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JAVIER RODRIGUEZ
economista de la UBA y del CENDA

“La pretensión no tiene sustento”

“La pretensión de Monsanto no tiene ningún sustento. La ley 20.247 establece que los productores tienen derecho a reproducir la semilla para uso propio sin tener que pagar por ello. La empresa definió la estrategia de difusión del gen RR conociendo esa legislación. Por lo tanto, ahora no puede pretender que ésta se modifique para que los productores le paguen una regalía por el uso propio que realizan todos los años. Eso no sería producto de una ganancia originada en las nuevas tecnologías, sino que tendría el carácter de una renta, ya que luego del aporte realizado a la primera cosecha Monsanto no tiene ninguna participación en el proceso productivo. Ahora bien, si lo que quiere evitar es que los productores reproduzcan la semilla para luego venderla a terceros, lo que debe hacer es presentarse en los tribunales argentinos y denunciar a quienes lo hacen. Algunos empresarios del sector señalan que hay que negociar con Monsanto porque, para desarrollar nuevas tecnologías, se requiere sumas de dinero muy grandes que sólo pueden invertir esas multinacionales. El argumento tiene visos de verdad, pero se pueden buscar otras alternativas como, por ejemplo, impulsar desarrollos tecnológicos en cooperación con otros estados nacionales de la región.”

EDUARDO TRIGO,
economista Grupo CEO

“El comercio ilegal es la norma”

“Monsanto no tiene la patente del gen RR en Argentina, porque se presentó tarde a gestionarla. La empresa nunca refutó ese dato. El problema es que en el país el comercio ilegal de semillas casi se ha convertido en la norma del mercado y es en ese contexto que se genera la tensión. Si el porcentaje de semilla ilegal estuviera dentro de parámetros normales, Monsanto tendría muy poco que argumentar, ya que cobraría por la genética que ofrece al momento de vender la semilla. Lo que se está discutiendo no es sólo el cobro de regalías en la soja, sino fundamentalmente la necesidad de contar con un marco legal que proteja mejor una cadena de productos transgénicos que recién ha comenzado. Desde este punto de vista, la necesidad de generar una protección legal para las empresas que asegure un ritmo de innovación adecuado no es sólo una necesidad de Monsanto sino de toda la agricultura argentina. Cuando se observan los beneficios que generó la incorporación del gen RR a la soja, está claro que se debe negociar para garantizar el acceso inmediato a la biotecnología a pleno en nuestro sector más competitivo. Argentina debe privilegiar ante todo la optimización de su ritmo de innovación para mantener la competitividad y aumentar la productividad en el largo plazo.”

SEBASTIAN SZTULWARK,

economista UNGS

“Una oportunidad para intervenir”

“La cuestión central que se dirime en esta disputa es cómo las empresas multinacionales, que concentran buena parte del conocimiento biotecnológico, logran cobrar por el uso de sus innovaciones en las economías menos desarrolladas. La soja transgénica tiene la particularidad de que puede reproducirse biológicamente sin perder su calidad. Así, a través de un proceso de multiplicación para uso propio o mediante la compra a reproductores ilegales, los productores locales pudieron evitar parcialmente el pago de la nueva tecnología. Ante el fracaso del marco legal y de los mecanismos de control que garanticen el cobro al innovador, Monsanto reclama que sea el Estado argentino quien intervenga en su favor, a través de la imposición de una regalía global al estilo de las retenciones. Sin embargo, el Gobierno no debería ver este conflicto sólo como un reparto de renta tecnológica entre los productores argentinos y una empresa multinacional, sino como una oportunidad para intervenir con una perspectiva de desarrollo productivo, que permita orientar parte de ese excedente hacia el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica local, y así reducir la dependencia con unas pocas empresas multinacionales, en un campo en el que la Argentina cuenta con un enorme potencial de desarrollo.”