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Las recientes declaraciones de Mauricio Macri referidas a que mantendrá YPF en manos estatales revelan un brusco cambio de opinión. El macrismo rechazó la ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol-YPF. La negativa al proyecto oficial fue acompañada con una cuidadosa puesta en escena. El jefe de Gobierno porteño ofreció una conferencia de prensa, acompañado por sus legisladores y ministros, para anunciar que no acompañarían esa “confiscación que nos aleja del mundo”. Por su parte, el diputado PRO Julián Obliglio declaró que “si el modelo es Cuba o Venezuela, que lo digan y asuman frontalmente su vocación por el comunismo y la estatización de la propiedad privada”. Las profecías del candidato presidencial de Cambiemos (“En un año vamos a estar peor”, “Nadie va a querer invertir”) no se cumplieron. La petrolera conducida por Miguel Galuccio revirtió la tendencia productiva declinante con un agresivo plan de inversiones. La producción en mayo pasado creció un 13,3 por ciento en gas y 6,7 por ciento en petróleo, en términos interanuales. El escenario de las hordas de La Cámpora esquilmando a la petrolera estatal no ocurrió. Durán Barba parece haber tomado nota de eso.

Por otro lado, los acuerdos celebrados con Chevron, entre otras petroleras internacionales, desmintieron la idea de que nadie invertiría en un país “chavista”.

En ese sentido, el máximo ejecutivo a nivel mundial de la petrolera Chevron, John Watson, visitó la Argentina a principios de julio. El CEO de la compañía confirmó que invertirán 1500 millones de dólares en 2015 en Vaca Muerta. Chevron lleva desembolsado más de 3800 millones de dólares desde agosto de 2013, cuando firmó el primer acuerdo para la exploración y explotación de petróleo y gas no convencional de Loma Campana en Neuquén.

Ese convenio fue muy criticado por la oposición partidaria. Desde la izquierda se denunció la “reprivatización de YPF” y la entrega del patrimonio nacional.

El mismo tipo de críticas se escuchó cuando el presidente Evo Morales emitió el decreto de nacionalización de hidrocarburos. La “izquierda” boliviana reprochó los márgenes de utilidad reconocidos a las operadoras privadas. El vicepresidente Alvaro García Linera replicó en El “oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo que “se trata de modalidades modernas de producción de hidrocarburos en las que el Estado no pierde nunca la propiedad ni el control sobre los recursos naturales, pero permite movilizar grandes cantidades de inversión (que el Estado no siempre tiene de manera inmediata) de alto riesgo para producir hidrocarburos. Se le retribuye al operador una determinada cantidad de dinero por sus servicios, por el desgaste de su máquina, pero en todo momento, lo producido y la riqueza que ésa producción genera se quedan en manos del Estado. Es como cuando uno contrata a un pintor o a un albañil para arreglar su casa. La casa le pertenece al dueño, él la puede vender; alquilar o utilizar para lo que desee, pero la reparación la hacen el albañil y el pintor; a quienes se les retribuye por el trabajo de reparación y pintura realizado”.

Lo mismo ocurre en el caso del convenio para la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Más allá de la lógica desconfianza basada en los antecedentes de la petrolera norteamericana, el dato central es que las tareas de ejecución quedaron en manos de YPF. El aporte de Chevron queda limitado al financiamiento y know how del proyecto. En otras palabras, el trabajo técnico, los equipos y la dirección del proyecto la tiene YPF, con asesoramiento de la petrolera norteamericana.

El especialista Ignacio Sabbatella sostiene en El acuerdo YPF-Chevron: algunas líneas de análisis que “YPF busca socios para explorar y explotar la formación, no para ‘entregarla’ o para someter al país a un ‘saqueo’. ¿Es posible acudir a otras empresas? Son pocas las petroleras que tienen el dinero y el know how en explotación no convencional y Chevron lo hace valer a la hora de exigir condiciones. Es importante que YPF logre una transferencia tecnológica en estos acuerdos”.

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@diegorubinzal