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Por C.C.

¿Es posible expandir las redes de servicios básicos como el agua o el gas natural sin un ajuste de tarifas que afecte a los pobres? El propio Banco advirtió que ese sector destina una proporción excesivamente elevada de sus ingresos al pago de esas prestaciones.
–La Argentina no es el único país del mundo en el que hay pobreza. En el diseño de una estrategia hay que considerar las necesidades de los pobres y cómo facilitar el acceso a los servicios. Esto puede hacerse a través de la tarifa social.
¿Le parece adecuada una tarifa social subvencionada por el Estado, el resto de usuarios y, sólo en menor proporción, por las empresas como prevé el marco regulatorio que el Gobierno mandó al Congreso?
–Prefiero no decir si ese mecanismo de subsidio es bueno o es malo. Los temas son un poco más complicados. Hay que crear una mesa de diálogo y determinar en cada servicio cómo universalizar los servicios o cómo mejorar la calidad, según lo que haga falta. Después hay que ver cómo se soporta el costo de subsidiar. La fórmula tiene que lograrse por consenso.
¿Y es una buena estrategia que sea el Estado el que defina el plan de inversiones de cada empresa privatizada?
–El Estado debe definir los grandes objetivos, y la inversión no es en sí misma un gran objetivo. Lo que le importa a un pobre es saber si tiene un servicio en su barrio y en su casa, no cuántos millones de dólares invirtió la empresa. Por eso la necesidad de los usuarios también talla. No es muy apropiado que sólo defina el sector privado o sólo el Estado.
¿Entonces es mala la idea de que el Estado defina los programas de inversiones?
–En la Argentina la inversión depende básicamente del sector privado. Y los servicios públicos requieren inversiones enormes que el Estado sólo no puede hacer. Por eso tiene que trabajar como socio del sector privado.
Insisto, ¿para expandir las redes de agua o gas es necesario un aumento de las tarifas?
–Prefiero no pronunciarme concretamente sobre un aumento de tarifas en esta etapa de las renegociaciones. Es un tema muy politizado y nuestro único interés es que una resolución de ese tema considere todos los aspectos: el social, el plan de negocios, la calidad del servicio, el programa de inversiones. También aquí hay que lograr una solución consensuada.
¿Eso implica considerar también la historia de la empresa privatizada: cuál fue su rentabilidad, si reinvirtió sus utilidades?
–Cuando dos partes se sientan a la mesa, cada una puede presentar su agenda. Yo no voy a decir cuáles son los puntos de esa agenda.
¿Le preocupa que el proyecto de marco regulatorio nacionalice el fuero judicial para resolver conflictos con las privatizadas?
–Se debate mucho sobre esa propuesta y hay muchos puntos que es necesario clarificar. Entre ellos, si la imposibilidad de acudir al Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) tendrá o no un efecto retroactivo. El propósito debería ser crear más certidumbre para atraer inversiones.