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Viernes, 24 de febrero de 2006

RAMOS GENERALES

Correr las fronteras, reclamar justicia

Durante el desarrollo del 124º período de sesiones de la OEA que comienza el lunes en Washington (y se extiende hasta el 17 de marzo), se realizará una Audiencia sobre Feminicidio en América latina. La iniciativa es el resultado del insistente reclamo que un colectivo de organizaciones y redes de movimientos de mujeres y organismos internacionales de derechos humanos (entre muchas otras: Cladem, Católicas por el Derecho a Decidir México, Red Ada de Bolivia, organizaciones de Guatemala) llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El nivel de violencia en contra de mujeres y hombres en toda la región es, en general, muy alto –declararon desde el comité organizador–, sin embargo, en el caso del feminicidio existe el agravante de la discriminación por género. Esta discriminación se pone de manifiesto por el tipo de violencia, pues muchas veces presenta componentes de violencia sexual, además de que subyace la falta de prevención, así como de una investigación seria y diligente para este tipo de asesinatos, lo que demuestra que para las autoridades ésta no es una situación grave o prioritaria, y esto propicia que los crímenes se mantengan en la impunidad y se continúen cometiendo”. Con los feminicidios de Ciudad Juárez y Guatemala como casos que evidencian con mayor crudeza la necesidad de una acción, algunas de las impulsoras plantean la posibilidad de reclamar a la Corte Internacional de La Haya que se considere tipificar los asesinatos de género como genocidio.

Gays y chicas

“Hostigamiento contra homosexuales por parte de miembros de grupos armados ilegales”, además de “violencia e inequidades, especialmente en las áreas de ingresos, empleo, participación y salud” cuando se trata de mujeres. Esos son los puntos más notables que Louise Arbour, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltará cuando presente ante la Comisión de DD.HH. de la ONU la investigación sobre derechos humanos que realizó en Colombia durante 2005. El informe es el resultado de un trabajo en tres áreas: la observación directa, sistemática y analítica; el procesamiento de quejas hecho de acuerdo con definiciones establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario; y el estudio a partir de datos y estadísticas oficiales. El maltrato hacia los gays, afirmó Harbor, se ve agravado por la ausencia de políticas públicas específicas para prevenir y sancionar la discriminación (en especial en instituciones educativas, laborales, policíacas y en centros de reclusión). Las dificultades para las mujeres, por lo demás, se agravan cuando se trata de indígenas, afrocolombianas, pertenecientes a comunidades aisladas, desplazadas o en situación de extrema pobreza, lo que deriva en “mayores riesgos de ser víctima de prostitución y trata de personas”.

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