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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, estimó que el índice de precios del corriente mes será menor al 1 por ciento aun sacando el efecto de la marcha atrás en las tarifas. De esa manera, desechó los reclamos de reapertura de paritarias que “hubiera tenido algún asidero dos meses atrás” pero no ahora cuando “la inflación ya no es un tema”. Respecto a la convocatoria a un acuerdo social que fije precios y salarios, expresó que no estaban dadas las condiciones cuando asumieron pero que pueden darse “a principios del año que viene”.

La baja de la inflación señalada por Prat Gay se sostiene en la política de mantener el dólar fijo y facilitar la importación de bienes. Aun así, el seguimiento de los precios de supermercados del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) muestra cierta aceleración en las primeras semanas de agosto que traducen el impacto de la suba de tarifas sobre los costos de producción, transporte y comercialización (el fallo de la Corte sólo suspende su aplicación a los hogares). Por lo que la baja inflación de agosto será el resultado de la cuestionable metodología de registrar el impacto de la marcha atrás de las tarifas a los usuarios residenciales ordenada por la Corte Suprema, no en el mes que se había contabilizado anteriormente, sino en el que se produjo el fallo.

Está claro que si, tras las audiencias públicas, se avanza en la suba de tarifas, la inflación volverá a acelerarse en los próximos meses. En ese contexto, la política de mantener fijo el valor del dólar hará aún más difícil a los productores locales resistir la apertura importadora, provocando el cierre de empresas y la destrucción de los puestos de trabajo.

El Indec acaba de informar que el desempleo alcanzó al 9,3 por ciento de los trabajadores. En ese sentido, un desempleo de dos dígitos parece ser parte de las “condiciones” buscadas para alcanzar un acuerdo social.

Bajo esa denominación está implícita una política de debate entre sindicatos, empresas y Estado sobre la distribución del ingreso, que luego se concreta mediante el congelamiento de una determinada estela de precios y salarios. Es una herramienta importante para romper la inercia inflacionaria, aunque en condiciones de debilidad del movimiento obrero por un alto desempleo, puede ser utilizada para cristalizar una baja del poder de compra de los salarios y dejar fuera de circulación a las paritarias, una de las instituciones “heredadas” más aborrecidas por el empresariado.

Una alternativa desde el lado sindical para evitar ser responsabilizados de boicotear la política contra la inflación, es aceptar un acuerdo social pero que no implique la abolición de las paritarias. Un ejemplo puede ser el congelamiento temporal de precios, dólar y tarifas mientras se negociaban paritarias en salarios reales, atando los posteriores aumentos salariales a la inflación resultante del período de congelamiento. Una forma de romper la inercia inflacionaria, sin ceder en términos de poder de compra de los salarios y manteniendo la principal conquista de los trabajadores en materia de discusión salarial y debate de las condiciones de trabajo de los últimos años: las paritarias.

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