VIOLENCIAS
El primer juicio por jurado a partir del caso de Jennifer Ayelén Kysilka, absuelta por considerarse que apuñaló a su padre en defensa propia, asoma como una bocanada de aire nuevo en el esquema judicial argentino. Pero los cuerpos descuartizados de dos adolescentes en Misiones y Entre Ríos desdibujan el optimismo para recordarnos que el NiUnaMenos es más urgente que nunca.
› Por Roxana Sandá
“Nosotros el jurado, en nombre del pueblo, encontramos a la acusada Jennifer Ayelén Kysilka no culpable del hecho que se le imputó por haber actuado en un estado de legítima defensa en el contexto de violencia de género.” A Jennifer Kysilka le cayeron lágrimas incrédulas, no terminaba de comprender que la presidenta del jurado, Cleydes Mendizábal, leyera el miércoles pasado un veredicto final con perspectiva de género, sin dobleces ni estigmatizaciones. Tenía miedo, precisamente, de que el #NiUnaMenos quedara muy lejos de los tribunales de Azul donde la juzgaron. Se llevó una sorpresa inmensa. En lo que constituye el primer juicio por jurado de la región se declaró “no culpable” a la joven que en 2014, durante una de las tantas agresiones físicas y verbales que su padre cometía contra ella, lo apuñaló. Juan Carlos Kysilka, un violento histórico de Olavarría, sospechado de abusar de sus hijas desde pequeñas, falleció horas después.
Que la decisión del jurado fuera unánime y una mujer la elegida para presidirlo y transmitir la conclusión de un debate “en el cual estuvimos desde un principio de acuerdo en los atenuantes que se presentaron respecto de la causa” y en el que “no tuvimos dudas en la decisión que tomamos”, es histórico porque avanza hacia una concepción descriminalizadora de las víctimas. Reanima y recarga de sentido las luchas incansables de familiares y de las propias víctimas que el sentido común de un grupo de mujeres y hombres de a pie logre superar por fin una mirada arcaica de la Justicia. Tecnicismos cuestionables y laberintos ideológicos patriarcales que desde hace décadas vienen trazando un camino de fallos condenatorios cada vez que las mujeres violentadas y pobres en su mayoría son quienes se sientan en el banquillo.
Cleydes Mendizábal es una peluquera de Olavarría. Varios medios jugaron sucio con el manejo del dato, que fue utilizado en un nivel de prejuicio deplorable para denostarla o poner en duda su capacidad como presidenta del jurado, selección que se hizo por sorteo y que pasó por dos filtros para llegar a los 12 jurados titulares y 6 suplentes. Las muestras de desprecio le preocuparon tanto como la cuadratura del círculo: “Hemos tenido una muy buena experiencia y he vivido una situación que no me imaginé nunca vivirla en este lugar”, dijo a cronistas del diario digital Infoeme. “Es la primera vez, me tocó estar presente y lo considero muy positivo.” El defensor oficial Martín Marcelli aseguró que “es el sistema más ideal de hacer Justicia porque se juegan otras variables”, despojadas de esquemas preestablecidos.
Desde que tuvo uso de razón, Jennifer, sus hermanos y su madre, Marcela Sierra, sufrieron los maltratos de Kysilka. La chica de 20 años soportó “de todo. Cuando tenía 13 años intentó abusar de mí y de mis hermanas también”. Hasta los 14, cuando se fue de casa pero volvió “porque sentía que tenía que estar con mi familia”. Una noche de febrero de 2014, el hombre comenzó a insultarla en una de las habitaciones de la casa y terminó dándole trompadas en la cabeza hasta que ella dijo basta. Marcelli dijo que se trató de una legítima defensa “porque hubo una agresión ilegítima. Kysilka era violento y ese día agredió a su hija, como siempre. La diferencia es que ese día ella se defendió”. Pamela Bustos, una amiga y vecina de Jennifer, confirmó la violencia intrafamiliar. “Más de una vez vi golpeadas a Jennifer y a su mamá.” La hermana menor, María Luz Kysilka, no quiso atravesar el mismo infierno, se había ido de la casa hace tiempo. Los ataques eran figurita repetida: “Mi papá consumía droga y alcohol y si él quería tomar y no tenía, había que salir a buscarle y si volvías sin nada te cagaba a palos.” Las mujeres todavía lamentan la ausencia de redes de protección.
Este miércoles, el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, presentó un documento en el Ministerio de Seguridad bonaerense que propone el diseño de intervenciones y acciones para garantizar una respuesta policial y judicial idónea, inmediata y oportuna frente a episodios de violencia contra las mujeres, como los que imprimió Kysilka en los cuerpos de su mujer y sus hijas. El estudio, basado en una investigación que realizó el Observatorio de Violencia de Género (OVG), “impulsa iniciativas que permitan crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan utilizar el sistema de administración de Justicia a fin de reparar los actos de violencia sufridos y puedan recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos”, que eviten instancias de revictimización.
En la mañana que Jennifer fue absuelta, se encontraron en Concordia parte de los restos de la adolescente de 17 años, asesinada y descuartizada, Josefina López, desaparecida desde el 29 de julio. La policía detuvo al novio de su tía, Juan Carlos “El Víbora” Acuña, de 36 años. La mujer declaró que Acuña le dijo “yo la maté” cuando ella fue a la jefatura de policía donde está detenido para visitarlo y llevarle ropa, porque aún lo quiere. Acuña le habría impuesto relaciones clandestinas a la adolescente, que quiso poner fin a la situación y lo amenazó con contarle a su tía sobre esos encuentros. El fiscal a cargo, Fabio Zabaletta, considera que se trata de un “homicidio agravado por femicidio”. Cuatro días después apareció en Posadas el cuerpo de Horacelia Génesis Marasca, de 16 años, descuartizada por su pareja y padre de su bebé de siete meses, Martín Monzón, de 34 años. El cuerpo mutilado después de una discusión que culminó en femicidio fue repartido en bolsas de consorcio que Monzón trasladó en el carrito del bebé. Horacelia lo había denunciado dos veces por violencia de género y 48 horas antes de desaparecer le dijo a su madre, Norma Benítez, que “Martín me cagó a palos y me quiso estrangular”. El día que desapareció, Monzón fue hasta la casa de Norma para entregarle al bebé en el mismo carro con que cargó lo que quedaba de Horacelia.
Un informe del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y la Fundación UADE demostró que una de cada 10 mujeres reconoció haber sido maltratada por su pareja en el último año. Cuesta ver en la experiencia de Azul el vaso medio lleno cuando las matanzas siguen girando entre los machos heridos, emotivos violentos o dueños de un desprecio que cosifican a las mujeres como objetos que se pueden usar, despedazar, arrojar en bolsas de residuos o golpearlos hasta el desmayo para que cuando vuelvan en sí reconozcan el llamado al orden. Nunca tan claro como en estos últimos meses que el NiUnaMenos es una construcción cultural y de empoderamiento a largo plazo. Y por sobre todo colectiva.
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