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El dedo en alto

Ana Rosa Gazzoli tiene 68 años, cinco hijos, veinte nietos, nueve bisnietos y desde hace 25 años cuida a C., su hija menor, que tiene la edad mental de una chica de 4. El cuerpo de Ana Rosa no necesita hablar para contar la palabra sacrificio. Ana Rosa tiene la autoridad que da levantarse y acostarse cuidando a una hija (con oligofrenia, síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsia) que nunca puede ni podrá cuidarse sola, que no se baña, ni come, ni habla, ni sale a la puerta sin la ayuda de su mamá. A Ana Rosa no le van a venir a enseñar de la palabra vida. Por eso, fue ella la que levantó el dedo cuando le fueron a levantar el suyo las militantes de la organización no gubernamental (de médicos católicos) Vitam.

–Nosotras queremos ayudarla –le dijo la activista católica Sonia Cano.

–Ustedes no me ayudan, sino todo lo contrario –contestó Ana Rosa que, con un Cristo cerquita del pecho, puso el cuerpo a la exposición pública –por primera vez en la Argentina– y levantó el dedo para decir que su hija se iba a realizar un aborto cueste lo que cueste. “Me pedían que parara el aborto y hasta me ofrecieron adoptar al niño”, se indignó Ana Rosa.

Sin embargo, y más allá del claro derecho de C. a realizarse el aborto, el ofrecimiento no es caritativo ni necesario. En la Argentina no faltan familias dispuestas a adoptar. En cambio, sí hay religiosos directamente involucrados en el negocio de la venta de bebés. Por eso, sorprende que la embestida antiaborto de los sectores católicos no solamente desconozca las sentencias de la Suprema Corte de Mendoza (como ya lo hizo con el máximo tribunal bonaerense en el caso de L. M. R.) sino que llegue tan lejos con la prédica antiaborto como no lo hace –ni en esbozos– con la defensa al derecho de la maternidad de las mujeres más vulnerables de la Argentina.

La Iglesia se opone al aborto en defensa –según sus palabras– del derecho a la vida. Sin embargo, no se pronuncia sobre las denuncias que involucran directamente a religiosos en el negocio del tráfico de chicos en Santiago del Estero, un delito que afecta, directamente, la vida de los chicos y sus familias. Aunque la Iglesia no alza la voz para defender a las madres obligadas –a veces por la pobreza, a veces por la violencia– a dar o vender a sus hijos, ni investiga o busca esclarecer si hay religiosos que ven en los pobres una máquina de producir hijos. Una máquina que da ganancias.

No al aborto,¿si al negocio?

“La Iglesia participó del negocio en forma directa”, acusa el periodista Aldo Sanagua, desde Añatuya, Santiago del Estero. El 16 de agosto pasado, Aldo se levantó con su casa baleada –en un pueblo en el que nadie bosteza sin que el bostezo haga eco– después de tratar que se exhiba la película Nordeste, de Juan Solanas, sobre la triangulación entre europeos en busca de bebés de las zonas más humildes de la Argentina. “Dejate de joder con el tráfico de chicos”, lo amenazaron. El sigue diciendo: “Es difícil sacar un bebe en Añatuya sin el consentimiento de los curas y menos en la cantidad que lo hicieron. Se calcula que desde hace cuarenta años se han vendido alrededor de 30 mil bebés, según una auditoría al juzgado de Añatuya del 2002. A veces sacaban a los bebés de forma legal y otras de manera ilegal, total, quién va a investigar a los curas con semejante poder que tienen”.

Un dato paradigmático es que uno de los cruzados antiaborto es Antonio Baseotto acusado de estar involucrado en la venta de bebés. ¿Quién defiende a quién? Baseotto, ex obispo de Añatuya, perdió su cargo de vicario castrense cuando expresó que al ministro de Salud, Ginés González García, había que tirarlo al mar por su postura a favor de despenalizar el aborto. ¿Hasta qué punto Baseotto legitimó o participó del delito de privar a las madres pobres del derecho de criar a sus hijos?

“El era el obispo y en Añatuya nada se movía sin la autorización del obispo”, asegura Sanagua. Julio Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, que denunció judicialmente el tráfico de chicos, describe la acusación contra el ex vicario castrense: “Tenemos videos con testimonios de personas que acusan a Baseotto de haber ejercido presión para que se produzca la entrega de bebés”.

El 23 de agosto, la Conferencia Episcopal Argentina declaró en un comunicado: “En estos días se ha reavivado la polémica sobre la despenalización del aborto con motivo de casos muy dolorosos. Lo trágico de estas situaciones no puede hacernos olvidar que podemos asesinar a un inocente”. En esta línea filosófica, ¿los chicos arrancados ilegalmente de su mamá, papá y hermanos biológicos sin el derecho –ni siquiera– a que se resguarde el derecho a su identidad –como marca la ley de adopción– no son inocentes? ¿No merecen pronunciamiento los casos denunciados en Añatuya?

La Iglesia va más allá en su comunicado: “Muchas veces se nos quiere hacer aparecer como retrógrados o fundamentalistas ante el tema del aborto. Se acepta y valora el trabajo de la Iglesia en favor de los pobres, pero se nos descalifica cuando defendemos el derecho a la vida. No sembremos la cultura de la muerte en nuestra sociedad. Por el contrario, sembremos la esperanza y la alegría que provienen del amor de Dios por sus criaturas”.

No todos creen que todo el trabajo de la Iglesia sea a favor de todos los y las pobres. “A pesar de que el 10 de octubre del 2005 le efectuamos una presentación escrita a monseñor (Jorge) Bergoglio, con copia de la denuncia penal que involucraba a miembros de la Iglesia de Añatuya, jamás nos respondieron, ni mantuvieron ningún tipo de contacto con nosotros”, expone el silencio Julio Ruiz. Tampoco Sanagua confía en que la venta de bebés se haya traspapelado de la agenda eclesiástica. El acusa: “La Iglesia argentina fue cómplice de esto porque para sacar la cantidad de chicos que sacan sin que nadie diga nada se necesita una gran estructura y mucha luz verde de los principales poderes religiosos de la Argentina. Por eso, nunca hubo una investigación o una homilía condenando el tráfico de bebés”.

De espaldas al abuso

Nuestra Señora del Camino es el nombre del colegio religioso de Mar del Plata en donde se denunciaron –en octubre del 2002– más de 39 casos de abusos sexuales (aunque sólo 13 llegaron a juicio) de chicos de entre 3 y 4 años. El 28 de marzo de este año la Justicia marplatense absolvió al principal acusado –el profesor Fernando Melo Pacheco– y el caso se convirtió en una causa emblemática de los que luchan contra la impunidad frente a los abusos sexuales. La psicóloga Patricia Gordon, especialista en abuso sexual, fue terapeuta de siete chicos y acusa: “Este fallo es considerado aberrante, porque ignora la voz de los niños y de profesionales idóneos que, basados en pruebas científicas y en un minucioso análisis de los relatos de los niños, llegaron a la conclusión de que el abuso ocurrió”.

¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en lo que sucedía en el colegio religioso? “Los niños no nombraron solamente al profesor, sino también al cura y casi todos los relatos hablan de un fotógrafo del colegio”, detalla la psicóloga. Por eso, ella advierte: “El fallo de Mar del Plata es la antesala del juicio al padre Grassi, otro ejemplo de que el mundo de los poderosos pareciera pretender decirnos que la sexualidad de nuestros niños puede ser violentada impunemente y ser objeto de prácticas perversas”.

El caso Grassi es un ejemplo de la indiferencia de la jerarquía católica ante un proceso polémico y mediático en el que un testigo –Luis Gutiérrez– propuesto para defender al sacerdote terminó contando cómo el cura “lo metió en su cama, lo desnudó, lo puso boca abajo y se montó sobre él jadeante y haciendo movimientos sexuales”, según describió Miguel Jorquera en Página/12.

M. es una de las mamás que denunció el abuso sexual de su hijos en el jardín de infantes Nuestra Señora del Camino y es una de las que –con máscaras, para preservar la identidad de los chicos– decidió manifestarse en la Catedral de Mar del Plata. Pero de espaldas. “Les damos la espalda porque es lo que nos hicieron a nosotros. Desde un primer momento la Iglesia nos dio la espalda, jamás propuso una misa por nuestros hijos”, le contó M. a Las 12. “También el párroco tuvo una actitud distante para con nosotros y nunca quiso contenernos. La Iglesia ni siquiera tomó una posición neutra. Por ejemplo, el obispado de Mar del Plata puso peritos especializados a favor de Melo Pacheco. El ex obispo José María Arancedo nos dio dos reuniones –porque nosotros se las pedimos– en la cual dijo que un abuso no significaba tanto y que él no tenía la autoridad suficiente para separar a los docentes de sus cargos, mientras que el obispo actual, Juan Alberto Puiggari, nos dijo que no estaba al tanto de nuestra situación y nuevamente nos cerró las puertas”.