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El Gobierno autorizó al FMI a supervisar nuevamente las cuentas públicas, en lo que entienden como una “vuelta a la normalidad”. Es cierto: desde el ingreso del país al Organismo en 1956, por casi medio siglo, el Fondo supo tener un rol clave en la economía nacional. Incluso en los ‘90, además de respaldar las políticas de liberalización económica, y presionados a justificarlas por sus fracasos en naciones del sudeste asiático, llegó a considerar a la Argentina como el ejemplo a seguir en lo relativo a la aplicación de las medidas económicas surgidas del Consenso de Washington que, desde los ‘80, venían desplegándose en Latinoamérica.

La crisis del 2001 y el colapso de la convertibilidad erosionó fuertemente la legitimidad del Organismo, que hasta último momento convalidó y respaldó las políticas de ajuste en procura de sostener ese modelo que condujo a la Argentina a la peor crisis económico–social de su historia. La voluntad política del Gobierno asumido en el 2003 permitió prescindir del Fondo en el diseño de la política económica, en un recorrido que tuvo, entre fines de 2005 y mediados de 2006, tres sucesos principales que marcaron el fin de una época en los lazos históricos de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, el pago anticipado y de una sola vez que el Gobierno de Néstor Kirchner anunció en diciembre de 2005, cancelando la deuda total, en sintonía con otros países de la región (Brasil y Uruguay). En segundo término, el cierre de la oficina del FMI en Buenos Aires para el mes de abril de 2006, y finalmente, en agosto de ese año, la salida de Anne Krueger como Subdirectora Gerente del Organismo, una funcionaria que había sido muy crítica con las medidas que se estaban tomando por entonces en el país.

El pago de la deuda al Fondo tuvo, sobretodo, implicancias políticas porque supuso el fin de la capacidad de supervisión y poder de control de las cuentas públicas locales. Desde entonces, todo lo que hizo el FMI fue emitir algunas consideraciones sobre la economía argentina en su tradicional informe económico anual sobre cada país miembro contemplado en el Artículo IV de su Estatuto, sin mayores consecuencias. Las famosas comitivas de representantes del Fondo eran parte del pasado.

Quizás una correcta evaluación de la “pesada herencia” con la que los funcionarios de la actual gestión buscan justificar el ajuste que se está aplicando debiera incluir los bajísimos guarismos de deuda/PBI que recibieron del kirchnerismo, lo que les permite iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo y conseguir, de ese modo, los dólares que no ingresan ni por vía comercial ni por inversiones, más allá de los cantos de sirena del establishment extranjero y vernáculo. Sólo este año la deuda externa se incrementará en aproximadamente 48.000 millones de dólares.

Así, valiéndose de la potente política de desendeudamiento del Gobierno anterior, el macrismo resolvió el litigio con los fondos buitre convalidándole ganancias de hasta 1600 por ciento. A la vez, las prioridades de la política económica hasta ahora pasaron por aumentar las transferencias de excedente hacia el sector financiero y el capital concentrado. Por lo tanto, lo que hoy se presenta apenas como un inocente restablecimiento de relaciones con un agente financiero que conduzca a restituir la presunta normalidad perdida, se trata, sin dudas, del paso previo a retomar créditos nuevamente del Fondo y restaurar su protagonismo perdido en los últimos 12 años.

La secuencia es conocida: las “pedidos” del Organismo contarán con los esfuerzos de la dirigencia local por cumplir con sus exigencias, aunque eso suponga un progresivo deterioro del tejido social y productivo como ya ocurrió en otras épocas. Sólo aquéllos sectores económicos con capacidad de competir internacionalmente serán los privilegiados de la nueva política económica, con un puñado de beneficiados de la agroindustria, algunos servicios financieros y ciertas industrias extractivas. El resto, a reconvertirse o desaparecer.

* UBA/Flacso/Unpaz. Fundación Generación del Sur