Dos impactos más, evolutivos y necesarios, movieron el avispero de la política músico-cultural en Argentina. A comienzos de este mes, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad tres proyectos de ley que, en principio, regulan y clarifican la actividad en tres escenas: shows de música en vivo, teatro independiente y milongas. De ser aprobada por el Poder Ejecutivo, la ley echará por tierra el débil decreto de Clubes de Cultura –DNU 3–, promulgado por Aníbal Ibarra, y acomodará, en principio, el entramado burocrático y normativo que impide el natural desarrollo de la actividad artística. Por otro lado, el máximo tribunal de justicia del gobierno de la ciudad declaró “admisible” el juicio iniciado por la UMI (Unión de Músicos Independientes) al gobierno porteño, que pide la inconstitucionalidad de algunas normas vigentes que violan –según los demandantes– los principios de igualdad y razonabilidad, el derecho de propiedad sobre una obra intelectual y el derecho a trabajar como músico, entre otros.

En el primer caso, y si la ley –ideada por la legisladora kirchnerista Inés Urdapilleta– prospera, favorecería la normalización o creación de unos 700 locales. Bajo la figura de “Clubes de Música en vivo”, cualquier emprendedor podrá montar un lugar con una superficie de hasta 500 metros cuadrados y espacio para 300 personas. En principio, y ante los graves problemas del postCromañón que terminaron con un tendal de lugares clausurados –El Club del Vino, Marquee, Harlem Club, Pigmalión, Cocoliche, entre muchos otros– y falta de trabajo para músicos, sonidistas, plomos, iluminadores, etc., la iniciativa suena esperanzadora. El proyecto –que modifica el Código de Planeamiento Urbano– especifica, además, que en todos esos lugares se podrán expender comidas, bebidas, discos, videos, revistas, ropa y calzado. Y termina con el entrecruzamiento poco claro de normas que dejaban la habilitación o no de lugares al libre arbitrio de inspectores, funcionarios o empresarios interesados en monopolizar la actividad. Hoy se calcula que unos 200 locales están trabajando “clandestinamente” y otros 100 han desaparecido.

Según un testeo de Página/12, entre los músicos la iniciativa genera posiciones encontradas. Para José Luis Fernández, ex bajista de La Máquina de hacer Pájaros y actual solista, que acaba de editar su nuevo disco Piedra por cristal “resulta un alivio saber que los músicos independientes no estamos solos”, dice, y luego justifica: “Bastante tienen que soportar los músicos con la monopolización de los medios que ponen trabas para las nuevas canciones que el público tiene derecho a escuchar, como para también tener que tolerar que los espacios para recitales en vivo sean escasos”. Luciano Napolitano, hijo de Pappo y líder de Lovorne, también apoya y exige “que la ley obligue a los dueños de bares o pubs a tener bandas sonando en vez de discos”. Agustín Guerrero, director de la Orquesta Cerda Negra, focaliza en el tema de las milongas. “Cuando se prohibieron las milongas con presentación de orquestas en vivo no sólo se perjudicó a las orquestas, sino también clubes como el GON, que habían vuelto a tener vida y eran muy concurridos. Había mística, alegría y precios baratísimos de comidas y bebidas, lo que hacía que nadie se sintiera estafado. Nosotros tuvimos que abrir una milonga en un club del GBA (Club Unión de Olivos) para seguir adelante. Creo que ahora con esta ley se está reparando ese error.” En positivo se expidieron también el cantautor tanguero Juan Vattuone, Juan Tordó –baterista de La Missi-ssippi– y el Vasco, baterista del grupo MAD.

“Después de Cromañón –sostiene el baterista-manager–, se cayó en una situación de limbo burocrático que impide que locales que quizá tienen todo en regla, no puedan brindar shows, sólo porque hay un exceso de represión legislativa, originada en una hiperprotección del status de vida de cada funcionario afectado. Para decirlo en criollo, se cuidan el culo para no perder el puesto, prohibiendo por las dudas. Por eso, esta norma es muy importante y no hace más que reglamentar un proceso natural de descontractura burocrática después de aquel fatídico día.” Sin embargo, otras voces del rock independiente son más cuidadosas. El incombustible Boom Boom Kid, ex Fun People, se muestra escéptico: “Yo no creo en los políticos, esperar algo de ellos es gastar el tiempo”, sostiene. Igual que Mosky Penner, ex guitarrista de Las Manos de Filippi: “La ley puede ser un aporte para las bandas under, pero ¿quién manejará estos sitios?, ¿quiénes se beneficiarán? Si el fin es que los mismos grupos under manejen todo, me parece bien. Ahora, si les terminan dando la concesión de los lugares a bolicheros con cabeza de bolicheros... vamos para atrás”, sentencia.

Pero la mayor crítica proviene, casualmente, de la otra pata combativa: la UMI. Según su presidente, Diego Boris, la ley Urdapilleta no cambia nada. “Si bien el proyecto no está mal, porque te da una figura –admite– nosotros pensamos, por el contrario, que no tiene que haber una figura, porque la misma está supeditada a los mismos controles y reinstala la idea de que la música necesita de un permiso especial.” El nervio de la demanda de la UMI está precisamente en la obligatoriedad de un permiso especial para ejecutar una obra en vivo. “Nosotros vamos hacia un lugar más de fondo. Hay que declarar inconstitucionales determinadas pautas con las que convivimos. Muchas son de 2005, otras de 2006 y otras, históricas. Es decir, no deberíamos necesitar un permiso especial para trabajar de músicos. De aquí se plantean varias cuestiones constitucionales... vos, como músico, tenés derecho a hacer conocer tu obra en vivo. Ahora, ¿qué pasa, cuando vas a ejecutar ese derecho te dicen ‘no... necesitás un permiso especial’? Hay una contradicción entre una ley y otra. Además, se vulnera la igualdad ante la ley: ¿por qué un poeta sí, y un poeta con una guitarra no? ¿Por qué el poeta no necesita un permiso especial y el payador sí?... como si el payador cambiara las condiciones por las cuales el lugar fue habilitado”, contraataca Boris.

La acción declarativa de inconstitucionalidad que la asociación presentó ante el Tribunal Superior de la ciudad –considerada admisible por tres votos a dos– va contra varias exigencias: la de impedir que haya más de una persona por metro cuadrado, la de presentar un cronograma de eventos con doce meses de antelación, la de restringir horarios para la actividad, etc. “Iniciamos acciones legales porque sostenemos que Jorge Telerman mantuvo una actitud de persecución contra la actividad musical. Creemos, sin dudas, que hay persecución política. Y mucha esquizofrenia. ¿Cómo puede ser que el Estado no se controle a sí mismo? El ejemplo es que organiza actividades en lugares que después clausura, como pasó en La Vaca Profana.” El fallo de la Corte, en breve, se le notificará al jefe de Gobierno y luego éste llamará a una audiencia pública para que cada parte exponga sus razones, y de ahí, a la sentencia. “Si el fallo sale a favor nuestro –se esperanza el guitarrista de La Tolva– cambia totalmente el panorama de la música en Argentina, porque ya nadie te va a pedir un permiso especial para tocar.”