de “petropartistas”, a pesar que grandes sectores de la industria se halla en manos de empresas transnacionales.

El andamiaje político administrativo del Gobierno posee la capacidad de marcar el ritmo y articular el conocimiento, las necesidades empresarias laborales y las tecnologías sensibles. Allí le cabe entre otras pautas la estimulación de inversión-producción, unificar modelos de contratos asociativos con el Estado. Y principalmente conformar una empresa nacional de tecnología y servicios de hidrocarburos no convencionales.

Este marco indica que la Nación debe contar en el área no convencional de las herramientas jurídicas, regulatorias y empresarias adecuadas; no sólo debe contar con una YPF afín al proceso productivo-industrial del país, sino también una industria adaptada al desarrollo productivo y tecnológico del petróleo y del gas

* Especialista en Energía,miembro de Carta Abierta.