El momento trágico de la historia latinoamericana con la destitución y condena de la presidenta Dilma Rousseff –que excepto que suceda un milagro se concretará, finalmente, el próximo 2 de septiembre– provoca una mezcla de rabia y congoja, pero a la vez es un llamado perentorio a la lucha y movilización de las fuerzas democráticas de la región. El país que supo liderar durante la última década un proceso de transformaciones sociales sin precedentes es ahora el laboratorio de experimentación de un nuevo tipo resquebrajamiento institucional que puede extenderse por todo el continente. Golpe en Brasil. Genealogía de una farsa es una antología de textos escritos entre abril y junio de 2016 –período en el que se inició el juicio político a Rousseff– por un conjunto de intelectuales ligados al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), entre los que se destacan Eduardo Fagnani, Pablo Gentili, Amy Goodman, Glenn Greenwald, Paulo Kliass, Frei Betto, Cuauhtémoc Cárdenas, Michael Löwy, Adolfo Pérez Esquivel, Luiz Gonzaga Belluzzo João Feres Jr., Immanuel Wallerstein, Leonardo Boff, João Pedro Stédile, Elodie Descamps, Tarik Bouafia, Raúl Zibechi, Pedro Paulo Zahluth Bastos, Guilherme Santos Mello, Mark Weisbrot y Boaventura de Sousa Santo. “Callar frente al atropello que transita el Brasil, y sus sectores populares, es legitimar un quiebre institucional que pone en riesgo el futuro de Latinoamérica. El porvenir del Brasil, nuestro líder regional, es el de cada uno de nosotros. No hay espacio para la indiferencia”, plantean Víctor Santa María y Nicolás Trotta en el texto de presentación de este libro, publicado conjuntamente por la editorial Octubre, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y Clacso, que Página/12 ofrecerá con el diario de mañana en compra opcional a 50 pesos.

Pablo Gentili, editor del libro, secretario ejecutivo de Clacso y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), recuerda en uno de los textos que integran Golpe en Brasil que 36 de los 65 miembros de la comisión de impeachment, que elaboró el informe favorable a la destitución de Dilma, enfrentan acciones judiciales por los más diversos delitos. La sesión de destitución estuvo presidida por uno de los políticos más corruptos de la historia democrática brasileña: Eduardo Cunha. Y el primer secretario de la Cámara, Beto Mansur, fue condenado por trabajo esclavo y trabajo infantil en sus haciendas. “Antes de asumir como presidente, Lula dijo una frase que le costó muchísimo, pero la situación no ha cambiado sobre el parlamento: ‘este es un antro con 300 picaretas’. ‘Picaretas’ quiere decir delincuentes, pero en el sentido más peyorativo del término. Eso motivó muchísimas críticas que planteaban que Lula iba contra la democracia. Quizá ahora hay un poquito más de 300 picaretas”, ironiza Gentili.

–¿Qué peligro implica para la región que ahora se haya encontrado un resquicio legal, desde las propias instituciones democráticas, para ejecutar golpes?

–Lo que hay de dramático en la situación de Brasil es que el parlamento utiliza un recurso que fue creado en la Constitución de 1988 para proteger a la democracia de los abusos de poder de sus presidentes. La figura del impeachment es como una autoprotección del sistema político brasileño ante posibles situaciones de fraude o “delitos de responsabilidad” que violan la carta magna. El impeachment se aplicó con (Fernando) Collor de Mello por una serie de casos de corrupción que lo involucraban; pero no llegó a ser destituido porque Collor de Mello renunció horas antes de que lo destituyeran. El caso de Dilma es muy diferente y mucho más complejo porque cuando empiezan las investigaciones sobre corrupción en Petrobras y otras empresas públicas, que involucran a casi todos los partidos políticos más importantes de la oposición, incluido el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), que era el principal aliado del PT (Partido de los Trabajadores), se la trata de involucrar a Dilma en algún caso de corrupción para justificar un proceso de impeachment. No sólo no lo consiguen, sino que las investigaciones de corrupción en las empresas públicas involucraron al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; al presidente del Senado, Renan Calheiros; y al vicepresidente de la República, Michel Temer. El gran problema que hay en la investigación de los casos de corrupción es que en la medida en que avanzan muestran que los casos del PT son relativamente menores cuando se los compara con los de otros políticos de la oposición, como Aécio Neves, que fue el candidato a presidente. A Dilma no le encontraron nada. Por lo tanto se define un plan B, que es cómo destituir a Dilma con un impeachment si no hubo corrupción. Hasta que unos abogados encuentran esta figura jurídica traída de los pelos, que es la administración del presupuesto y las cuentas públicas del año 2015. Se ha demostrado hasta el hartazgo que la gestión del presupuesto nacional, tal como la hizo Dilma –del mismo modo que lo hizo Lula y Fernando Henrique Cardoso– no es un delito. Esto es algo que los diputados, por mayoría, definieron como si fuera un delito. La Suprema Corte dice que los diputados determinan cuál es el motivo del impeachment. Todo esto es una farsa política que lo único que pretende es destituir a Dilma. Y lo van a conseguir.

–¿Existe alguna chance de revertir este golpe y evitar que Dilma sea destituida y condenada?

–Una posibilidad remotísima es que varios senadores que tienen que votar cambien su voto y digan que no hubo delito. Pero ya anunciaron que van a votar en contra de Dilma. Otra opción es que el avance de los juicios por corrupción ponga en evidencia una vinculación muy directa de Temer con casos de corrupción que obliguen a un acuerdo político porque la destitución de Temer puede significar un desajuste político inmenso. Esto no evitaría que la destituyan a Dilma, sino que aceleraría la salida de Temer. Y hay muchos indicios de casos de corrupción que involucran a Temer. La tercera posibilidad es un estallido social, con la gente saliendo a la calle, rompiendo vidrieras de bancos, incendiando coches, y la policía reprimiendo. La policía reprimiendo es el estado natural de la policía en Brasil; por lo tanto eso no sería difícil de conseguir. Lo que es difícil de conseguir es que la gente salga a las calles y se movilice. Temer, a partir del 3 de septiembre, va a estar sometido a un proceso de debilitamiento porque lo que quiere la oposición es que Temer desaparezca del mapa en 2018. Temer es una solución temporaria para los grupos de poder de Brasil; fue la forma de deshacerse del PT. Es necesario que la derecha en Brasil construya un candidato porque no tiene un (Mauricio) Macri. No hay una figura que pueda ser el referente brasileño de esta nueva forma de neoliberalismo que propone Macri: una mezcla de política naif con represión, ajuste económico y reducción de derechos en un clima de fiesta y de globos. Lula tiene hoy mejores chances electores en 2018; por lo tanto la derecha en Brasil tiene que conseguir a alguien que le pueda ganar a Lula, porque Temer no le gana ni a su mamá.

–¿Dilma puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

–Sí, pero es derecho al pataleo porque la CIDH puede decir que Dilma tiene razón, pero no vincula ni obliga a ningún Estado a hacer nada. Sería una forma de lavar el alma, como dicen los brasileños, si la CIDH dice que hubo abuso de poder y que los que cometieron delito fueron los parlamentarios.

–Si Lula es elegido presidente en 2018, ¿le puede pasar lo mismo que a Dilma, que al día siguiente de ganar las elecciones comience un nuevo golpe y le quieran hacer un impeachment?

–Sí, el golpe en Brasil lo que pone de manifiesto es que hoy los sectores dominantes despliegan sus fuerzas parlamentarias y los medios de comunicación para jaquear a la democracia. El juez (Sérgio) Moro es una especie de Batman que está imponiendo justicia en ciudad Gótica. Aunque esté cometiendo una enorme cantidad de delitos, se los perdonan. Esto es más o menos como ocurre con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo: si hay que torturar, se tortura; si hay que mentir, se miente. La tesis del juez Moro es que el PT es una banda delictiva que se ha dedicado a expropiar los bienes públicos del país. Como no puede demostrar esto, en el medio se le cruzan otras bandas delictivas que no son las del PT y que sí se han beneficiado de la corrupción. Todo esto se puede volver inmanejable y así como apareció el juez Moro, que quiere hacer justicia en ciudad Gótica, puede aparecer Superman, que piensa diferente al juez Moro y tiene otras víctimas en su horizonte. La judicialización de la política es un gran riesgo para América latina.