Las chicas se presentaron en el despacho del fiscal Marcelo Romero, de La Plata, y declararon haberse fugado del instituto Stella Maris, que funciona en la calle 9 entre 66 y 67, porque “les pegaban mucho”. Eran dos nenas de 12 años que habían escapado hasta la casa de un vecino al que, para que les creyera, le mostraron heridas cortantes de diez centímetros en los brazos y hematomas en los cuellos. Quedaron a disposición del juez de Menores Julio Bardi, a quien relataron que las internas más grandes les habían provocado esos cortes de faca, y que, al quejarse de las agresiones, el personal del instituto “les daba la cabeza contra la pared”. Las autoridades del Stella Maris, según las niñas, solían amenazarlas con que si hablaban serían trasladadas “al lugar donde están los locos”. Durante todo 2005 se replicaron hechos de estas características en institutos del país. Con mayor o menor grado de similitud, los casos de chicos y chicas institucionalizados de la Argentina están signados por un mismo patrón de agresiones y abuso, aun bajo el fantasma tutelar de la ley 10.903, de Patronato de Menores (de 1919), y pese a la sanción (en 2005) de la ley 26.061, de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Precisamente, el primer informe nacional “Privados de libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos con la colaboración de Unicef, revela que 19.579 niñas, niños y jóvenes de todo el país duermen bajo techo de institutos u organizaciones de la sociedad civil en regímenes cerrados, abiertos o semiabiertos. Se trata de chicas y chicos de hasta 21 años que en su gran mayoría (87,1 % del total) se encuentran bajo una medida judicial y/o administrativa debido a una causa “no penal”, es decir de tipo “asistencial” o “de protección”. El porcentaje –que roza el techo de un registro posible– cobra proporción mayor en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones y Santa Fe, donde niñas, niños y adolescentes institucionalizados por causas no penales superan el 90 por ciento.

Son casos notables, como el de Santiago del Estero, que envió un informe completo donde se establece que los motivos más frecuentes por los cuales niñas, niños y adolescentes terminan institucionalizados son causas no penales. Sobre un total de 92 niñas y niños de 0 a 11 años institucionalizados en el hogar de niños de esa provincia se registraron “carencias económicas extremas” (31 por ciento), “familias multiproblemáticas” (21 por ciento), “abandono” (16 por ciento) y “situación de calle” (15 por ciento). El hecho “resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el tiempo de permanencia de niñas y niños en la institución, que en el 60 por ciento de los casos supera los dos años, con algunos casos de más de cuatro años de internación –detalla el informe–. Por otra parte, estos niños no egresan verdaderamente del circuito institucional, sino que “serán trasladados a los hogares de adolescentes cuando tengan la edad correspondiente”.

Lo curioso, en términos generales, es que de esos 19.579 institucionalizados haya 12.962 personas menores de edad sobre quienes los organismos provinciales responsables no pudieron informar el sexo al que pertenecen ni tampoco detallar las causas de institucionalización de unas/os 12.888 internadas/os. Una de las explicaciones posibles responde a que la mayoría de los establecimientos son “mixtos”: el 46,2 por ciento alberga a varones y mujeres, mientras que un 32,6 % de estos sitios interna franjas de 0 a 21 años, un dato que revela la ausencia de respuestas institucionales diferenciadas en razón de la edad de niñas, niños y adolescentes. Son los “sin datos” (S/D) de las agendas públicas, un 66,2 por ciento perdido entre “el gran porcentaje de información faltante. Esto se debe a que –en muchas ocasiones– las jurisdicciones remitían la información por establecimiento y, en los casos en que estos albergaran a una población tanto de mujeres como de varones, no se especificaban las cifras respectivas”.

Las precisiones abundan, en cambio, cuando se hace foco sobre una “tendencia a la preeminencia de los varones, quienes representan el 21,1 por ciento de la población total de personas institucionalizadas, contra un 12,6 por ciento representado por las mujeres”, aun cuando la relación se invierta en algunas provincias, como Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes y Chaco, donde –explica el informe– “hay más mujeres institucionalizadas que varones. Sin embargo, al relacionar estos datos con el tipo de causas por las cuales se encuentran internadas las mujeres, puede apreciarse que las niñas y las jóvenes son institucionalizadas mayormente por causas no penales”. Se trata de 2280 mujeres encerradas por causas no penales, sobre 1895 varones.

El “fenómeno”, como denomina el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, “está determinado por diferentes factores” que se reflejan en la “profundización durante las últimas décadas de la marginación y exclusión social, dificultando a los grupos familiares el acceso de l@s niñ@s a sus derechos”; la ausencia “de políticas públicas” y la intervención “de los organismos estatales del poder administrador y el Poder Judicial –con el amparo en legislaciones de inspiración tutelar– respecto de esos niños, considerándolos objeto”, antes que sujetos de derecho.

Sobre esa invisibilidad grosera, la directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos Humanos, Victoria Martínez, reveló que la cifra real de menores privados de su libertad superaría entre un 25 y un 40 por ciento el total registrado, “porque algunas provincias, como Córdoba, no informaron sobre el número de chicos y chicas institucionalizados por causas asistenciales”, mientras que en otros casos el dato no está registrado, debido a que muchos jueces de menores los derivan a organizaciones civiles sin dar intervención a organismos gubernamentales. “Fue muy dificultoso realizar este estudio porque no existía el dato oficial en las provincias del número de chicos y chicas privados de libertad”, explicó Martínez a este diario la semana última, durante la presentación del informe realizado en 2005. Por caso, quienes estaban a cargo de la investigación debieron soportar una fuerte resistencia de algunos de los llamados “poderes públicos” provinciales para obtener información acerca de la situación de las personas menores de 18 años institucionalizadas, “especialmente cuando se trata de su privación de libertad en aras de una supuesta protección”. Se habla de 757 establecimientos, en su gran mayoría (84,8 por ciento) correspondiente a la categoría no penal, y de la situación grave que eso refleja, “ya que la respuesta institucional prevista para los casos no penales pivotea sobre la privación de libertad –advierte el informe– antes que brindar la restitución de los derechos vulnerados sin afectar el goce de otros derechos”.

Adolescentes y jóvenes van a parar a establecimientos de tipo penal, a excepción de tres instituciones penales que abarcan las edades de 0 a 19 años y de 0 a 21: “dos de ellos constituyen comunidades terapéuticas de la provincia de Entre Ríos y el restante es un centro de recepción, evaluación y ubicación de ‘menores’ en conflicto con la ley penal de la provincia de Buenos Aires”.

La Argentina, a entender de Gladys Acosta Vargas, representante de Unicef, arrastra el sino cultural y social de una necesidad correctiva instalada desde el siglo XIX, “para salvar a los niños y a las mujeres, que también entraban en esta colada de los peligros sociales. Esta concepción se fue trasladando hacia las mismas familias, que suponían no poder proteger a sus hijos, pero en parte también se trataba de una forma de ver las transiciones culturales, y esa mayor libertad de las mujeres era vista como peligrosa, por lo que había que rectificar rápidamente con algún tipo de correctivo. Y aquí se tradujo de alguna manera en este sistema tutelar y la famosa Ley de Patronato”.

EL ESTIGMA DE LA EXCLUSION

Junto con la abogada Gimol Pinto, responsable técnica y oficial de Reforma Legal y Protección a la Infancia de Unicef, Acosta Vargas se encargó de desandar la trama de una investigación que descubrió la grave restricción de derechos, la aplicación selectiva a aquéllos en situación de pobreza y el deterioro irreversible que esto provocó “en el normal desarrollo y evolución de los niños, niñas y adolescentes por el nivel de sufrimiento que conlleva”.

–Las instituciones argentinas responsables por los niños parecen empecinadas en la aplicación del modelo tutelar.

Gladys Acosta Vargas: La sociedad argentina evolucionó de manera notable, pero le quedaron ciertos resquicios que corresponden a una visión decimonónica. A veces las leyes demoran en cambiar y hay ciertas institucionalidades que se quedan estacionadas en ese modelo. Pero creo que la Ley de Protección Integral pone el dedo en la llaga y establece que ningún niño o niña podrán ser privados de su libertad por pobres o excluidos. Y en ese sentido el informe pone luz sobre la transición social.

–Es notoria la falta de un registro que discrimine por sexo los niños y niñas internados.

Gimol Pinto: En realidad da lo mismo si son niños o niñas; tampoco es importante la edad. Alguien sugirió que “los depositan como muebles”, y lo que está detrás de todo esto es la poca sensibilidad para el tratamiento hacia estas personas.

–Las tendencias son claras a la hora de categorizar a esos chicos por internaciones penales o asistenciales.

G.P.: Habría una tendencia a que en las cuestiones penales sean mayoría los varones seleccionados por la agencia penal, mientras que las cuestiones asistenciales se inclinarían por las chicas. El estudio intenta visibilizar las medidas llamadas de internación como privaciones de la libertad efectivas. No haber concebido estas internaciones como medidas coercitivas hizo que mayoritariamente se puedan utilizar como medidas de protección.

–¿Las autoridades provinciales reconocieron alojar niñas, niños y adolescentes en comisarías?

G.P.: Sólo once provincias respondieron, de las cuales Corrientes, Catamarca, Jujuy, La Pampa, Chaco y Santa Fe reconocieron que existen niñas, niños y jóvenes alojados en comisarías, mientras que Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego y Tucumán negaron que en su jurisdicción los hubiera.

–¿Qué carencias institucionales reveló esta investigación?

G.A.V.: Por más que desde Nación se tomen decisiones, si no hay igual consistencia desde las provincias las personas terminarán sin sus derechos respetados. Hay que pasar por toda la trama institucional y ponerla en línea: eso ayuda a pensar que se trata de una tendencia institucional, que se puede cortar si existe una voluntad política fuerte, acompañada por los poderes Legislativo y Judicial.

–¿Qué ocurriría con el engranaje de las organizaciones civiles y los institutos involucrados?

G.A.V.: Habrá que pensar en una reconversión de aquellos que hicieron de este modelo su modus vivendi. En lugar de que sientan que están perdiendo “sus clientes”, que aprendan nuevas formas de inserción para esos niños y niñas. A los derechos de los niños les corresponden las obligaciones de los adultos, y ésa es la lógica que debe pesar.