La compra de las radios hasta ahora pertenecientes al grupo mexicano CIE–Rock & Pop, que fue adquirido por el ex banquero menemista Raúl Moneta y Matías Garfunkel, sigue generando movimientos, esta vez judiciales. Después de la denuncia ante la Autoridad de Aplicación (ex Comfer) del funcionario Gustavo López y de la titular de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, Silvia Vázquez, ahora ambos solicitaron, tal como habían anticipado, en la Justicia una medida cautelar. La presentación dice que “para comprender en profundidad la violación de la norma y el peligro sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, debemos señalar que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reinstala cláusulas antimonopólicas que ponen un límite a la cantidad de licencias”, lo cual estaría siendo violado por la compra del paquete de radios que incluye Rock & Pop, la Metro y San Isidro Labrador, entre otras. La presentación exige una medida cautelar que permita la “suspensión de los efectos de los contratos, y se solicite la intervención de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Por otro lado, una fuente del grupo inversor que adquirió las radios de CIE dijo ayer a Página/12 que “llama la atención el prejuzgamiento de la operación cuando hay un plazo de 180 días para presentar la documentación ante el Comfer”. Como se sabe, la ley fue votada por amplia mayoría en el Congreso, publicada en el Boletín Oficial y actualmente está en etapa de reglamentación, mientras que dos jueces del interior hicieron lugar a reclamos. Por otra parte, ayer Mario Pergolini volvió a emitir un comunicado en video, en el cual señaló que “para los que dijeron que fui ambiguo, quiero decir que esto me parece una cagada. Pero son cuestiones empresariales”, para luego afirmar que “el lunes nos estamos viendo y escuchando”, en referencia al retorno de ¿Cuál es? por Rock & Pop.