Otro gran mito construido con años de discurso mediático de la ortodoxia es que el país mantiene a una exorbitante cantidad de empleados públicos: nada más lejos de la realidad. Argentina es una de las naciones del mundo con menor cantidad de empleados estatales comparados con su población total. En países como Estados Unidos e Inglaterra, a los que nadie se atrevería a acusar de estatistas, aproximadamente el 12 por ciento de la población trabaja para el Estado. En la Unión Europea la media de empleados públicos respecto de la población total es del 8,5 por ciento. En Noruega el 16,7 por ciento de la población realiza tareas para el Estado. En Brasil casi el 8 por ciento de los ciudadanos es empleado público; en Uruguay son el 6,8 por ciento. En Argentina no llegan al 5 por ciento.

Hace poco se apuntó que la Secretaría de Medio Ambiente había contratado más de doscientos empleados, abordando así un tema sensible para la sociedad: la cantidad de personal que trabaja en el Estado. El Ministerio de Planificación y los entes de control que de él dependen no cuentan con el personal suficiente e idóneo para relevar las utilidades de las empresas públicas privatizadas. La AFIP, aunque ha mejorado su performance, está lejos de contar con el plantel que necesita para enfrentar a los cada vez más sofisticados estudios contables privados. El Ministerio de Economía no tiene la cantidad ni calidad de recursos humanos necesarios para realizar un seguimiento de costos y precios de los oligopolios formadores de precios en el país. En los hospitales faltan enfermeras. El listado sigue y es extenso.

La falta de empleados públicos es notoria y se nota en su desempeño. La constante disminución de empleados estatales comenzó con la dictadura que empuñó el famoso lema “achicar el Estado es agrandar la Nación” y se materializó en decenas de retiros voluntarios, congelamientos de contrataciones y achatamientos salariales que fueron alejando del Estado a los mejores recursos humanos.