Fue horrible”, contó Ceferina González –Candela–, una de las pocas mujeres que se atrevió a contar que había sido violada y a trabajar para prevenir otras violaciones. Pero Candela no sólo dijo que fue horrible la violación que sufrió el 9 de abril de 2001, sino también la denuncia por esa violación que hizo en una comisaría bonaerense.

–Te preguntan si lo conocés al violador, si te lo presentaron, y todo el tiempo tenés personal masculino, cuando lo que menos querés es tener una persona del sexo opuesto enfrente tuyo. Vos estás colgada, abierta, y no tienen la más mínima delicadeza de colocarte una manta. Nada. Encima los policías van pasando y te van mirando, se codean. Después te llevan a un hospital público, te vuelven a revisar, y te vuelven a llevar a la comisaría. Y recién ahí te toman la declaración. En todo eso, pasan 8 horas y vos con el shock que tenés todavía no te pudiste bañar ni volver a tu casa.

El relato de Candela revela que la Justicia argentina sigue abusando de las mujeres abusadas: denunciar una violación sigue siendo un proceso tan traumático como el delito denunciado, y por la ineficiencia del Estado es mucho más vejatorio. Todavía no se actualizaron las normas para que las denuncias sean lo menos costosas posibles –una sola declaración judicial, una revisación médica, un manual de preguntas respetuosas, la atención en un lugar privado con personal capacitado para la contención, etc.–, pero, además, la Justicia pone otro peso en las víctimas: pasar por ese costo es indispensable para que se investigue la violación y se persiga al violador.

Por ejemplo, Claudio Alvarez, hoy acusado de violar a una adolescente de 13 años y de asesinar a su mamá –Elsa Escobar– en Núñez, presuntamente, ya había abusado de otra vecina. Pero ese ataque no fue tomado en cuenta judicialmente –aunque un fiscal conocía el episodio– porque la joven no denunció a Alvarez. Actualmente, si la víctima de un abuso sexual no quiere demandar a su agresor –por miedo, por una decisión personal, por vergüenza, por ignorancia, por no pasar por las vejaciones del proceso judicial o porque sí–, el Estado no investiga quién fue el violador, ni tampoco puede actuar para detenerlo. ¿Por qué? Porque las leyes argentinas consideran que, a diferencia de un robo, un asesinato, el tráfico de drogas (o la mayoría de los ilícitos), los abusos sexuales son delitos de acción privada que sólo pueden ser activados si la víctima realiza y mantiene la denuncia.

Una violacion “relativa”

Ante la relevancia mediática de las violaciones en la zona de Núñez, el anuncio de una nueva violación en el comienzo del 2006 causó conmoción en el barrio. Sin embargo, el director de Comunicación de la Policía Federal, Daniel Rodríguez, “relativizó” –según informaron los diarios– la violación porque la victima no realizó la denuncia. “Se presentó una mujer diciendo que en la madrugada había concurrido a un boliche frente a la cancha de River. A la salida, dos hombres que había conocido en el local bailable se ofrecieron a llevarla hasta su casa; pero, en lugar de eso, la violaron y la llevaron a San Isidro. Ella relató la violación y el robo de su cartera, pero no firmó la denuncia”, dijo.

Si siempre la violación está en sospecha (“ella se subió al auto”, “a ella le gustó”, “hay que ver cómo estaba vestida”), la no denuncia también es un prejuicio para juzgar a la víctima por no denunciar. En este sentido, es emblemático el caso de Romina Tejerina (que recién denunció la violación al ser juzgada judicialmente por la muerte de su bebé recién nacido) porque la sociedad jujeña no promueve la defensa de las víctimas de los delitos sexuales –ni siquiera cuentan con anticoncepción de emergencia como en la Ciudad de Buenos Aires–, pero después expone sus prejuicios porque Romina no fue a la policía en el momento de ser violada.

“Hoy, las mujeres no denuncian porque las revisan 50 veces y todo el proceso puede ser casi tan traumático como haber sido violada”, afirma María Elena Barbagelata, ex diputada y autora del proyecto de fiscalías especializadas en violaciones. Lo más ilógico es que el Estado exige la denuncia pero, a la vez, desampara a las denunciantes que, como Candela, decidieron denunciar para que la violación no se siga repitiendo, pero tuvieron que someterse a las vejaciones de la policía y la Justicia. Sin embargo, otras mujeres no pueden afrontar la misma decisión.

“Me daba asco él, me daba asco su olor, me daba asco yo misma. Cuando se levantó, me quedé llorando en el piso con los ojos cerrados. Me pasé el jabón por todo el cuerpo. Y me froté con furia. No se lo podía decir a mi familia. Tampoco hice la denuncia porque no soporto la idea de tener que pasar por las pericias y las declaraciones para que el tipo siga en libertad, que es lo más probable”, contó en 1997 Cecilia a la revista Para Ti. El caso de Cecilia quedó impune, al igual que –al menos– el 80 por ciento de los delitos sexuales (y a pesar de que se registra un alza en la cantidad de denuncias. Por ejemplo, actualmente en la provincia de Buenos Aires hay 100 denuncias por violación mensuales y hace cinco años se registraban 50, según el Ministerio de Justicia bonaerense). Se sabe que de 10 mujeres violadas, sólo 1 o 2 se atreven a pasar la puerta de una fiscalía.

Sólo por dar un ejemplo de la diferencia con otro delito, los familiares de María Marta García Belsunce no denunciaron su homicidio y, sin embargo, la Justicia investiga igualmente el asesinato. ¿Por qué entonces no puede investigar una violación, aunque la víctima no haga la denuncia? ¿No es hora de cambiar la ley? “La violación tiene que ser un delito de acción pública que sea investigado por los fiscales sin obligar a hacer la denuncia a la que no quiere hacerlo –asevera la socióloga Cecilia Lipszyc–, mucho más teniendo en cuenta que, aun cuando en la Ciudad de Buenos Aires hay tres hospitales (Alvarez, Muñiz y Pirovano) que ya están entrenados para recibir casos de abusos sexuales, todavía la denuncia repite el proceso y revictimiza a la mujer violada.” En realidad, la violación es un delito de acción privada no para preservar a la víctima sino por la carga cultural que marca a la mujer con la sospecha y el rechazo. “Esta norma viene de la idea de que la mujer pueda preservar su honra y la de su familia (porque se atacaba la honra del padre si se sabía que su hija había sido violada). De hecho, ahora también sigue existiendo una norma que marca que si el violador se casa con la mujer violada, él queda impune”, recuenta Lipszyc, presidenta de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de Género. La abogada Susana Cisneros también cuestiona esta norma todavía en vigencia. “La ley dice que quien puede proponer el avenimiento es la víctima, a partir de los 16 años, en el marco de una ‘relación afectiva previa’. El juez decide si es oportuno concederlo con el objetivo de ‘armonizar el conflicto’. Es discutible, porque estamos hablando de una mujer que ha sido vulnerada y maltratada, y víctima de una relación abusiva de poder por parte de su victimario.”

Esta venia para los violadores muestra cuántas reformas –enfocadas a la prevención– todavía pueden implementarse en la Argentina. Ejemplos hay: en España, los fiscales ya no necesitan la denuncia de la víctima para investigar una violación. María Elena Barbagelata señala: “No veo que se mantenga la justificación para que los delitos sexuales sean de acción privada en la protección de la víctima, porque no protege nada. Mientras que el interés social de perseguir penalmente un delito de violación es tan o más importante como el de otros delitos”.