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¿Cuánto cree que se avanzó los últimos años en términos de democracia económica?

–Hubo intentos. Creo que se necesita apoyar a las organizaciones que disputen poder económico con los mercados. Ese es el gran desafío. La cuenta pendiente de esta década en nuestro país y en América latina es cómo fortalecer los procesos organizativos en términos de capacidad política, económica y de construcción simbólica, ya que estas organizaciones y las pymes constituyen el conjunto más amplio de las fuentes de trabajo.

–También se puede leer a la economía social y solidaria desde una perspectiva de derechos sociales, económicos y culturales.

–Sí. Hoy los organismos internacionales están reconociendo en la agenda del siglo XXI los derechos de tercera generación; y la economía social y solidaria tiene un rol clave. El Estado tiene un rol de garantizarlos y ponerlos en vigencia, pero muchas veces son las luchas de las organizaciones a partir de sus necesidades y búsquedas las que generan que después existan derechos. Porque los derechos son una construcción social que se gana, que se conquista, y los poderes quieren restringirlos.