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Dicen el Panorama Laboral 2003 de la OIT y el Indec que cerca de la mitad de la población económicamente activa y efectivamente inserta en el circuito de trabajo formal (el 40%) recibe el 62% del salario que le corresponde: las mujeres. Son ellas, además, quienes a pesar de tener una participación creciente en el mercado laboral conforman el 67% del padrón de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, en cuyos planes de capacitación, por otra parte, no son contempladas más que en función de tareas tradicionalmente consideradas “femeninas”. Queda claro, a esta altura, que la ecuación igual trabajo-menos dinero, sumada a menores oportunidades para acceder a lugares de poder, y a una legislación laboral que contempla a la mujer como única responsable de sostener al grupo familiar en los avatares cotidianos (por qué, si no, existe solamente la licencia por maternidad), puede ser englobado bajo un nombre sencillo: desigualdad de género, o, si lo prefieren, discriminación. Esa es la situación a la que se enfrenta la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres, dependiente del Ministerio de Trabajo, un lugar de encuentro desde el que sindicalistas, empresarias y representantes del Estado se proponen –mediante mesas de concertación y acciones conjuntas con legisladoras– lograr que la perspectiva de género se convierta, de manera efectiva y aplicada a casos puntuales, en una base para políticas y acciones públicas relacionadas con el mundo del trabajo: igualdad de trato y oportunidades, promoción de las responsabilidades familiares compartidas –de acuerdo al convenio 156 de la OIT ratificado por la Argentina–, erradicación de la violencia de género –y su cara más visible en el trabajo: el acoso– y eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es precisamente para avanzar sobre este terreno que el miércoles próximo las tres centrales sindicales (CGT –encabezada por Hugo Moyano–, CGTRA –encabezada por Rodolfo Daer– y CTA –encabezada por Víctor De Gennaro–), una central empresarial (la Confederación General Industrial) y la presidenta de la Comisión, Olga Hammar –asistente social, periodista, luchadora por los derechos económicos de las mujeres, fundadora, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana de Mujeres–, firmarán una declaración que, confían, servirá de antecedente a un acta de compromiso. Aun cuando no coincida exactamente con la fecha, se tratará, por otra parte, de un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer –entendido como reivindicación de una lucha y no como homenaje con bombones– en el que se espera, también, la asistencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como demostración de su voluntad de habilitar recursos y apoyo a las iniciativas de la Comisión.
Olga de Hammar: –Aspiramos a que una futura acta de compromiso trabaje sobre el tema de igualdad de salarios, por supuesto, una vieja exigencia. Porque sabés que eso no se cumple no sólo en la Argentina, sino en ningún país del mundo. entonces, uno de los puntos será igualdad de salario por un trabajo de igual valor; otro, la participación de mujeres en lugares de decisión.
Zunilda Valenziano (CGTRA): –La protección de la maternidad, la violencia laboral y la inequidad salarial son pilares de esa declaración futura. Aunque están las leyes que dicen que por igual trabajo, igual salario, sabemos que la brecha del 62% entre hombres y mujeres existe en el país. Lo que queremos tener es un diagnóstico por rama de actividad, algo que nunca se hizo en el país: categorías y funciones de mujeres y hombres, y una comparativa. En base a ese diagnóstico, ver también la capacitación, la jerarquización y el acceso a los distintos puestos. Es una carencia en el país, no tenemos datos precisos de las trabajadoras según sus actividades. Por otra parte, hablando del cupo sindical femenino (N. de R.: la ley 25.674, reglamentada en 2003), es importante recordar que se necesitan más mujeres con poder de decisión en todos lados, y en las organizaciones sindicales más, para que puedan representar y defender las necesidades de las mujeres trabajadoras, que son distintas a las de los hombres. No es que ellos las ignoren o desconozcan, pero siempre prefieren ocuparse de la macro-política. Esta, en cambio, es la realidad, y nosotras lo vemos. En lo cotidiano, vemos todos los problemas que tenemos las mujeres: la doble jornada, que sigue existiendo; la triple jornada, si sos sindicalista; y la cuarta jornada, si se te ocurre dedicarte a otra cosa. Por eso hablamos de responsabilidades familiares compartidas, en las que no entra solamente la protección de la maternidad como tal, sino una nueva concepción de lo que es la maternidad: ¿es un bien público o es un bien privado?, ¿a quién afecta?, ¿a las mujeres nada más? Eso, además, implica el tema de los jardines maternales.
Miriam Cáceres Quijano (CGT): –Las disidencias entre nosotras como sindicalistas de diferentes centrales no pasan por los conceptos fundamentales. Por el contrario, creo que la cuestión de género nos ha unificado. No hay disidencias: la violencia laboral existe en el ámbito público y en el ámbito privado, es un tema muy poco tratado y estudiado. Respecto al cupo sindical, nosotras, las trabajadoras sindicalizadas, hemos luchado mucho tiempo por este tema. Y creo que nosotras mismas tenemos que ser las garantes de que ese cupo esté ocupado por compañeras trabajadoras formadas y capacitadas, y, fundamentalmente, que ellas también tengan la perspectiva de género que no todas las trabajadoras sindicalistas suelen tener, aun siendo mujeres. Entonces, es importante que el ministerio como ente, digamos, regulador, propicie y facilite las circunstancias para que esta formación de dirigentes se efectúe realmente: hay un programa que se lanzó el año pasado y que debe ponerse en práctica. Para eso, hacen falta recursos.
Z. V.: –Claro que los recursos dependen de una decisión política, que es fundamental.
“Contemplar la asignación de recursos específicos” es uno de los puntos que la resolución ministerial 656 (promulgada en septiembre de 2002, durante la gestión de Graciela Camaño) dispone a la hora de definir qué se entiende como “perspectiva de género” a los fines de lograr otro tipo de políticas públicas, al menos en lo laboral. Sólo a partir de esa disponibilidad de fondos, se comprende, será posible “la remoción de barreras que impidan el pleno acceso de las mujeres” a acciones, programas, proyectos y medidas, la “promoción del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación” en las instituciones vinculadas a lo laboral, la implementación de la discriminación positiva como recurso válido para remediar una situación que –de entrada, fácticamente– se muestra despareja. Teniendo en cuenta que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer cuenta con rango constitucional y que un decreto determina que “los organismos de la administración pública nacional deberían adoptar (...) las medidas” necesarias para la aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres desde 1998, cabe preguntarse qué habrá pasado con los fondos que se debían haber destinado a la comisión durante los últimos cinco años. (Curiosamente, y a pesar de las disposiciones dictadas por el propio Estado, el Ministerio de Trabajo es el único que aplica la transversalidad de la perspectiva de género). Por lo pronto, hay planes en un futuro inmediato: a partir de este mes, comenzará la formación de cuadros sindicales en Mendoza.
Mónica Nandín (CGI): –A pesar de que la realidad de las compañeras sindicalistas es distinta a la de las empresarias, me gustaría destacar que estamos armando un espacio de confluencia entre mujeres de distintos sectores. El sector empresario, al que represento, tiene una realidad distinta, porque la mujer empresaria a veces forma parte de una empresa familiar. Entonces, traen esa cultura impuesta desde las empresas: hay que desandar un camino muy grande, estamos hablando de problemas culturales. A la mujer, después de la experiencia de los años menemistas, le cuesta mucho reinsertarse en las gremiales empresarias, porque, además, suele reproducir un modelo de liderazgo masculino, y cuando lo perfecciona, lo potencia para mal. Nos cuesta mucho porque venimos con todos los vicios de la metodología previa, que es fundamentalmente masculina. Sin embargo, desde las mujeres empresarias hay una disposición más consciente: ninguna empresaria desconoce la realidad de que existen estas diferencias con la contratación de mujeres. Eso no se puede negar, pero a los hombres empresarios les cuesta aceptarlo.
O. H.: –Podríamos sintetizar que el machismo sigue vivito y coleando.
M. D.: –El problema es que las mujeres, cuando no están realmente comprometidas, juegan en contra. Muchas veces lo hablamos en las reuniones, pensando en las legisladoras que llegan a las cámaras impulsadas y ayudadas por el trabajo y la militancia de muchas mujeres, pero cuando llegan a la banca se olvidaron de la temática de género. El trabajo que nos queda por delante es muy fuerte. El acta de compromiso es nuestra aspiración de máxima. Tal vez, el sector empresario se resista un poco más por algunas cosas que le pueden imponer un costo más alto, porque de la boca para afuera es fácil decir un discurso, pero el asunto es cómo se concretan las cosas en la práctica.
–¿Para avanzar sobre estas metas están articulando pasos con legisladoras?
M. C. Q.: –Hemos tenido ya la experiencia con la ley de cupo sindical y otros proyectos que presentamos a través de algunas legisladoras. Ahora, estamos empezando a trabajar con responsabilidades familiares compartidas y acoso laboral, fundamentalmente. En Corrientes, de donde yo soy secretaria general, se hizo un encuentro de mujeres trabajadoras, empresariado y gobierno provincial en el que se sensibilizó sobre la violencia familiar. Y uno de los sindicatos de la provincia, UPCN, está trabajando en la presentación de un proyecto sobre violencia laboral para llevar a la Legislatura provincial. Ante todo, creo que es importante hacer notar que la temática de género es unificadora.
O. H.: –Es como que recién estamos empezando. Desde fines del año pasado, nosotras estamos saliendo al interior. Desde noviembre, ya hicimos dos encuentros, y tenemos en vistas ir a otras provincias.
Z. V.: –En definitiva, la comisión tiene que ser una herramienta para las mujeres de todo el país. Los planes de capacitación de beneficiarios para Jefas y Jefes, lo hablábamos el otro día, no contemplan que las mujeres puedan capacitarse en el sector de la construcción, por ejemplo. Pero también deben ser capacitadas en esa rama, porque es uno de los sectores a los que se está apostando en este momento. Puede haber excelentes mujeres electricistas, plomeras, azulejistas...
O. H.: –Con respecto a lo económico, además, tenemos programada y aceptada una serie de entrevistas que van a funcionar como taller con, por ejemplo, la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli. Lo que queremos, tanto para el sector empresarial como para el sector sindical, es mucha fortaleza en el manejo económico. Porque la economía es una herramienta muy importante para poder instalar a las compañeras en espacios de decisión y de poder. Tradicionalmente, las mujeres hemos dejado el manejo de la economía, sobre todo en macroeconomía, se lo hemos dejado a los hombres. Y es decisión nuestra meternos en este tema, dominar ese tema y tener, por qué no, una compañera ministra de Economía, así como aspiramos a tener compañeras secretarias generales de los sindicatos a nivel nacional.