Domingo, 16 de septiembre de 2007 | Hoy
“El problema del gasto público nacional no es si es bajo o alto en relación al Producto. Lo importante es que la política fiscal tenga sostenibilidad. Durante treinta años no la tuvo. Así fuimos generando una deuda pública que terminaba en crisis periódicas. Pedíamos dinero para financiar al Estado. Luego gastábamos gran parte del presupuesto en pagar intereses crecientes. Finalmente todo estallaba. Eso no lo tenemos ahora. La política fiscal actual es sustentable. O sea que todo lo que se viene diciendo sobre la cuestión fiscal no aplica ahora y la deuda pública va cayendo. Existe una buena recaudación y la refinanciación de la deuda nos dejó en una situación mucho más favorable que en el pasado. El problema del gasto es que tenemos una inflación que se está acelerando. Muchos países lo manejan con política monetaria. Brasil, Chile y México, entre otros, suben la tasa de interés, dejan caer el tipo de cambio y así mantienen los precios estables. Acá hay un consenso de no hacerlo. El Gobierno prefiere mantener las tasas bajas para seguir creciendo fuerte. Principalmente para que no se le caiga el mercado interno. Gracias a eso logró bajar la desocupación rápidamente. Pero, entonces, ¿qué hacemos? El control de precios sin controlar la demanda se ha demostrado ineficaz. Duró un tiempo y luego se desbarrancó. El único instrumento que queda es la política fiscal, por eso es que hay que gastar menos. Para bajar la inflación. No es el problema de siempre, es un problema de inflación. En economía no hay recetas mágicas. Hay unos pocos instrumentos para contener los precios y cada uno tiene sus consecuencias. Hay que elegir uno. El único que le queda al Gobierno, si no quiere tocar la tasa de interés ni el tipo de cambio, es dejar de subir el gasto.”
“Los cultores de la ortodoxia trinan indicando que se ha desbocado el gasto público. Estas afirmaciones merecen precisarse tanto desde el punto de vista teórico como desde el examen concreto de la situación. En primer término, y más allá de que en el primer semestre del 2007 el gasto de la administración nacional creció un 42 por ciento, si el sector público sigue siendo superavitario no habría razón alguna para que la ortodoxia se preocupe. En segundo lugar, que nuestro país culmine el año 2007 con un gasto total consolidado del 32 por ciento del PBI no sólo no es alto en términos internacionales, sino que tampoco supone alteración alguna respecto al promedio de los noventa, década en la cual los que hoy cuestionan estaban involucrados. No obstante, sí hay problemas a señalar. Estos remiten a la calidad del gasto, a las transferencias que se expresan en las distintas decisiones fiscales y en los límites que exhibe la recaudación. Resulta preocupante que el año 2007 finalice con un déficit financiero para la administración nacional que supera los 3000 millones de pesos. Déficit al cual se llega no por inversión de la totalidad de los recursos en la economía nacional, sino luego de afrontar más de 14.000 millones de deuda pública. El hecho expuesto se agrava al observar que el Poder Ejecutivo se apresta a cubrir ese faltante con los recursos procedentes del traspaso de aportantes del régimen previsional desde el sistema privado al público. En este sentido, pagar deuda con recursos que debieran sostener la movilidad de los haberes jubilatorios es un problema que revela que la problemática de la deuda no ha terminado, que el deterioro de la Seguridad Social sigue vigente y que la necesidad de un replanteo impositivo que con mayor equidad permita expandir el financiamiento público sigue siendo imprescindible. Por otro lado, resulta preocupante que parte del aumento del gasto se concentre en la expansión de los subsidios a las empresas privadas, convalidando situaciones de ineficiencia empresaria o abultando las ganancias extraordinarias de empresas petroleras que reproducen un modelo energético agotado.”
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