“Porque nuestros espacios son paredes escritas con historia pero sobre todo pintarrajeadas de presente, nos resistimos a desaparecer.” Así se presenta en su página el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), un colectivo que agrupa a diecinueve espacios culturales independientes de la ciudad de Buenos Aires. Alejados del centro, son lugares que intentan un vínculo estrecho con la comunidad, en los que el criterio artístico se sobrepone al económico y que aparecieron, en su mayoría, tras la tragedia de Cromañón. En su esencia está la multiplicidad de disciplinas y un modo de gestión colectivo. A cada instante un centro cultural alternativo abre sus puertas, pero siempre con el riesgo de tener que cerrarlas. Es que no hay una ley que los reconozca. Funcionan en peligro, escondidos, invisibles. Es una situación que quienes integran MECA no quieren más. Por eso redactaron un proyecto de ley y están juntando firmas para que lo trate la Legislatura porteña.

La lucha de MECA es interesante por diversos motivos. Tal vez el más significativo sea que en la capital cultural, en la ciudad del teatro, en la metrópolis de los grandes festivales, hay un grupo importante de personas que está proponiendo una idea de cultura: no es un negocio, puede ser comunitaria, autogestiva y participativa, y formar parte de la vida cotidiana de los barrios. Es un paradigma, una modalidad de producción que ya existe, pero que la ley no contempla. Coherentes con el modelo de cultura que defienden, los integrantes del Movimiento buscan que su propuesta llegue a la Legislatura como iniciativa popular: necesitan 40 mil firmas que estén de acuerdo, es decir, un 1,5 por ciento de los inscriptos en el padrón electoral. “Abrimos con temor a sufrir una clausura”, dice a Página/12 Claudio Gorenman, responsable del Club Cultural Matienzo y referente de Abogados Culturales, una plataforma de asesoramiento para los que le ponen el cuerpo al circuito alternativo.

Se intenta, de todos modos, que la ley no sea un parche ante las repetidas clausuras y multas, sino que sirva para los que, el día de mañana, construyan cultura a la manera de la Casa Brandon, El Emergente, El Surco o El Archibrazo. El proyecto reconoce la existencia de cuatro modelos de producción, en relación con cantidad de espectadores (el máximo es 500): casas de artistas, centros barriales y sociales, centros culturales y clubes de cultura. Es decir, atiende a todas las modalidades que se dan dentro del espectro alternativo, las más formales pero también las más informales. Adapta los requerimientos legales a las necesidades de los espacios autogestivos, flexibiliza trámites y acelera tiempos de habilitación, permite trámites gratuitos para emprendimientos no lucrativos y favorece la descentralización al reconocer el funcionamiento de los espacios en zonas no comerciales, entre otros items. No menos importante es que plantea exigencias en un tema tan delicado como la seguridad. “Somos herederos de Cromañón y tenemos una responsabilidad enorme: además de más cultura, tenemos que generar más seguridad”, subraya Gorenman. “Si antes tener un sótano era buena onda, ahora es peligroso.” Hay apartados para los medios de egreso, las prevenciones contra incendios y los primeros auxilios.

La realidad actual es bien diferente a la que el proyecto sugiere. “Hay un vacío legal”, destaca. Se suceden clausuras por motivos insólitos, muchos centros culturales pasan meses sin funcionar y, por ende, muchas personas se quedan sin ingresos, porque hay quienes se dedican full time a la gestión cultural independiente. Es que es una elección de vida. Las programaciones se paralizan. Asimismo, al no ser reconocidos por la ley, los centros culturales acaban registrados en categorías que no son fieles a su oferta múltiple y diversa. Como teatros independientes, por ejemplo. “Es una pseudo clandestinidad”, apunta el abogado. “Están funcionando, cumplen con los requisitos de seguridad, pero no tienen un papel que acredite su actividad”, sostiene. Gorenman aclara que la mayoría de los cierres que se produce no tiene que ver con faltas en materia de seguridad.

El proyecto, que según sus redactores no tiene antecedentes en América latina y que beneficiaría a más de un centenar de espacios desperdigados por la ciudad, fue elaborado en base a normas preexistentes. El vacío legal al que alude Gorenman se produjo en 2007, cuando se derogó el Régimen de Clubes de Cultura. El decreto de necesidad y urgencia 03/2005 reconocía la existencia de espacios no convencionales, experimentales y multifuncionales, pero fue dejado a un lado y reemplazado por leyes específicas para salas de teatro independiente, clubes de música en vivo y salones de peñas y milongas. Así, los centros culturales pasaron a la ilegalidad y a una situación de precariedad en cuanto a las habilitaciones, puesto que no hay figura que los contemple.

Por todo esto, hay problemas mayores y menores. Uno de los más graves es lo que ocurre con la música. Claro: es la disciplina más sensible porque quedó emparentada a la desgracia, y muchas veces se oye a los músicos decir que no tienen dónde tocar. “Es muy difícil conseguir habilitación como club de música en vivo, porque está pensada solamente para emprendimientos comerciales. Muchas propuestas culturales no pueden publicar sus presentaciones por temor a que los cierren”, explica Gorenman. La ley pondría un fin a este problema. La difusión dejaría de ser un riesgo. Llegar a la prensa es fundamental para la oferta cultural, en tiempos de híper comunicación y conexión.

Inspección de enchufes

Un día, a Enrico Santarelli le cayeron ocho inspectores y clausuraron El Archibrazo. “Había un rastrillaje por la zona”, grafica. Es que, al llegar, los inspectores dijeron que ya habían cerrado otros siete lugares similares en Almagro. El Archibrazo, una casona de la calle Mario Bravo al 400, está habilitado como club de música en vivo. Sin embargo, los inspectores le dijeron a Santarelli que no podía tener “bandas en vivo enchufadas”. Una fuerte discusión no dio frutos y derivó en una clausura y una multa de 42 mil pesos: el Gobierno de la Ciudad le pedía esa cifra a un centro cultural independiente, “por exceso de capacidad, cosa que no era así, y por el volumen, pero no mostraron ningún aparato de medición”. Los integrantes de El Archibrazo se presentaron ante una jueza y los inspectores no volvieron a aparecer. “Si no vienen otros que detecten los mismos errores no vamos a pagar nada”, se enfurece Santarelli.

El caso de El Archibrazo es uno entre muchos que se repite semana tras semana en la ciudad. No hay un registro de la cantidad. Los miembros de MECA reconocen que la ley consumió todas sus energías y que, por ende, están más enfocados en recoger firmas que datos empíricos. Tampoco hay un registro que refleje la cantidad exacta de centros culturales que funcionan actualmente. Eso es lógico, también, porque reina el temor: ¿quién querría estar registrado en algún lado si funciona en una clandestinidad no deseada? Santarelli da una idea de las posibles consecuencias: “Tuvimos que cancelar todas las fechas y talleres. Quedamos mal con mucha gente. Nos quitaron nuestra fuente de ingresos. Pensamos en hacer juicio al gobierno porteño por daños y perjuicios, pero nos dimos cuenta de que era luchar contra todos. Algunos de nosotros tienen otros trabajos, pero otros le ponemos todo nuestro tiempo a El Archibrazo, aunque no nos vaya muy bien”.

“Si montáramos una exposición de cuadros los inspectores nos podrían clausurar. Somos una cooperativa de trabajo, no buscamos llenarnos de plata. Las habilitaciones son inauditas. Y ni hablar del tiempo que tenés que esperar para comenzar a funcionar... ¡la plata que salen los trámites, la habilitación, el timbrado! Estamos tratando de cambiar la manera de consumir cultura. Por la gente y para la gente”, se explaya Santarelli. El Archibrazo ya reabrió sus puertas, pero San Nicolás Social y Cultural, también clausurado este año, no corrió la misma suerte. Sigue cerrado. Y, de nuevo, el problema fue la música. “Se nos dice que no podemos funcionar en el lugar donde estamos. Es decir, nos cerraron porque en este barrio no puede operar un emprendimiento de estas características”, explica Pablo Vergani, otro referente de MECA, que le ofrece cultura a Floresta.

Justamente, el tema de la zonificación es uno de los puntos fundamentales del proyecto de ley, porque se apunta a descentralizar la cultura. “Hoy casi que tenés que estar en el cruce de dos avenidas para hacer música. La ley entiende por música en vivo a un show multitudinario que necesita exclusivamente de un espacio comercial”, recalca Vergani. El día que el San Nicolás cerró sus puertas, había nada más que un cantautor con su guitarra arriba del escenario, escena que se repite en múltiples casas antiguas y galpones de la ciudad de Buenos Aires. Es decir: un show de un cantautor con su guitarra en el barrio de Floresta para unos pocos espectadores está prohibido por ley. Hecha la trampa...

Castigar a la periferia

Un informe de La Fábrica Porteña ilustra a la perfección la idea de que existe una concentración de la cultura. La paradoja es que a estos espacios, que operan en los bordes, cumpliendo con la democratización que propone la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se los sojuzga. Con un mapa, el informe deja entrever que la mayoría de los teatros, cines, museos, galerías de arte y librerías se ubican en el este y el norte de la ciudad. El oeste y el sur tienen menos opciones. “Los centros culturales son la excepción”, revela el documento. Aquí van algunos números: según datos del Sistema de Información Cultural de la Argentina –Sinca–, mientras la Comuna 1 cuenta con el 38 por ciento de los cines de la ciudad, las comunas 4, 8, 9 y 10, al sur y al oeste, no tienen un solo cine en todo el territorio. Los vecinos tienen que moverse varios kilómetros para ver una película en pantalla grande. La Comuna 1 también cuenta con la mayor cantidad de teatros, pero las 8 y 9 no tienen salas teatrales.

El documento elaborado por La Fábrica Porteña, que tiene como referente al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también se centra en cuestiones presupuestarias. Entre otras cosas, informa que las partidas destinadas a cultura aumentaron menos que el presupuesto general. Gorenman aclara que el proyecto de ley de MECA no tiene que ver con lo económico. Por ahora no están buscando fomento sino, simplemente, funcionar con tranquilidad. Manuel Socías, coordinador ejecutivo de La Fábrica Porteña, recalca: “Vemos una política cultural dependiente de festivales y de megaeventos, con un desprecio por la cultura barrial. Estos centros son instrumentos para compensar la concentración. Los festivales no están mal, pero debería haber una política más equilibrada”.

El Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación también investigó el tema. Ernesto Pereyra y Mariel Curuchet entrevistaron a integrantes de trece centros y rescataron su esencia. “Generalmente un grupo de amigos quiere tener un espacio donde proponer y hacer cultura”, explican. “Quiere manejar su propia agenda fuera del actual circuito comercial, generar propuestas de encuentro y de vinculación. Algunos tienen una historia de militancia política común, otros una trayectoria de amistad y otros encuentran compañeros de aventura en la misión de generar un espacio autónomo donde la cultura sea más que una presentación.” Según se desprende del informe, la proliferación de centros culturales está ligada a las tragedias de Cromañón y de Beara: el cierre de salas generó la necesidad de buscar alternativas para mostrar producciones artísticas.

El 90 por ciento de los espacios que formaron parte de esta investigación está habilitado como sala de teatro independiente, club cultural o galería de arte. O sea: mal habilitado. “Tienen serias dificultades para promocionar sus acciones”, escriben Curuchet y Pereyra. “Es una especie de anonimato indeseado. En el 70 por ciento no hay cartelería ni señalizaciones que indiquen que hemos llegado a destino. Es otra manera de invisibilizar acciones, de negar existencias.” En cuanto a la organización económica, algunos cobran el 30 por ciento de lo recaudado en entradas, otros alquilan el espacio y otros cobran un porcentaje a talleristas según cantidad de alumnos. “No todas las actividades son pagas, algunas son completamente gratuitas y otras a la gorra”, subraya el estudio. Lejos de avenidas y vidrieras, muchos centros son viejas casas que empiezan a ofrecer teatro, música, cine y talleres para los vecinos.

El proyecto de ley de MECA se presentó el lunes 18 de noviembre en Matienzo, pero hace tres años que está dando vueltas. En 2010 hubo un primer intento. “Teníamos apoyo de legisladores. Era un parche ante la urgencia de no tener siquiera rubro habilitatorio. Estuvo dos años en la Legislatura. Pero en este tiempo trabajamos con más de un centenar de espacios este nuevo proyecto, que es revolucionario y es más ambicioso. No queremos ceder en ninguna cuestión trascendental”, dice Gorenman que, junto a sus compañeros en esta lucha, desea fervientemente que la propuesta se convierta en ley el próximo año. “Tuvimos reuniones con asesores. Pero para nosotros es importante que se entienda que es apartidario”, cierra.