Sabe lo que nos dijo el juez? Tráiganos más pruebas.” La frase selló no sólo los labios de las mujeres paradas ante un juez que eligió la negligencia como forma de autismo, sino que vino a firmar con sangre el destino de las mismas que reclamaban. Porque fue esa respuesta la que ayudó a deglutir con saña la vida de dos mujeres. Y en ese mismo saco roto de respuestas judiciales tan suplicadas se dejaron caer los cuerpos vencidos y las conciencias quebradas de Elsa Escobar, de 56 años, y de su hija de 13.

“Nos cansábamos de reclamar y él pedía más pruebas. Nos miraba como si nada. Desde la comodidad de su despacho tuvo el atrevimiento de decirnos ‘vamos a trabajar juntos’. Y no hizo nada”, refiere en un solo temblor Liliana Daloia, amiga de Elsa y vecina de Núñez, ese barrio de clase media apacible que desde la violación y muerte de Lucila Yaconis, en 2003, se redujo a una mueca asombrada por el horror de asistir cada día a una interminable sesión de actos violentos contra mujeres y niñas. “Es la peor metáfora del miedo, porque es el abuso, la violación y la muerte ya no sólo en la calle, como le ocurrió a Lucila, sino en nuestras propias casas, dentro de lo que una supone el territorio más seguro”, lamenta M. D., que la última semana eligió “inicialarse” por prudencia, “por las dudas, porque no duermo y porque creo que esto no terminó. Porque estas cosas son como un cáncer: se te meten en el cuerpo aunque sean invisibles, aunque a vos no te hayan tocado todavía. El tipo ahora está detenido, pero ganó, ¿no? Asesinó a una persona, dejó a toda una comunidad en estado de shock y desamparo, y le destruyó la vida a una adolescente”.

Esta semana, el consejero Beinusz Szmukler solicitó el juicio político de los dos jueces que permitieron que Claudio Alvarez, el acusado del asesinato de Elsa Braco y la violación de su hija, estuviera en libertad. Szmukler hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura contra el juez de ejecución penal Sergio Delgado, que otorgó la salida de prisión antes de finalizar la condena, y contra el juez de instrucción porteño Gabriel Ghirlanda, que pese a una denuncia por violación hecha en agosto último no dispuso el arresto de Alvarez.

Durante el juicio oral y público a Romina Tejerina, su abogada, Mariana Vargas, advirtió que “son muy pocos los abogados defensores que parten de creerle a la víctima de una violación. En general tienden a culpabilizarla”.

A sus 26 años, Sabrina cruza las vías del ferrocarril de Núñez con la sensación de que certezas como las que enuncia Vargas respiran intactas. Principalmente sobre sí. “Porque estos hechos se convirtieron en una especie de crímenes anunciados”, advierte Isabel Yaconis, la madre de Lucila, y refiere que Alvarez había atacado a aquella joven el 2 de agosto, pero la Justicia (Ghirlanda) “prefirió iniciarle una causa por intento de robo”. Acaso porque Sabrina se había defendido, porque había adoptado estrategias de supervivencia durante el calvario transcurrido en el edificio donde vive, porque pidió ayuda al encargado que la veía forcejear con un hombre, porque optó por su escape antes que la vejación frente a sus padres. Se pregunta Sabrina a cuántos despojos debería haberse sometido para lograr convencer al juez del despacho confortable de que la violación es un delito privado, sí, pero de reconocimiento descarnado. Y una vez más, la máquina jurídica dejó en claro (con la moral grosera de costumbre) que vengará la perversión y la violación de las doncellas sólo cuando éstas le eleven sus prendas manchadas de sangre.

En un solo acto se restó credibilidad al relato de una mujer “que tenía cosas para decir”, insiste Isabel Yaconis, y no se privó de mirarla de soslayo cuando la víctima declaró que todos los días vuelve a su casa a la una de la mañana, “pero de trabajar”.

Hasta el sábado último, cuando el cadáver de Elsa Escobar apareció acuchillado y abusado, y el cuerpo de su hija ovillado por el shock, la violación y los puntazos en la espalda, en el PH de 11 de Septiembre al 3500, intentaban defenderse con candados y paranoia a falta de acciones institucionales concretas. “Antes que viole a mi hija me va a tener que matar.” Sandra Calvo, una de las hijas de Elsa, persiste en la lógica de ese hilo conductor: “Mi mamá está muerta para evitarles a muchas otras víctimas que este hombre pueda volver a atacarlas, y mi hermana vivió para condenarlo”. La pérdida de la vida como único manotazo de dignidad.

En las páginas de Mujer y Justicia: el caso argentino, el libro que escribieron Cristina Motta y Marcela Rodríguez, se ratifican los patrones sistemáticos de discriminación. Para las autoras, estos patrones se expresan en “la dificultad de la mujer para acceder a la Justicia”, más aún en los casos de violación. Según las investigadoras, el número de mujeres que apelan una sentencia desfavorable es mínimo por miedo a ser revictimizadas, por temor a procedimientos vejatorios o por faltas de recursos. Isabel Yaconis reconoce algunos signos de esos obstáculos, “porque a la larga me sentí vencida. Si los que tienen que actuar no actúan, qué puedo hacer como simple ciudadana. Elsa tenía que estar viva ¿y qué hacemos con su hija ahora, después que ese tipo la tiró arriba de la madre pensando que estaba muerta?”

“La violencia sexual se revela como una de las formas más terribles de violencia hacia la mujer, por su marca de género y la vulnerabilidad traducida en los hechos cotidianos”, puntualiza la directora general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad, Carmen Storani, y subraya la necesidad de “un análisis más cuidadoso de la violencia sexual”, desde las acciones de prevención hasta la intervención del Poder Judicial. “En el caso de Núñez hubo avisos previos, relatos precisos hechos por mujeres y un Poder Judicial que no escuchó. Frente a los delitos sexuales las mujeres atraviesan una situación de vulnerabilidad, porque también existe una utilización jerárquica del poder hacia ellas.”

En apenas 48 horas, Elsa Schenone, Marta Canillas y Viviam Perrone, de la Asociación Madres del Dolor, volvieron a gastar zapatos en ministerios que ya antes las habían recibido por las muertes de sus hijos. “Le dijimos a(l ministro del Interior) Aníbal Fernández basta de jueces indiferentes. Queremos juicio político para los que liberan asesinos y violadores; es necesario un registro de violadores y que en las fiscalías haya más mujeres que sepan preguntar a las víctimas.” Respira hondo Perrone, al cabo de la charla aún no era noticia el hombre que acababa de asesinar a puñaladas a su mujer de 53 años y a su hija de 16 en Córdoba, pero Viviam había escuchado algo sobre el sujeto que persiguió a su novia en camioneta por las calles de un pueblo de Entre Ríos y la terminó matando a balazos en la puerta de una comisaría. “Me pregunto cómo hacemos para que la sociedad tenga presente la necesidad de no silenciar, de denunciar. Estamos en la búsqueda de justicia, pero también de respuestas, y no es fácil obtenerlas.”