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¿Están dadas las condiciones desde el punto de vista técnico para dar de baja la concesión del agua por incumplimiento empresario?
–Hay una serie de incumplimientos graves. Sin embargo, la caducidad de la concesión no es un hecho automático sino una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo. Nosotros señalamos los incumplimientos, pero el juicio sobre si es pertinente o no dar de baja la concesión excede la competencia del ente.
¿El aumento de las multas aplicadas a la empresa evidencia un peor desempeño en la prestación del servicio o un control más exhaustivo del ente?
–Se combinan ambos factores. Durante 2003 hubo un incidente serio que fue el corte del servicio de agua el 3 de septiembre y otros incumplimientos severos. Además, el ente cambió su dinámica de trabajo hasta tal punto que nosotros en el segundo semestre del año pasado hicimos la evaluación de los años 1999, 2000 y 2001 de la concesión. Sin duda, elente se puso en sintonía con el mayor control de los servicios privatizados que impulsa el Gobierno.
Hay quienes afirman que el aumento de las multas se inscribe en una estrategia del Gobierno tendiente a presionar a la empresa para poder negociar mejor.
–El mayor celo del Gobierno y del Ente es en el cumplimiento de la concesión. Nosotros sumando multas por incumplimiento mejoramos sólo de manera indirecta el funcionamiento del concesionario. Lo ideal sería que no fuera necesario aplicar sanciones.
¿Cuáles serán los pasos a seguir si finalmente se decide rescindir la concesión?
–No es prudente trabajar sobre la base de hipótesis. Hay un proceso de prenegociación y el Gobierno confía en que en los próximos días la concesionaria dará una respuesta positiva a las condiciones que contempla el acta transitoria. Confío en la madurez negociadora de la empresa. Si esto no es así tendremos que analizar detenidamente el nuevo escenario.