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La distinción entre los pequeños y medianos productores y la oligarquía rural fue reconocida por los movimientos políticos populares. La implementación de políticas rurales diferenciadas fue una bandera histórica de la Federación Agraria Argentina (FAA). Sin embargo, la entidad se convirtió en furgón de cola de la Sociedad Rural en la disputa alrededor de la Resolución 125.

Después del voto no positivo de Cobos, el kirchnerismo intentó recomponer las relaciones con escasos resultados. Sin perjuicio de eso, la Presidenta anunció en 2013 un reembolso de los derechos de exportación a los productores trigueros. Éste fue financiado a través de un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina. La condición requerida para acceder al beneficio era declarar la cosecha en la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno. Los que solicitaron el reintegro apenas representaron el treinta por ciento del universo potencial.

La salida de Eduardo Buzzi de la presidencia de la FAA, en 2014, facilitó un mayor acercamiento con el gobierno nacional. El primer guiño oficial fue reflotar la línea de préstamos del Nación a los pequeños productores sojeros. La entidad bancaria había interrumpido esos créditos para evitar maniobras especulativas con las retenciones.

El acercamiento gobierno nacional-FAA generó un fuerte malestar en las restantes entidades agropecuarias. La Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas calificaron la medida crediticia como “discriminatoria e inconstitucional”.

El gobierno también incrementó el cupo de exportación de trigo para las cooperativas agrarias nucleadas en Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El kirchnerismo amplió el Programa de Estímulo para los Pequeños y Medianos productores en 2015. Eso implicó mayores porcentajes de devolución de los derechos de exportación para diferentes cultivos (trigo, soja, maíz y girasol) y el incremento de la compensación por litro de leche para los tamberos más pequeños.

En ese momento, la Presidenta CFK sostuvo que “el Estado está para proteger a los más chicos, a los más débiles en todos los campos. En la agricultura también”. “Tenemos la obligación de mirarnos a los ojos, de reencontrarnos, reconocer los errores, porque tal vez a los chacareros les contaron que yo era muy dura. Es cierto, a veces soy muy dura. Siempre he sido dura con los de arriba, jamás con los de abajo”, agregó Cristina Fernández de Kirchner. Esa decisión gubernamental implicó un beneficio estimado de 2500 millones de pesos para el 70 por ciento de los productores del país (alrededor de 46.000).

El macrismo también avanzó en una política pública “diferenciada” para la producción sojera. En esa línea, el oficialismo implementó una devolución adicional del 5 por ciento del valor FOB a los productores de la zona comprendida en el Plan Belgrano (Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca). El costo fiscal estimado oscila entre 60 y 100 millones de dólares.

El ex director de la FAA, Pedro Peretti, denunció que los principales beneficiarios de ese reintegro serán un “puñado de depredadores ambientales, disfrazados de “productores de soja de zonas alejadas del puerto”. “Pero lo peor de lo peor, no es la transferencia monetaria; es el mensaje implícito que conlleva la decisión, es un auténtico festival del retrógrado e inhumano modelo agrario de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas. La Argentina no resiste un metro más de soja ni un centímetro menos de bosque”, concluye Peretti en su artículo La Soja del Plan Belgrano.

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@diegorubinzal