Si la Justicia Civil de Familia pasara al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, un viejo anhelo del fuero porteño y varios proyectos de ley en danza para elevarlos en el transcurso del año al Congreso, las 66 personas que se acercan cada mes al servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación perderían una de las herramientas fundamentales de asistencia jurídica de las mujeres. Precisamente, el único requisito que exige ese servicio es que el reclamo pueda plantearse ante la Justicia federal o nacional de la Ciudad. “De concretarse el traspaso de los juzgados de Familia, el programa desaparecería tal como funciona hoy”, advierte la titular del organismo y responsable máxima del Programa, Stella Maris Martínez. Aunque evita hacer proyecciones, estima que ya no podrían seguir moviéndose las fichas en los mismos términos, incluso cuando ese sistema dotó a miles de mujeres víctimas de violencias, de patrocinios letrados que les permitieron actuar jurídicamente. La demanda es fuerte y el incremento de casos notable: tres de cada diez mujeres asistidas manifestaron que los denunciados incumplieron las medidas de protección y que en uno de cada cuatro casos se denunciaron nuevas agresiones, según el informe anual que presentó ayer la defensora junto con la Comisión de Temáticas de Género del organismo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. A partir del análisis sobre 1.209 expedientes judiciales en los que se brindó patrocinio jurídico, el documento refleja las limitaciones de la Justicia cuando las mujeres denuncian. La mayoría -854- configura casos de violencia en las relaciones interpersonales, en situación de alto riesgo, y espera obtener medidas de protección en el fuero civil con asiento en la Ciudad. El 87 por ciento de las asistidas son madres, y una alta proporción tiene hijxs en común con el denunciado. En más de la mitad de los procesos, la notificación de las medidas de protección otorgadas quedó a cargo de la denunciante, “lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas”, concluye el estudio.

¿Qué estrategias podrían amortiguar el impacto sobre el servicio de patrocinio jurídico gratuito que provocaría la transferencia de los tribunales de Familia al ámbito porteño?

–No sería un riesgo si el progama fuera tomado por la Defensoría de la Ciudad, pero no sé qué va a ocurrir. Sólo digo que ya no podríamos seguir trabajándolo en esos términos porque no podríamos actuar más ante la Justicia nacional. La Ley 26.485 –de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- prevé el patrocinio jurídico, y en noviembre del año pasado se aprobó otra que establece el mismo sistema para todo el país. Pero el problema acá no es que se dicten normas, tenemos un montón de leyes hermosas que no se cumplen. Lo importante es que la misma ley asigne los recursos económicos. Si dijera “el tanto por ciento de este impuesto va a servir para financiar esta estructura”, tendría mayor credibilidad. Y hay un segundo punto muy importante: la gente que se dedique al patrocinio de mujeres víctimas de violencia tiene que ser previamente capacitada. No es una cuestión que puede tomar cualquiera ni un estímulo para abogados recién recibidos. Tiene que ser una persona formada en género.

El tratamiento de la temática suele quedar reducido a un problema técnico.

–No es un problema técnico, hay toda una realidad vinculada a cómo debe tratarse a la mujer víctima de género, cómo hacerla sentir segura, el criterio que hay que tener para detectar cuando el riesgo es grande o pequeño, y eso no lo hace cualquiera. Además hay que sumarle que los abogados o abogadas que hacen este trabajo, sobre todo cuando son mujeres, sufren un impacto psicológico fuerte. Entonces tienen que estar preparadas y eventualmente deben crearse equipos psicológicos que apoyen a esas profesionales. Y por supuesto que no es solo un problema jurídico. Si no creamos cuerpos interdisciplinarios que acompañen a la mujer, va a pasar exactamente lo que pasó hace unas semanas con la señora que había hecho varias denuncias, que fue apuñalada y que ahora parece que la culpa es de ella.

El femicidio de Débora Natalí Díaz a manos de su ex pareja, el 21 de febrero, en Pilar.

–Esto es que la fiscal que estaba llevando el caso (n.de la r.: se refiere a Carolina Carballido Calatayud, titular de una fiscalía especializada en género que sin embargo criminaliza a las mujeres, situación que Las/12 reveló en informes especiales) no entiende lo que es la violencia de género ni lo que es el círculo de la violencia; no sabe de la situación de captación que sufre la mujer. Muchas veces, por una toma de conciencia de que su vida está en riesgo o por un ataque a sus hijos, la mujer se anima a denunciar. Pero si después no se la acompaña, si no se calcula el riesgo, es como si nada. Puedo decir “la señora no avisó”, pero es que ya avisó una vez, ¡y lo que cuesta que haya avisado una vez! El alerta lo tiene que tomar el Estado y a partir de ese momento se tiene que hacer cargo de cuidarlos a ella y a sus hijos, ninguna responsabilidad puede recaer sobre la mujer, porque si no pasan estas cosas.

¿Los femicidios también son consecuencia de la burocratización de un sistema que responsabiliza a las mujeres?

– Hay dos problemas. Por un lado, esta problemática requiere capacitación y sensibilización. No es cuestión de poder recitar de memoria un grupo de normas; tengo que tomar real conciencia, y vaya a saber por qué no se toma conciencia. Quisiera ver cuántos maridos que forman parte de la policía o que son jueces, no son violentos en el hogar. Cuántos no han vivido la violencia de niños. Hay que destruir construcciones integradas a la cultura de nuestro país, y es muy complicado, porque a veces admitir esto es admitir que también fui víctima, que mi papá me pegaba. Creo que al día de hoy muchos jueces, juezas y fiscales siguen pensando que la mujer exagera, que no es para tanto, que no la van a matar. En el fondo debe jugar el tema de haber vivido o conocido, o haber estado en una situación de violencia que no llegó a consecuencias mayores. Y por otro lado, sinceramente tenemos que sentarnos y reflexionar, porque tampoco es bueno caer en el otro extremo. Me refiero a que muchas veces, cuando se usa el derecho penal, que no suele ser muy útil para este tipo de problemas pero lo usamos porque por el momento y en situaciones graves no tenemos otro remedio, se pasa de un extremo al otro. Entonces los jueces que antes no le hacían caso a la mujer ahora han decidido que es políticamente correcto hacerle caso y, por ejemplo, nunca dan una suspensión de juicio a prueba, que es una solución alternativa que quizá no convenga en el noventa por ciento de los casos, pero sí en un diez por ciento. Es un problema gravísimo, no podemos ir del no absoluto al sí absoluto ni viceversa.

¿En qué casos cree que deberían aplicarse esas medidas alternativas?

–Ahora tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, salvo algunos jueces que revisan, una resolución del Máximo tribunal que dice que todo lo que sea violencia contra la mujer, cualquier cosa, no puede recibir la posibilidad de una medida alternativa. Y esto no es bueno tampoco. No digo que esté bien, pero no es lo mismo que un señor le toque la cola a una señorita en un colectivo que un marido le pegue una trompada a su mujer. No es que uno no merezca pena y el otro sí; a lo mejor el primero puede admitir una solución alternativa que implique que el señor haga un curso que le enseñen a respetar, que le enseñen derechos. En cambio con el de la trompada hay que hacer un estudio mucho más profundo y ver realmente la gravedad del riesgo, y asumir que no es lo mismo lo que pasa en el medio público que lo que ocurre en el medio privado, que suele no tener testigos. El grado de desprotección es mucho mayor. Y que no es lo mismo lo que le hago a una desconocida, que también está mal, pero esto sí admite una solución convencional, que la agresión a una persona que está prácticamente bajo mi dominio. Pero en todos estos problemas hay que trabajar, y no buscar soluciones estereotipadas.

En el informe anual que presentó ayer se recomienda que se eviten los encuentros o acuerdos entre las partes en los procesos de violencia.

–Desde ya que no estoy a favor de la mediación, no hablo de enfrentar a víctima con victimario, porque es aplicar el mismo criterio que aplicó la fiscal (Carballido Calatayud). Es creer que una víctima de violencia de género está en condiciones de defenderse. Va a estarlo cuando logremos empoderarla, después de un largo proceso. Lo vemos desde afuera: en principio la señora está enamorada del agresor, porque si no estos problemas no existirían. Si a una el jefe le pega una cachetada, reacciona de otra manera. El círculo de la violencia explica cómo hay toda una etapa de enamoramiento y cómo una persona con una conformación psicológica especial va acumulando violencia. Y cómo llega un momento en que la mujer empieza a tolerar eso porque lo quiere y ya va a cambiar, y tolera un poco más, hasta que él tiene una reacción realmente violenta. Los que trabajamos hace tiempo en el tema hemos visto a la señora internada en el sanatorio con un brazo y una pierna fracturada, y en la repisa un enorme ramos de rosas. “Es una reacción producto del desmedido amor que siento por vos. Hablemos, todo se puede reconstruir”, dice él. Y surge otra etapa de enamoramiento y seducción, hasta que comienza de nuevo el proceso. Por eso es tan difícil de desarmar. Lo que hay que entender es que la mujer está enamorada y el hombre está enamorado de un objeto que posee. Entonces hay que trabajarlo de una manera más profunda, no con un simple curso de recitado de leyes.

Y en la necesidad de articular asistencia judicial con otras políticas sociales.

–La Justicia no puede todo, sólo puede intentar apartar a ese hombre de esa mujer, garantizarle alimentos, pero no puede dar refugios, no puede ofrecerle a la mujer alternativas laborales ni tratamiento psicológico. Claro que otras regiones se encuentran peor, estamos hablando de nada. No conozco que haya un sistema como el nuestro en la provincia de Buenos Aires, donde el problema es grave. Existe atención de organizaciones no gubernamentales (Ong´s) comprometidas y de algunos colegios de abogados, pero todo eso hay que fortificarlo porque no alcanza. Si en la Ciudad de Buenos Aires, donde también funciona el patrocinio jurídico de la Facultad de Derecho, de la Asociación de Abogados y del Colegio de Abogados no alcanza, imagínese en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué sucede con el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas en el resto del país?

–No ha variado nada; la Ley se supone que era para eso, pero una ley tiene que tener fondos. Primero nos ofrecimos para seleccionar a los abogados y abogadas, luego para capacitarlos y armar patrocinios jurídicos gratuitos en todo el país porque la ley se lo otorga, es derecho de la mujer y tiene que reclamarlo. Pero no está previsto ni organizado.

Y las mujeres quedan a merced de dispositivos judiciales que no son efectivos ni respetuosos de su autonomía, y no evalúan riesgos.

–¡Pero por eso debe estar acompañada por una abogada o un abogado! Es la gran diferencia entre la mujer que va a buscar ayuda en solitario y la que va con alguien que entiende lo que tiene que pedir y cómo lo tiene que pedir. A la mujer sola le cuesta mucho reclamar sus derechos y no sabe ni adónde tiene que ir. Lo importante es asumir la gravedad del problema. Es escandaloso lo que ocurrió con la mujer apuñalada por su ex (Débora Natalí Díaz). Lo venimos advirtiendo hace rato, sí hizo denuncias varias veces, sí avisó. Y tendría que haber otro sistema que pudiera evaluar. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte evalúa el riesgo, y eso es central. Porque si se tiene un riesgo alto, y estoy segura de que un equipo interdisciplinario serio lo puede detectar, se van a tomar medidas mucho más severas que si el riesgo es mínimo.

Del informe surge que en nueve de cada diez casos las mujeres ya habían hecho la denuncia en la OVD y habían obtenido alguna medida de protección, pero en más de la mitad de los casos (53 %) fue necesario requerir nuevas medidas y en su mayoría fueron concedidas (94 %). ¿Esto abre una discusión sobre la brevedad de las medidas de protección?

–No deberían ser breves. Es que todo debería ser mucho más armónico y ordenado.

¿Y por qué no pueden armonizar?

–Porque lo que me parece que falta es una política pública coordinada bien dirigida y que sepa cuál es el objetivo. Supongamos que la mujer hace la denuncia. En muchos lugares el fiscal no tiene más alternativa que avisarle a la policía y ya, y a lo mejor esa no es la mejor solución. Sí debe tener esa solución para la protección perimetral, pero también tiene que poder colocarle al hombre una pulsera que avise. Y de asumir que ese grupo familiar corre un riesgo tan alto que no hay que decirle al denunciado que no se acerque, porque esto no se cumple nunca, sino tener la posibilidad de trasladar a la mujer y además discriminar cuándo la amenaza es tan seria como para que deban tomarse medidas más severas y cuándo es una amenaza que puede controlarse por medios simples. Pero acá llegamos cuando la persona se murió. No puede ser que no podamos evitarlo.

El problema es grave.

–Sin embargo estamos mucho mejor respecto de otros lugares como España, donde pasa lo mismo, o países de Latinoamérica donde ni siquiera están en la etapa de actuación, recién van por la concientización y formación judicial. Argentina avanzó muchísimo. En los noventa, la doctora Carmen Argibay venía de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, fundó aquí la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y consiguió un préstamo del BID para hacer el programa “Hacia una jurisprudencia de igualdad”. Entonces nadie tenía la menor idea del tema. La doctora Elena Highton también avanzó con la OVD y hay muchas réplicas en las cortes provinciales, pero todavía falta que todos los que son de manera directa o indirecta responsables se sienten y diseñen una política única y uniforme en todo el país, y estén dispuestos a invertir el dinero que sea necesario para que esa política se pueda cumplimentar.

La violencia de género no parece formar parte de una agenda política de la inseguridad.

–Es responsabilidad de todas. Las que estamos en cargos importantes y las que integran el movimiento de mujeres tenemos que reclamar. Hay que insistir en la campaña #NiUnaMenos. Cada vez que ocurra lo que pasó con esa mujer acuchillada, tienen que estar las plazas de todo el país llenas de mujeres diciendo “Estado, cuídenos”.

Legisladoras de diferentes sectores políticos y algunas feministas plantean que si Mauricio Macri declaró la emergencia en seguridad a través de un decreto de necesidad y urgencia, disponga otro de emergencia nacional por violencia de género.

–No me gustan las urgencias. Lo importante ahora es que se sienten todas y todos los responsables y diseñen un plan que mantengan más allá del gobierno de turno. A veinte años, sensato, que logre efectos reales y tenga muchas aristas, por ejemplo en educación. Hay que trabajar en la escuela primaria con niñas y niños, enseñarles a repudiar la violencia. Si desde pequeños entienden que culturalmente es mala, cuando en el hogar vean violencia de su padre hacia su madre o sean ellos víctimas, van a pedir ayuda. Que el castigo físico sea inaceptable. Que en los hospitales sea un alerta cuando vean a mujeres, niñas o niños que llegan pidiendo ayuda, diciendo “me caí en el baño”, y claramente no es producto de un accidente. Pero para eso tiene que haber un grupo preparado que reaccione.

¿Sigue vigente un modelo estandarizado de atención?

–Diría un modelo antiguo. En violencia intrafamiliar, sea de género o contra niños, niñas y adolescentes, no se puede aplicar el modelo antiguo. Primero, nuestro modelo ya es antiguo para todo. No puedo usar el mismo criterio que cuando un individuo roba una moto en la calle. Si aplico los mismos parámetros, los resultados van a ser un fracaso.

Y en un promedio elevado las causas por violencia de género se archivan.

–Sí, pero la causa pudo haber sido archivada porque la mujer no mantuvo la denuncia. A lo mejor tuvo un brote de valentía, fue a denunciar, nadie la acompañó y al citarla no fue, o la citación la tomó el marido y le dijo “y esto qué es”. Cuando la persona va a hacer una denuncia sola a la comisaría o adonde sea, sería bueno derivarla a la OVD para obtener un análisis de riesgo y para que la denuncia esté acompañada por un organismo que pertenece a la Corte. En realidad el problema siempre es, tanto en violencia contra la mujer como en apremios contra un preso, que no tienen testigos. Si se sigue utilizando el viejo modelo, los dichos de uno contra el otro anulan la investigación; le estamos exigiendo a la mujer que siga soportando la violencia hasta que vuelva con estigmas físicos. Cuando yo trabajaba en un juzgado de Instrucción ésa era la enseñanza para las violaciones. Si una mujer decía que la habían violado amenazándola con un cuchillo, hasta que no volvía golpeada no le creía nadie. Y la duda siempre favorece al acusado, por eso digo que hay que utilizar estándares más modernos. No podemos trabajar igual que hace cuarenta años en nada, pero en estos temas menos.

¿La Justicia penal siempre llega tarde?

–Sí. Hay otros mecanismos que tienen que llegar antes para evitar que se produzcan efectos no deseados. Qué me importa que condenen a perpetua al que apuñaló a su pareja si ya la mató y lo hizo delante de sus hijos. Lo importante es la prevención, suprimir las etapas más tempranas. Después es fácil porque ese hombre va a recibir toda la dureza de la Justicia penal. Pero esos hijos van a saber que su madre está muerta y su padre es un asesino que está preso y no lo van a ver más. Esto es lo que hay que tratar de evitar.

El informe destaca la importancia de avanzar en materia de registro, sistematización y difusión de datos sobre violencia de género.

–La Corte Suprema ya tiene un registro de casos de muertes violentas de mujeres, y entiendo que está intentando crear un registro de lesiones. Pero es muy difícil porque el trabajo es inmenso. Igual es valioso tener un registro de femicidios. Hasta ahora se usaba uno hecho por una Ong –La Casa del Encuentro- que lo sacaba de los medios de comunicación, y esto no es serio. A su vez sería auspicioso que cada una de las cortes provinciales elaboraran registros. Para enfocar un problema es necesario contar con datos que nos revelen la realidad. No es la solución definitiva, pero se avanza.

También se sugiere la necesidad de contar con juzgados de Familia de turno las 24 horas, que puedan intervenir en casos urgentes.

–A esta altura del problema, empezaría a pensar en la creación de juzgados especializados en temática de violencia intrafamiliar, porque quizá es más fácil seleccionar un número de juzgados que cuenten con un equipo interdisciplinario, desde la mesa de entradas hasta la jueza o el juez, con una formación profunda en el tema. No sé si eso no es más útil que el juzgado de turno. La OVD funciona las 24 horas, quiere decir que la denuncia pudo haberse tomado. Es cierto que habría que esperar hasta la mañana siguiente, pero si funcionan refugios como debería haber, la persona puede permanecer ahí hasta que efectúe la denuncia.

¿Cuántos refugios funcionan en la Ciudad de Buenos Aires?

–No sé cuantos hay porque no pertenezco a la Ciudad de Buenos Aires. Puedo decir que seguro no son suficientes y además muchas veces el problema es que tienen demasiados requisitos. Por ejemplo, dejan entrar con hijos pero hasta cierta edad. Creo que todavía falta trabajar más el tema de los refugios y tal vez haya que poner en crisis la idea del refugio como algo necesariamente provisorio, por unas pocas horas. Por qué no pensar en la posibilidad de que existan pequeños departamentos que no tengan la precariedad del refugio y donde la víctima pueda permanecer por un tiempo prolongado.

Proponer un cambio de paradigma.

–Hasta en el concepto. ¿Por qué refugio? ¿Por qué tengo que refugiarme, salir corriendo de mi casa, abandonar mis cosas? El Estado tendría que proveer de un lugar para habitarlo dignamente, que esté cerca del trabajo, del colegio de los chicos. Hay que pensarlo con criterio práctico: muchas de estas cosas que parecen tonterías son las que hacen que la mujer soporte la violencia.

¿Se plantearon estos temas en las reuniones que mantuvo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano?

–Aún no. Uno de los puntos relevantes de esos encuentros son las reformas que tienen que ver con cuestiones urgentes de la ley de implementación del Código Procesal Penal. Pero estamos en contacto con la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, que es la encargada del tema y una persona comprometida a seguir trabajando en esta línea. (n.de la r.: Rodríguez estaba al frente de la Oficina de Acceso a la Justicia de la Fiscalía General de la Ciudad cuando el titular era Garavano.) Pero esto no es sólo Ministerio de Justicia ni Poder Judicial, porque desde esa perspectiva también se minimiza la gravedad del problema. Hay que encararlo como una política pública de Estado al más alto nivel, en la que intervengan todas las áreas con tengan incumbencia en el tema. Si no, lo que hace Justicia sirve de poco.

Para eso es preciso empezar a construir una pedagogía de la sensibilidad que desarme la pedagogía de la crueldad contra las mujeres.

–No estamos maravillosamente bien, pero estamos mejor. Que un problema exista, se vea y se discuta es importante. Que hayan muchas más oficinas de patrocinio jurídico gratuito, pero que no baje el nivel de movilización de las mujeres reclamando los derechos de todas. Es algo fundamental. En la Corte Suprema de Justicia va a quedar una sola mujer. Seguimos con la misma foto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así no se puede, el mensaje se da de otra manera. Aún falta, por eso es tan valioso el impacto de las mujeres reclamando por los derechos de todxs y construyendo sus propias estrategias de poder.