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Por María José Lubertino*)

El Congreso de la Nación sancionó en 2002 la Ley 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud, después de muchos años de lucha del movimiento de mujeres. Los objetivos del Programa son alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminaciones, coacciones o violencia, disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los y las adolescentes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih-sida y de patologías genitales y mamarias, y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.
En 2003 presenté como Diputada Nacional un Proyecto de Ley para la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual, en la convicción de que éste es un derecho humano básico de todas las personas y una necesidad imprescindible en nuestro país.
Como docente, como madre, como experta en temas de género, a lo largo de estas más de dos décadas de democracia he compartido ámbitos en los cuales mujeres de distintos niveles socio-económicos manifestaban su desinformación o la de sus hijas e hijos en estas materias, y fundamentalmente relataban las consecuencias desastrosas de esa falta de información. Sin embargo, también durante estos 20 años de democracia, cada vez que en algún ámbito político se visibilizaba la intención de avanzar en estos temas, se levantaban voces contrarias.
El aumento en los últimos años de los embarazos adolescentes, la disminución de la edad a la que se tiene la primera relación sexual, la escasa protección con la que chicos y chicas las encaran, con el consabido riesgo, la violencia contra las mujeres, ya sea los abusos sexuales contra las niñas, la aceleración del contagio del vih-sida entre mujeres cada vez más jóvenes, las internaciones y las muertes provocadas por abortos clandestinos, son problemas de salud y problemas sociales. A esto deberíamos agregar temas que, como la discriminación por razón de orientación sexual y la identidad de género, sólo pueden ser abordados removiendo el desconocimiento, el prejuicio y la ignorancia.
El Instituto Social y Político de la Mujer, desde hace 17 años, viene abogando por los derechos sexuales y reproductivos. La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, a través de sus áreas de Juventud y la de Diversidad Sexual, desde 1997 ha trabajado en el mismo sentido. Hemos acompañando el reclamo del movimiento de mujeres –expresado a través de los 19 Encuentros Nacionales– para que efectivamente haya educación sexual en todos los establecimientos educativos, en todas las provincias, conscientes de que es absolutamente inexistente en algunas y en otras los contenidos son inadecuados o no se ha universalizado la prestación.
Nueve de cada diez estamos apoyando y esperando.

* Candidata a diputada nacional por el partido Espacio Abierto.