Pudimos comprobar con testimonios fílmicos, tomados en septiembre del 2005, la sustracción de bebés en Santiago del Estero, donde a las madres, por cada bebé que entregan, les van construyendo la casa. El 3 de octubre hicimos una presentación ante la Justicia federal, aunque en noviembre nos informaron que fue rechazado y remitieron las actuaciones al Poder Judicial Ordinario de Santiago”, asegura Julio Ruiz, de la Fundación Adoptar, de Tucumán. Sin embargo, la denuncia es –aun– mucho más grave. “(Antonio) Baseotto estuvo en el Arzobispado de Añatuya, en Santiago del Estero, y tenía conocimiento de todo lo que pasaba. Las madres lo involucran a él en forma directa.” En el mismo sentido, el abogado Luis Santucho, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, apunta contra el ex vicario castrense: “A las embarazadas las llevaban a un lugar que tiene el obispado en Añatuya. Cuando nacía el bebé, traían a la pareja compradora, que en muchos casos venía de Alemania, y hacían acuerdos siempre a través del obispado. Baseotto fue un protegido del juarismo. Pero, como nunca se investigó nada, ahora resulta muy difícil hacerlo”.

“A quienes escandalicen a los niños deberían atarles una piedra de molino al cuello y arrojarlos al mar”, fue la frase de Baseotto –en referencia al ministro de Salud, Ginés González García– que escandalizó al Gobierno y sacó a monseñor Baseotto de su puesto de confesor militar. La polémica le dio a Baseotto más protagonismo y a las denuncias en su contra también. En realidad, ya el 23 de noviembre del 2003, en la columna “El plan criminal a la vista”, publicada en Página/12, Santucho afirmaba: “El ex obispo Baseotto usó la estructura del obispado para el tráfico de bebés”. Un año antes, el 27 de septiembre del 2002, una nota de Alejandra Dandan daba cuenta de una imputación –teñida por el manto de sospecha que parece caer sobre cada santiagueño que haya tenido alguna cuota de poder en el Santiago de los últimos años– sobre tráfico de bebés en el Hospital de Añatuya. En definitiva, las acusaciones sobre mamás y papás a los que les robaban, compraban o incitaban a que entreguen ilegalmente a sus hijos en Añatuya no son nuevas. Pero ahora están reactivadas por los nuevos testimonios recogidos por la Fundación Adoptar y llevadas ante la Justicia, y afirman que el religioso combativo de la educación sexual, la anticoncepción y el aborto estaría implicado. Santucho lo acusa directamente: “Para mí Baseotto es el responsable máximo, la cabeza principal, el jefe, el líder de esta asociación ilícita. En el expediente nunca ha sido citado, pero él tiene conocimiento pleno y se encargaba casi personalmente de establecer los vínculos con las personas que querían adoptar a bebés”.

Trafico (habitual) de chicos

En la Argentina, el tráfico de chicos es una practica común que está lejos de ser desterrada. El martes 13 de diciembre, por ejemplo, en La Plata, una pareja fue detenida, acusada por la venta de una beba de dos días en 6500 pesos. Un caso más, que muestra una red de casos de un país en donde –todavía– las mujeres tienen hijos que no desean y, muchas veces, tampoco pueden criar a los hijos que sí desean. Actualmente, la vinculación entre Baseotto y el tráfico de chicos está muy lejos de poder ser comprobada. Pero, justamente, por la falta de una investigación judicial seria, también está lejos de poder ser desestimada. “Hay una investigación pendiente”, evalúa Alejandra Dandan, la periodista de Página/12 que cubrió la crisis de Santiago del Estero y es autora del libro Los Juárez. “Con lo complicada que es la figura de Baseotto para la sociedad y para la Iglesia, en el marco de una situación política muy compleja como la de Santiago del Estero y con un circuito judicial muy complicado, no se tiene la certeza de que sea verdad, pero sí que es verosímil –apunta–. Hace cuatro años que esta denuncia está dando vueltas y hace acordar al crimen de La Dársena (de Patricia Villalba y Leyla Nazar), donde se hablaba mucho de la vinculación con el poder, pero tampoco había modo de probarlo. Es el sistema el que genera la sospecha.” Por ahora, sospecha es la palabra justa. También desde la Iglesia se sospecha de las sospechas. El sacerdote Domingo Basso, ex rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), consultado por Radio de la Ciudad, desestimó las denuncias por tráfico de chicos que involucran a Baseotto. “Son parte de una campaña contra la Iglesia”, acusó. Para una sentencia judicial, una sospecha es demasiado poco. Pero para un miembro de la Iglesia ser sospechado –incluso socialmente– de fomentar (como mínimo) adopciones ilegales es demasiado grave. ¿Cuál debería ser la postura ética de un representante eclesiástico ante estas denuncias? El periodista Washington Uranga afirma: “Estoy convencido de que hay que recurrir a todos los procedimientos para que la verdad aparezca. Cualquier miembro de la Iglesia que esté implicado en este tipo de acusaciones tiene que presentarse y pedir ser investigado hasta las últimas consecuencias. Así, si son mentira, las denuncias quedarán desechadas. Pero favorecer las investigaciones es una cuestión de transparencia. Los obispos son figuras públicas que tienen que ayudar a llegar a la verdad para tener coherencia con pedir verdad, que es lo que la Iglesia viene planteando en sus últimos documentos”.

La coherencia es otro punto central en donde varios miembros de la Iglesia están jaqueados. “Nos hacemos cruces por las víctimas de los nazis: había segregación racial y se eliminaba a quien no era de raza aria. Y segregar al que no ha nacido, ¿no es un crimen abominable?”, declaró Baseotto, un fundamentalista contra el derecho de las mujeres a abortar. Sin embargo, esta denuncia de la Fundación Adoptar involucra a Baseotto en un delito que vulnera los derechos de las mujeres a ser madres y de sus hijos a ser criados por sus familias o a ser adoptados legalmente. “La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”, según la definición de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, de 1994. En Santiago del Estero los derechos reproductivos no se cumplen. Es una de las pocas provincias que todavía no tiene un programa de salud sexual –para facilitar el reparto gratuito de anticonceptivos que promueve el Ministerio de Salud de la Nación– a pesar de que el 16% de las mujeres santiagueñas de áreas rurales tuvo su primer hijo antes de los 16 años y el 54% antes de los 19 años, según la investigación Salud reproductiva rural en la Argentina.

María Roberta Gerez tiene 32 años y hace 17 fue a tener a su bebé al Hospital de Añatuya. Ahora cuenta en una filmación de la Fundación Adoptar: “Una monja me prometió una casa, pero me dieron sólo un terreno. La vi a mi bebé pero no le pude ni dar la teta. Me gustaría conocerla”. En el campo de los adentros de Santiago, Gladys Castaño relata su historia: “A mi hermana le sacaron su bebé. Nosotros le dijimos que éramos pobres pero que igual podíamos criarlo. Pero le dieron 50 pesos y le dijeron que le iban a dar una casa. Esto pasó hace cinco años y ahora se siguen vendiendo bebés en Añatuya”. En Santiago del Estero no están garantizados los derechos reproductivos de las mujeres, tampoco su derecho a ser madres, ya que son muchas las denuncias por robo de chicos, por cambios de recién nacidos sanos por bebés muertos o por incitaciones para vender a sus bebés. Y ni siquiera está garantizado el derecho de las mujeres que, efectivamente, quieren entregar a otra familia a su hijo y estar amparadas por una adopción legítima y legal.

La psicóloga Aurora Martínez, especialista en adopción, subraya: “Las mujeres que entregan a sus hijos (mayoritariamente pobres) y tildadas de ‘malas madres’ son un sector excluido y silenciado de la sociedad. No tienen voz, ni palabra... pero sí tienen la maravillosa posibilidad de engendrar un niño/a en su cuerpo para otro sector de la población que está esperando adoptar, para lo cual hay un amplio mercado en estos tiempos donde engendrar se ha complejizado. El problema es que carecemos de políticas de protección que den lugar a escuchar su palabra, por lo que estas mujeres no tienen reconocimiento social y sólo interesan como vientre reproductor. Esto da lugar a un mundo miserable de robos, tráfico y no respeto de los registros de adopción, que deriva en que el destino de esos niños sea incierto. Mientras, el Estado no se hace responsable de que, en esta situación, son vulnerados los derechos de los progenitores y de los niños/as”.

¿La Iglesia fue cómplice del robo o la adopción ilegal de chicos? En Santiago del Estero, todavía, no se sabe. Pero el doble discurso eclesiástico ya se convirtió en un lugar común. Sonia Bruno, una docente de inglés de 28 años, quedó embarazada en marzo y pensaba casarse con su novio. El no, y la abandonó. Ella continuó con su embarazo. En el colegio la quisieron echar, a los siete meses de embarazo, por no ser un buen ejemplo. Mario Peralta Luna, párroco de la iglesia Santa Rita y asesor pastoral del colegio, le pidió que se fuera por un tiempo de la institución. “Me dijo que los chicos le preguntaban con asombro por mi embarazo y que debía renunciar. Pensé que iba a recibir apoyo pastoral, algún tipo de reflexión y no una actitud de discriminación”, remarcó. Después de la difusión de sus declaraciones en los diarios, el 22 de noviembre pasado, la maestra se quedó enseñando.

En Argentina hay muchas Sonias. A veces están tan lejos de los medios y tienen tan pocos medios que las otras Sonias no tienen voz, pero sí tienen cuerpos, sí tienen hijos y, sí, tienen derechos.